PICO TRUNCADO.- Una joven embarazada de 38 semanas perdió a su bebé en el hospital público de Pico Truncado luego de no recibir atención médica especializada durante una emergencia obstétrica. El caso, que fue denunciado penalmente por la familia de la paciente, encendió alarmas en el sistema de salud provincial y motivó la intervención del Ministerio de Salud de Santa Cruz, que inició un sumario administrativo para deslindar responsabilidades.

La ministra de Salud, doctora Analía Constantini, confirmó en una entrevista radial con el programa La Otra Gestión de Radio Nuevo Día, que el hospital no contaba con médicos especializados en ginecología al momento del ingreso de la joven, ocurrido durante la madrugada del sábado 3 de mayo. “La paciente ingresó con un desprendimiento prematuro de placenta, un cuadro gravísimo con alta mortalidad. Ante la ausencia del ginecólogo, fue atendida por un cirujano, quien decidió derivarla de inmediato a Caleta Olivia, a 90 kilómetros”, explicó la funcionaria.

Lamentablemente, cuando la paciente llegó al hospital de Caleta Olivia, los profesionales constataron que el bebé ya no tenía signos vitales. “No podemos afirmar si la presencia de un ginecólogo hubiese cambiado el desenlace, pero sí consideramos que la atención no fue la adecuada”, reconoció Constantini. A raíz de esta situación, el Ministerio acompañará la denuncia penal y analizará el accionar de los profesionales que estuvieron de guardia.

Porqué faltan profesionales

Constantini también describió una situación crítica y prolongada en el hospital de Pico Truncado, donde, según señaló, hay 17 médicos especialistas nombrados en planta permanente, que cumplen una modalidad de trabajo irregular. “Trabajan siete días y luego se van a otras provincias, sin permisos válidos ni justificación médica. Esto vulnera la legislación vigente y deja al hospital sin cobertura médica esencial”, denunció.

La ministra indicó que esa modalidad, instaurada hace al menos cuatro años, no solo pone en riesgo la atención de la población, sino también la responsabilidad legal del Estado. “Estos profesionales fueron nombrados por el gobierno anterior y se irán a jubilar por esta provincia, a pesar de no cumplir su jornada de trabajo como corresponde. Es injusto y pone en peligro a toda una comunidad”, agregó.

La gravedad del caso llevó al Ministerio a iniciar una investigación interna para determinar la responsabilidad de quienes actuaron —o se ausentaron— durante la guardia en cuestión. “Vamos a revisar uno por uno a esos 17 profesionales. Si continúan con esta modalidad, deberán ser exonerados. El sistema no puede seguir sosteniendo una situación tan grave e irregular”, advirtió la ministra.

Consultada sobre la posibilidad de perder a todo ese grupo de profesionales en caso de que renuncien, Constantini fue categórica: “Es un riesgo que asumimos, pero no podemos seguir sosteniendo un modelo que deja descubiertas las guardias y expone a la población. Necesitamos médicos comprometidos con su función, no solo con su beneficio personal”.

Finalmente, la ministra expresó su confianza en que, a pesar de la complejidad del panorama, se podrá llegar a una solución: “Sabemos que es muy difícil captar y retener personal médico, especialmente en localidades pequeñas. Pero no podemos resignarnos a que las tragedias sean parte del sistema. Esta situación tiene que marcar un antes y un después en la salud pública de Santa Cruz”.