BUENOS AIRES.- Tras el anuncio del ministro de Economía respecto de la suspensión de las obras públicas financiadas por el Estado, y de liberar al sector privado las futuras construcciones, el presidente de la cámara de empresas de construcción desestimó que en las actuales condiciones el sector tenga interés alguno en hacerse cargo de la inversión. En Santa Cruz hay solo dos obras de magnitud en ejecución, la autovía Caleta Olivia - Rada Tilly; y las represas sobre el río Santa Cruz, ésta última financiada con capitales chinos.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió que si el Estado no interviene en la obra pública "se podrán hacer muy pocas" iniciativas porque "el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado", afirmó.
"La inversión privada en el total de la infraestructura de un país no excede el orden del 7% o se puede llegar a un 15% con distintas modalidades pero el resto es inversión pública, porque el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado", sostuvo Weiss en diálogo con la plataforma FutuRock que reproduce hoy la agencia oficial de noticias Télam.
El anuncio del ministro de Economía, y el impacto que podría tener en Santa Cruz
"El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado", es la decisión del gobierno nacional que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, argumentando que "la realidad es que no hay más plata", sostuvo.
El funcionario no dejó pasar la oportunidad para recordar además que el dinero destinado a la construcción de obras públicas, "como todos los argentinos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno", en alusión a los hechos de corrupción que escandalizaron al país en los últimos años y que terminó con funcionarios kirchneristas procesados y condenados.
En Santa Cruz las dos obras en ejecución más importantes son, la autovía Caleta Olivia - Rada Tilly, cuya licitación ganó en 2006 Austral Construcciones, y que a pesar de que los sucesivos gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner pagaron al empresario Lázaro Báez, las mismas nunca se terminaron.
Después de una serie de prórrogas, pago de ampliaciones de obras, e interrupciones, finalmente en 2022, las obras se reanudaron a cargo de las firmas CPC de Cristóbal López y Rigel SRL. "Celebramos que tras años de estar judicializada comienza a hacerse realidad", dijo entonces el presidente de Vialidad Provincial, Mauricio Gómez Bull.
Estos 70 kilómetros de asfalto aun sin terminar, formaron parte del pliego de pruebas en la acusación fiscal en el juicio por corrupción en la obra pública que el año pasado concluyó con las condenas a Cristina Fernández y al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.
La otra obra emblemática en ejecución en la provincia son las represas sobre el Río Santa Cruz, que tienen un avance de entre un 20 y un 25%, y cuentan con financiamiento de capitales chinos.
"La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en la Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”, enfatizó el ministro Caputo en los anuncios de ayer.
Al respecto el presidente de la cámara que reúne a las empresas de la construcción, agregó que "las obras que están en curso vienen de un proceso complicado por la alta inflación y atrasos en los pagos en algunos casos muy importantes".
"Tenemos que ver cómo se traduce esto en la práctica en los próximos meses, estamos esperando tener reuniones con el ministro de Infraestructura y el secretario de Obra Pública", señaló el dirigente empresario.
Weiss dijo que "Tres mil son las obras que estarían en este momento en ejecución" y sostuvo que "el empleo total es de 550 mil personas entre mensualizados y jornalizados, y en la obra pública serían unos 270 mil de manera directa".
Respecto de si la cancelación de obras puede generar litigios, dijo que "si hay un contrato firmado y una de las partes no lo cumple, potencialmente se puede entablar una demanda en la Justicia".
"Veremos caso por caso. En muchos casos los contratistas en obras donde no hubo un perjuicio económico importante optan por no litigar", concluyó el presidente de la Comarco.