SANTA CRUZ. - De este modo la entidad que nuclea a las cúpulas de los poderes judiciales se expresa en contra del pedido de jury contra la vocal del Tribunal Superior de Santa Cruz, Paula Ludueña, que impulsa el gobernador Claudio Vidal por mal desempeño de la magistrada, quien demoró cinco años el tratamiento de un expediente que pedía sancionar a un juez y a un fiscal.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió una declaración en contra del pedido de Juicio Político contra la vocal del TSJ, Paula Ludueña, impulsado por el gobernador, Claudio Vidal. Menciona la división de poderes, y defiende la estabilidad de los jueces en sus cargos.
El pedido de Jury es porque en 2018 la doctora Ludueña, quien entonces presidía el Tribunal Superior, "paralizó injustificada y deliberadamente" un pedido de juicio político que ese año Claudio Vidal había solicitado contra el Juez de Recursos de Caleta Olivia, Miguel Ángel Meyer, y al Titular de la Fiscalía N° 1 Martin Sebastián Sedán.
El pedido de juri ingresó a la Cámara de Diputados en la última semana de marzo.
La demora en el tratamiento del expediente por parte del Tribunal Superior, permitió que en ese transcurso el juez Meyer se jubilara, mientras que el fiscal Sedán fue citado por el TSJ el 12 de diciembre de 2023, es decir, más de cinco años después del inicio de trámite.
¿Qué dice ahora la entidad que nuclea a los miembros de las cúpulas judiciales de las provincias y de CABA? , que es "abiertamente contrario a las elementales pautas del sistema democrático y republicano de gobierno, el pedido de jury a un magistrado realizado en un contexto en el que éste no actúa conforme la expectativa del ciudadano que lo ha peticionado, y más aún si proviene de la máxima autoridad del ejecutivo provincial".
Añade que la "independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada Constitución establece".
La Ju.Fe.Jus. remarca que "el estado constitucional de derecho es un modelo en el que deben respetarse irrestrictamente las libertades y garantías de las personas", pondera "la existencia de un poder imparcial e independiente que en su composición no dependa de circunstancias políticas".
Recuerda asimismo que "Las condiciones claras y objetivas para la estabilidad de quienes tienen como misión velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales resulta indispensable, a riesgo de anular la capacidad de ejercicio de su rol institucional", dice la declaración fechada el 2 de abril y firmada por Ariel Coll y María del Carmen Battini.