SANTA CRUZ.- El gobierno nacional amplió en $17.290 millones el presupuesto para obras hidroeléctricas en ejecución en el país, entre las cuales están las represas sobre el Río Santa Cruz. La inyección de fondos se da en medio de inconvenientes económicos en la obra a raíz de que China suspendió en envío de fondos para financiar la megaobra cuyo costo es de 4.700 millones de dólares.  El Decreto que autorizó los fondos no menciona cómo y cuándo el estado nacional va a recuperarlos.

El ministerio de Economía incrementó el presupuesto para inversiones en obras hidroeléctricas en $17.290 millones, "con el objeto de garantizar el sostenimiento del mercado mayorista eléctrico y para permitir el avance las las obras de infraestrucutra en centrales hidroeléctricas", según consta en uno de los anexos del Decreto 489/2021.

El dinero sale en auxilio de la necesidad de garantizar los fondos para la continuidad de una obra emblemática para el gobierno kirchnerista quién la impulsó en 2010 con una licitación fallida, y la adjudicó en 2014 durante las presidencias de Cristina Fernández, a un consorcio integrado por la estatal China Gezhouba Group Limited y las firmas Electroingeniería SA e Hidrocuyo SA.

Si bien en el instrumento legal no hay ninguna mención a la obra de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic que se construyen sobre el Río Santa Cruz, actualmente es la obra más importante en ejecución.

La otra obra que comenzó a construirse este año es  la represa hidroeléctrica Añá Cuá un brazo del Río Paraná donde está emplazado el complejo hidroeléctrico Yaciretá. Tiene una inversión de 400 millones de dólares, y una vez en funcionamiento sus tres turbinas tipo Kaplan generarán un 10 por ciento adicional de energía para el país. 

La decisión del gobierno nacional se da en medio de la suspensión del envío de fondos de parte de los tres bancos chinos que prestaron los 4.700 millones de dólares de los cuales ya desembolsaron 1.500. El crédito es a 15 años con 5 años de gracia que se pagarán con la venta de la energía que genere la obra que actualmente está en un 21% de avance.

El instrumento legal que autorizó los fondos tampoco menciona a través de qué mecanismos ni cuando, el estado nacional va a recuperar los 17.290 millones de pesos desembolsados en medio de la crisis económica que vive el país.

La decisión del gobierno chino de suspender el financiamiento generó incertidumbre respecto de la continuidad de la megaobra, y el futuro de los 2.600 puestos de trabajo que actualmente emplea.

Además en junio los choferes y transportistas pararon la prestación de servicios a raíz de una abultada deuda estimada en $70 millones por parte de las UTE Represas Patagonia, de más de 6 meses de retraso en el pago de las prestaciones. El incumplimiento motivó que los transportistas no pudieran continuar sosteniendo los gastos de funcionamiento que venían costeando desde diciembre de 2020 a pesar de no cobrar un peso de parte de la UTE.

«Nos dijeron que tuvieron que pedir préstamos para pagarnos», dijeron en conferencia de prensa en medio del conflicto, que concluyó con un acuerdo de partes que incluyó el pago de la deuda y una promesa de continuidad de los contratos entre las nueve empresas involucradas en el conflicto y la UTE y la continuidad de las fuentes de empleo.

A los vaivenes del financiamiento se suma la "peligrosidad sísmica" por la aparición de una grieta en un terraplén.

En mayo un informe oficial advirtió que se omitieron datos sobre la peligrosidad sísmica de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en Santa Cruz, y fue presentado ante la Corte Suprema para evaluar la continuidad de las obras, donde participan los empresarios kirchneristas de la firma Electroingeniería.

El organismo aseguró que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica el análisis de las fallas geológicas sobre el río Santa Cruz. Además, consideró que los estudios realizados no son idóneos y reconoce que no hay información suficiente para considerar los posibles efectos sísmicos que podría generar la obra.

La obra está a cargo del consorcio conformado por China Gezhouba Group Limited-Electroingeniería SA e Hidrocuyo SA, y los fondos los proveyeron los bancos, China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Banck of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited.