SANTA CRUZ.- Es por presunta violación de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de sus funciones, en una serie de hechos denunciados por el vicegobernador, Fabián Leguizamón, en la presentación del pedido de juicio político contra el presidente del órgano de control, Carlos Javier Ramos y las vocales, Matilde Morales y Romina Gaitán. Leguizamón les atribuye a los funcionarios falta de control de las cuentas municipales y los ministerios, incompatibilidad en el caso de la vocal Gaitán, y la aprobación sin observaciones de las rendiciones de vialidad provincial que incluían fondos nacionales para obras que la justicia federal investigó y juzgó por corrupción. La denuncia también indaga sobre el pago de obras públicas con fondos provinciales.

Durante la primera sesión ordinaria del año realizada ayer ingresó a la legislatura provincial, el pedido de Juicio Político al Presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Carlos Javier Ramos, y las vocales Dra. Matilde Morales y Dra. Romina Gaitán, por la presunta comisión de violación de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de sus funciones.

El 24 de febrero Leguizamón se presentó ante el juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos y denunció penalmente al presidente del Tribunal de Cuentas: "es tiempo que empiecen a pagar los responsables que nos han llevado a la actual situación", dijo en aquella oportunidad.

La figura de Juicio Político está prevista en el artículo 139 de la Constitución Provincial que establece el proceso que debe llevarse adelante para sentar en el banquillo a los funcionarios que por razones de mal desempeño, u omisión de sus obligaciones, entre otras, deben ser sancionados y si corresponde, apartados del cargo.

El pedido de juicio político a los miembros del Tribunal de Cuentas incluye entre las causales, la falta de control de las cuentas municipales, y de las rendiciones de los ministerios. También apunta a la falta de excusación de la doctora Romina Gaitán, en el análisis de las rendiciones del ministerio de Gobierno mientras estuvo al frente de esa cartera su esposo, Fernando Basanta.

Otro de los motivos enumerados por Leguizamón es la aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, de los ejercicios 2003/2015 de Vialidad Provincial con el movimiento de fondos nacionales destinados a obras que construía Lázaro Báez y que fueron investigados por la justicia federal en la causa Vialidad en la que fueron condenados el empresario y la expresidenta Cristina Fernández, entre otros implicados.

En su acusación en la causa vialidad el fiscal Diego Luciani afirmó que "entre 2003 y 2015 el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, no realizó ninguna auditoría de las licitaciones y de las obras públicas que se adjudicó a las empresas de Lázaro Báez. Y aprobó todos los ejercicios de la AGVP sin efectuar objeción alguna ni formular denuncias, a pesar de las arbitrariedades", remarcó.

Luciani añadió que "omitieron controlar deliberadamente las licitaciones de obras millonarias en las que se invertían ingentes fondos públicos y en las que existía mayor riesgo de corrupción".

También pide que se investiguen los pagos de obras públicas con fondos provinciales, y si dichas obras se concluyeron.

Municipios sin control, "casi abstracto".

Entre otras faltas, atribuye a los funcionarios no haber auditado las cuentas municipales en los últimos años, en el caso de Río Gallegos, desde 2014 a la fecha.

En el caso de Caleta Olivia, faltan auditorías desde 2016, y un récord lo constituye la auditoría de las cuentas del municipio de Río Turbio con un expediente del año 2006.

"Desde 2011 observamos un control casi abstracto con rendiciones que han sido consideradas hasta veinte años después de presentarse", se lee en la denuncia.

Otro punto que señala la denuncia es la falta de excusación de la vocal Romina Gaitán, a la hora de ejercer la auditoría de las rendiciones del Ministerio de Gobierno entre 2015 y 2019 durante cuyo período su esposo Fernando Basanta estuvo al frente de esa cartera.

Cómo se sustancia el juicio político

En la sesión de ayer los diputados conformaron las salas Acusadora y Juzgadora integradas por legisladores elegidos por sorteo.

Siguiendo este punto del reglamento, la Sala Acusadora quedó integrada por Pedro Muñoz, Iris Rasgido, Karina Nieto, Pedro Valenzuela, José Bodlovic, Claudia Barrientos, Elba Ponce, Fernando Españon, Carlos Santi, Javier Jara, Agostina Mora y Fernando Martínez.

En tanto que la Sala Juzgadora quedó integrada por los diputados Piero Boffi, Rocío García, Víctor Chamorro, Carlos Alegría, José Luis Quiroga, Daniel Peralta, Fernando Pérez, Eloy Echazú, Fabiola Loreiro, Carlos Godoy, Santiago Aberastain y Cristian Ojeda.

De esta manera, el pedido de Juicio Político será analizado primero en la Sala Acusadora para luego ser tratado en la Sala Juzgadora, donde se determinarán las sanciones correspondientes, teniendo en cuenta que ambas salas conforman el Tribunal de Enjuiciamiento que tiene la capacidad de destituir, remover o sancionar a los magistrados, fiscales, y funcionarios judiciales.