SANTA CRUZ.- Los vocales del directorio de la Caja de Servicios Sociales, Beatriz Constantino, y Hugo Jerez, se presentaron como amicus curiae en la causa que tramita el amparo que busca que la obra social provea la medicación a Sol, la nena de 6 años que padece acondroplasia. El pedido de los remedios fue realizado hace un año, y la CSS que en principio había ordenado la compra, posteriormente paralizó el trámite a pedido del gobierno provincial que alegó "razones económica". Los jueces que deben resolver el amparo son, Paula Ludueña; Mauricio Mariani; Reneé Fernández; Alicia de los Ángeles Mercau, y Fernando Basanta.

"Es la mala administración y la falta de real de autarquía que ha tenido por más de treinta años a la obra social intervenida, lo que afecta el patrimonio de la CSS y no la cobertura obligatoria que debe darse sin más espera a Sol", dice la presentación ante el Tribunal Superior que hicieron .Jerez y Constantino, quienes representan a los trabajadores activos y pasivos respectivamente del estado provincial, en el directorio de la obra social de los estatales.

Recuerdan que la decisión de la obra social de rechazar la compra de la mediación, fue adoptada "solamente por la representación legal designada por el Poder Ejecutivo", la abogada del Estado, Romina Mercado, hija de la gobernadora, y por el presidente del directorio, Favio Vázquez, también nombrado por Alicia Kirchner.

Cuestionan duramente los argumentos economicistas esgrimidos por la obra social, y por el gobierno provincial, para rechazar la compra del medicamento, dado "el alto costo" del mismo.

"El cálculo especulativo de la representación legal del PE, cuya relación familiar le impidió dar cuenta de este retaceo de fondos mensuales e ilustrar a la Alzada al respecto, hizo del fallo revocatorio una decisión arbitraria por estar fundado en datos inciertos, conjeturas de la magistratura que no han sido (por impedimento material) ser probadas, ello en contraposición a la urgencia, gravedad y carácter humanitario de la petición a la que daban tratamiento", de la presentación de los vocales ante el TSJ.  

Esa decisión, que no contó con el acompañamiento de quienes suscriben el presente, provocó la promoción de un amparo que fuera procedente en la primera instancia y luego revocada la sentencia en la Alzada, encontrándose en la actualidad sin resolución definitiva

Cuestionan que la CSS haya sopesado la “conveniencia económica” como un valor relevante frente al Derecho Humano de Sol a acceder a la medicación para su tratamiento, el que requiere con urgencia dado que el mismo debe realizarse entre los 2 años y la adolescencia.

Jerez y Constantino apelan a los jueces del Tribunal Superior, fundamentando que la calidad de vida de Sol, "depende de optimizar su acceso a tratamientos y medicación que se encuentran disponibles gracias a la ciencia y que, como dijimos, está lejos de representar “un costo” individual en detrimento de un colectivo", sostienen, en alusión a los argumentos de la auditora de la obra social.

Los jueces que deben resolver el amparo son, Paula Ludueña; Mauricio Mariani; Reneé Fernández; Alicia de los Ángeles Mercau, y Fernando Basanta.

Diversas organizaciones ya se sumaron como amicus curiae en la causa de Sol.

ALAPA fundamenta su presentación en la defensa del derecho a la vida y al acceso a la salud, y pide que se brinde a Sol, «la cobertura integral del medicamento Vorotiside «a los fines de paliar las graves discapacidades que le provoca a la niña la enfermedad poco frecuente que sufre», expresa.

Es la tercera entidad que se constituye como amicus curiae en el amparo que presentó la familia de Sol. La federación de enfermedades poco frecuentes pidió al TSJ que revoque la sentencia que niega la medicación a Sol, «por el impacto que tendrá sobre las 3,5 millones de personas con EPOF»

También la ACONAR, Asociación Civil Acondroplasia Argentina, se constituyó como amicus curiae en la causa.

Por su parte, el Defensor General ante el Tribunal Superior, Raúl Guerrero, se expidió en la causa y consideró que el fallo de la Cámara de Apelaciones que rechazó el amparo presentado por los padres de Sol para que la CSS brinde el tratamiento a su enfermedad, «produce grave afectación a las garantías constitucionales», y manifestó que en «en protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que represento, considero que se debe hacer lugar al Recurso de Casación e Inconstitucionalidad interpuesto», escribió en su dictamen.

El periplo de los padres de Sol, comenzó en abril del año pasado cuando la Caja de Servicios Sociales rechazó el suministro del medicamento a la nena, lo que motivó la presentación de un amparo judicial de parte de la familia.

En mayo los padres de la pequeña lograron un fallo favorable en primera instancia a través del juez Francisco Marinkovic. Sin embargo, esta medida cautelar fue apelada por el gobierno a través de la fiscalía de Estado representada por la abogada Romina Mercado, quien entre otros argumentos sostuvo que la adquisición de la medicación de alto costo, desfinanciaba el sistema de salud y constituía un privilegio en detrimento de los demás afiliados de la Caja de Servicios Sociales.