EL CHALTÉN.- Así lo informó esta mañana Servicios Públicos que consignó además que la comuna afrontará los gastos que demanden los trabajos y "los costos que genere esa alimentación eléctrica".
Un principio de incendio ocurrido hace diez días por la sobre carga en un cable de alta tensión, que dejó sin electricidad al puesto sanitario lindante puso en evidencia la situación irregular en la que viven un centenar de personas que ocupan ilegalmente el hotel La Ladea, propiedad de la familia Kirchner. Luego del incidente y a pesar de las advertencias de Servicios Públicos sobre los riesgos de las conexiones clandestinas, el municipio pidió la instalación de un medidor con cargo al presupuesto comunal.
Ante el malestar de muchos vecinos que consideran que el intendente, Néstor Ticó, está avalando una ocupación ilegal, y la visibilidad pública que alcanzó el hecho, Servicios Públicos emitió un comunicado en el que afirma que la actuación de la empresa fue a pedido del municipio.
El texto del comunicado de SPSE.
El crecimiento demográfico de El Chaltén ha generado una crisis habitacional que se agrava cada temporada alta. Como consecuencia, desde hace dos años, varias familias ocupan un hotel abandonado, realizando conexiones eléctricas clandestinas para abastecerse de energía.
A fines de enero, el Hotel La Aldea fue noticia, ya que la situación se tornó crítica cuando un principio de incendio en el centro sanitario que se encuentra continuo al hotel, alertó sobre los riesgos de estas conexiones ilegales. El recalentamiento de la línea troncal provocó la emergencia, lo que llevó a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) a intervenir de inmediato.
La empresa estatal realizó los controles correspondientes, restableciendo el suministro eléctrico al centro sanitario y cortando las conexiones irregulares del hotel. Sin embargo, esta medida generó reclamos por parte de las familias que residen en el lugar y la intervención del municipio de El Chaltén, que buscó una solución ante la imposibilidad de restituir el servicio en esas condiciones.
En este contexto, el presidente de SPSE, Jorge Avendaño, explicó que el municipio solicitó formalmente la conexión del hotel al suministro eléctrico. "El intendente, a través de personal municipal, requirió la conexión del hotel a SPSE. Desde la empresa se dejaron en claro las reglamentaciones vigentes y las normas de seguridad que debían cumplirse para regularizar la situación", señaló.
Ante esta solicitud, el municipio asumió la responsabilidad de la gestión y pidió un medidor a nombre de la comuna. "Se hizo el alta del medidor y todos los costos que genere esa alimentación eléctrica serán cubiertos por el erario municipal", precisó Avendaño.
En la nota enviada a SPSE, el municipio destacó la problemática habitacional que afecta a El Chaltén y la presencia de niños, niñas y personas electrodependientes entre los ocupantes del hotel. Por ello, se tomó la decisión de garantizar el acceso al servicio eléctrico, priorizando los aspectos sociales y de salud de la comunidad afectada.
Las causas de fondo que aun persisten
La crisis generada a partir de la falta de terrenos para viviendas motivó la proliferación de asentamientos de emergencia, y ocupación de parcelas e instalaciones.
El caso particular del hotel La Aldea, que está judicializado en la causa Los Sauces que investiga lavado de dinero, la ocupación de sus instalaciones comenzó luego de que se paralizaran las obras de ampliación a raíz de la causa judicial.
Luego de ser adquirido por los Kirchner, el hotel estuvo operado por Valle Mitre, la sociedad con la que Lázaro Báez administraba los hoteles de los Kirchner en El Calafate y El Chaltén hasta 2013, y después por IDEA S. A., la sociedad anónima a la que los Kirchner le confiaron la gerencia de los hoteles hasta el 2016, cuando quedaron judicializados, con la sospecha de haber estado involucrados en operatorias de lavado de dinero en las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces.
La temporada 2015-2016 fue la última en que el hotel estuvo abierto al público. Ese año se iniciaron obras de ampliación que quedaron inconclusas hasta 2021, al igual que el resto de los hoteles de los Kirchner. Estuvo bajo una veeduría judicial, que designó y contrató a una persona para que lo habite y cuide la propiedad.