SANTA CRUZ.- Los auspiciosos datos sobre el rendimiento de la actividad minera en Santa Cruz convertida en la primera provincia exportadora de oro y plata, inyectó una dosis de euforia en el gobierno provincial y a la vez sacan a la luz los desequilibrios que existen en administración de esa renta. El manejo centralizado y discrecional de los fondos por parte del gobierno, es uno de los puntos que genera controversia.

Durante el mes de agosto de 2022 el sector minero realizó exportaciones por USD 250 millones, lo que si bien evidenció una caída interanual del 7%, en los primeros 8 meses de 2022 las exportaciones mineras totalizaron USD 2.475millones, siendo este monto un 26,4% superior al exportado en el mismo periodo del 2021.

Del total exportado por la minería en agosto, el 97% fue producido por 5 provincias: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca. A su vez, la participación acumulada en los primeros 8 meses de 2022 que explican estas provincias fue 97,6%.

La gobernadora, Alicia Kirchner, celebró con un tuit la buena nueva que dio a conocer la Secretaría de Minería de la Nación: "Son hechos concretos alcanzados con un trabajo responsable y sostenido para brindar la seguridad y confiabilidad que necesitan las empresas mineras para crecer en Santa Cruz", afirmó la mandataria.

La pregunta surge inevitable: ¿Cuánto recauda la provincia, y a qué destina el dinero que genera la llamada "renta minera"?

Según el artículo 22 de la Ley N°24196/1993 de Inversiones Mineras, "las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor "boca mina" del mineral extraído.

Santa Cruz estableció en 1.5% el porcentaje que pagan las empresas por extraer el oro y la plata, y otra decenas de minerales de las entrañas de Santa Cruz.

Los números del oro y la plata santacruceños

En el presupuesto 2022 la provincia estimó ingresos por regalías mineras por $ 4.789 millones, un 2,4% del presupuesto provincial.

En 2016, a poco de asumir su primer mandato, la gobernadora Alicia Kirchner acordó con las mineras un aporte por Responsabilidad Social Empresaria, a partir de un Fondo Fiduciario al que las empresas aportarían mensualmente en función de la venta bruta de la totalidad de
los metales producidos en sus yacimientos.

Ni los ingresos por regalías declaradas en el presupuesto anual, ni lo que el gobierno recibe en aportes de las empresas al fondo Unirse, son coparticipados a los municipios. De hecho, existe un proyecto de diputados del oficialismo que reclama la distribución del dinero que genera la explotación minera.

El reclamo por este desequilibrio llegó de la mano de legisladores del Frente de Todos, a través del diputado Guillermo Bilardo, “Perito Moreno ha sido muy generoso con el resto de la Provincia, y creo que es momento de que sea beneficiada de otra manera”, opinó el legislador.

Bilardo, que fue secretario de Minería en la primera gestión de Alicia Kirchner, quiere que la distribución a los municipios se haga de acuerdo a la cercanía que cada comuna tenga con los enclaves mineros, para quienes propone una coparticipación del, 18% del monto recaudado en concepto de regalías mineras en partes iguales.

Otro 10% se asigne en partes iguales a los municipios restantes que no se sitúen en las zonas de influencia de la actividad económica. Y un 2% se distribuya también en partes iguales entre las comisiones de fomento.

Cuánto recauda y cómo se distribuye el Fondo Unirse

Actualmente las empresas mineras que aportan a este fondo son, Cerro Vanguardia, Newmont Cerro Negro, Estelares Resources - Yamana Gold y Minera Santa Cruz.

¿Cuánto aportan cada una?, el gobierno no lo informa. Se desprende del cuadro de inversiones que publica el Ejecutivo, donde constan "las inversiones totales aprobadas por año".

Entre 2016 y 2021 el gobierno dispuso de la suma $ 6.497 millones, y en los primeros cuatro meses de 2022 ya aprobó inversiones por $ 316 millones. Las mismas se destinan a la compra de bienes, infraestructura, máquinas y vehículos para municipios, y equipamiento en el área de Salud, entre otros elementos, que el Poder Ejecutivo luego destina a los municipios o a la propia administración central.

Si bien la normativa establece que cada organismo o municipio es el que presenta sus requerimientos, el derrame de ese pozo lo decide un Comité de Administración creado para este fin que no es más que el mismo gobierno, a través de los miembros de su gabinete.

De ese modo los intendentes tienen que hacer cola para poder obtener el favor de la gobernadora y de sus funcionarios, y conseguir las inversiones que necesitan para sus comunas, un escenario que siempre despierta suspicacias y propicia la discrecionalidad.

Un ejemplo de que no hay un criterio normativo a la hora de la asignación del Fondo Unirse, es la reciente entrega de un autobomba al municipio de San Julián, que el gobierno demoró más de un año en concretar a pesar de haber asumido el compromiso de la entrega, y de la urgencia del pedido de la comunidad.

“Tenemos la convicción de que los recursos naturales son de la provincia, pero el consenso social para que las industrias se desarrollen pertenece a las localidades”, sostiene el proyecto de ley de coparticipación de las regalías mineras presentado por el diputado Bilardo, que firman también Matías Mazú, y del diputado de Puerto Deseado Carlos Santi.