SANTA CRUZ.- Hasta diciembre el puesto lo ocupaba la radical Yanina Gribaudo. El presidente y los vocales por el Ejecutivo tienen pedido de juicio político por no controlar a municipios y ministerios, y haber aprobado ejercicios de Vialidad Provincial durante los años juzgados en la causa Vialidad. Foto: archivo.
Karina Saúl, juró ayer como vocal ante el Tribunal de Cuentas por la primera minoría política, que según las últimas elecciones representa Unión por la Patria. Hasta el 10 de diciembre la doctora Saúl se desempeño al frente de Distrigas. Es esposa del exvicegobernador y expresidente de YPF, Pablo González.
El Tribunal de Cuentas es un organismo clave porque tiene como función controlar los tres poderes del Estado, aunque en las últimas décadas este rol se vio desdibujado ya que la designación del presidente y dos vocales es por decisión del Poder Ejecutivo con aval legislativo ambos poderes dominados por el mismo partido durante las últimas tres décadas.
El 15 de marzo ingresó a la legislatura el pedido de Juicio Político al Presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Carlos Javier Ramos, y las vocales Dra. Matilde Morales y Dra. Romina Gaitán, por la presunta comisión de violación de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de sus funciones.
Una de esas causales apuntada por el vicegobernador es la falta de control de las cuentas de los municipios y ministerios provinciales.
También se cuestiona que el Tribunal de Cuentas haya aprobado los ejercicios 2003/2015 de Vialidad Provincial con el movimiento de fondos nacionales destinados a obras que construía Lázaro Báez y que fueron investigados por la justicia federal en la causa Vialidad en la que fueron condenados el empresario y la expresidenta Cristina Fernández, entre otros implicados.
Los miembros del Tribunal apuntados en el pedido de juicio político presentaron un amparo rechazando la iniciativa de Leguizamón.
En su acusación en la causa vialidad el fiscal Diego Luciani afirmó que "entre 2003 y 2015 el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, no realizó ninguna auditoría de las licitaciones y de las obras públicas que se adjudicó a las empresas de Lázaro Báez. Y aprobó todos los ejercicios de la AGVP sin efectuar objeción alguna ni formular denuncias, a pesar de las arbitrariedades", remarcó.
Luciani añadió que "omitieron controlar deliberadamente las licitaciones de obras millonarias en las que se invertían ingentes fondos públicos y en las que existía mayor riesgo de corrupción".
El 24 de febrero Leguizamón se presentó ante el juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos y denunció penalmente al presidente del Tribunal de Cuentas: "es tiempo que empiecen a pagar los responsables que nos han llevado a la actual situación", dijo en aquella oportunidad.
La figura de Juicio Político está prevista en el artículo 139 de la Constitución Provincial que establece el proceso que debe llevarse adelante para sentar en el banquillo a los funcionarios que por razones de mal desempeño, u omisión de sus obligaciones, entre otras, deben ser sancionados y si corresponde, apartados del cargo.
El pedido de juicio político a los miembros del Tribunal de Cuentas incluye entre las causales, la falta de control de las cuentas municipales, y de las rendiciones de los ministerios. También apunta a la falta de excusación de la doctora Romina Gaitán, en el análisis de las rendiciones del ministerio de Gobierno mientras estuvo al frente de esa cartera su esposo, Fernando Basanta.