SANTA CRUZ.- Así lo adelantó una fuente gremial, y posteriormente lo confirmó el ministro Gutiérrez. Frente a la decisión de la constructora de "prescindir" de los servicios de 1800 operarios ante la falta de financiamiento proveniente de una adenda que tramita el estado nacional. La Uocra decidió tomar las instalaciones en las obras, y se manifestaron en las rutas cerca de El Calafate y Río Gallegos pidiendo que retrotraigan los despidos y se les continúe abonado el 80 % del sueldo como viene sucediendo desde noviembre último cuando se paralizaron las obras.
Ayer la UTE Represas Patagonia comunicó que "lamenta informar que "Se prescinde momentáneamente de parte del personal vinculado al proyecto. Mantendremos una dotación en las obras con mínima actividad para garantizar su continuidad", afirma.
Informó además que "el Estado Nacional está cumplimentando las condiciones subsecuentes de la enmienda del crédito necesarias para la continuidad de los desembolsos".
“Si la conciliación no sale de Nación, saldrá de la provincia”, advirtió el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, tras recibir a los trabajadores, que acudieron a Casa de Gobierno en busca de apoyo para sostener sus puestos de trabajo.
La Uocra decidió tomar las instalaciones en las obras, y se manifestaron en las rutas cerca de El Calafate y Río Gallegos. Piden que se retrotraigan los despidos y la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo con el pago del 80 % del sueldo como viene sucediendo desde noviembre último cuando se paralizaron las obras.
Gutiérrez explicó, “recibí a UOCRA y estamos trabajando con el ministro de Energía, por expresa directiva del gobernador Claudio Vidal, para llevar tranquilidad a la gente. Realizamos intensas gestiones para que la obra reinicie y se restablezca la normalidad en las represas”.
Afirmó asimismo que una vez que se obtenga el financiamiento dará continuidad a las obras, y prometió no solo "recuperar los puestos de trabajo, y sumar nuevos".
Ahora la provincia podría intervenir a través del Ministerio de Trabajo con el fin de, en principio, preservar los 1800 puestos de trabajo hasta que se resuelva el conflicto generado por la paralización de las obras, la falta de pago de la adenda y los despidos.