RÍO GALLEGOS.- El 17 de agosto de 2007 marcó un hito en la historia no oficial de las luchas sindicales y sociales de Santa Cruz, ese día el funcionario kirchnerista Daniel Varizat, atropelló con su camioneta a un grupo de manifestantes en su mayoría docentes y estatales que reclamaban al gobierno condiciones salariales y laborales. Las violentas escenas de aquella noche registradas con videos a través de teléfonos celulares recorrieron el mundo.

Hubo un juicio penal que en diciembre de 2008 condenó al autor a la pena mínima de tres años, inhabilitación para conducir y tratamiento psicológico. Varizat nunca pisó la cárcel, solo estuvo detenido unos días posteriores al atropello a los manifestantes. Años después Cristina Coronel inició una causa civil que aun espera resolución de la justicia.

Cristina convive con el dolor neuropático, una dolencia que la acompañará por el resto de su vida, "pero no me quiero concentrar en el dolor, quiero celebrar la vida, por mí y por los que vendrán", reflexiona.

Cristina no baja los brazos y no solo pide justicia por sus compañeros atropellados junto a ella ese día, sino también reclama por Marcela López, la mujer desaparecida el 22 de mayo de 2021 sin que se hayan esclarecido las circunstancias, "quiero justicia por ella, cómo puede ser que en Río Gallegos desaparezca una mujer y no se sepa qué ocurrió con Marcela", interpela Cristina, pidiendo justicia para todos.

Era la noche del retorno de los Kirchner a Río Gallegos después de una ausencia de varios meses forzada por las protestas de estatales y docentes. Néstor transitaba sus últimos meses como presidente de la nación y Cristina venía en su rol de candidata a sucederlo. El escenario principal era el polideportivo del Bóxing Club, que se preparaba para una gran fiesta del Frente para la Victoria que había colmado el estadio incluso con militantes que viajaron desde el conurbano bonaerense.

Pero a pocas cuadras de allí un hecho demencial protagonizado por un amigo de los Kirchner desplazó la atención de la prensa nacional que seguía la campaña presidencial, y cambió la tapa de los diarios del día siguiente: «Funcionario K atropelló con su 4×4 a una veintena de manifestantes», titulaban los principales medios del país. Ya nadie hablaría de 17 de agosto como la noche de los Kirchner en el Bóxing, sino de la embestida de Daniel Varizat contra los estatales que dejó una veintena de heridos y una marca imborrable de injusticia e impunidad que mancharía para siempre la historia política de Santa Cruz.

La crónica

Los Kirchner estaban contrariados con la rebelión de sus comprovincianos que no solo protestaron sin miedo ni pudor, sino que se encargaron de que los medios nacionales ventilaran al mundo los trapos sucios de la cuna del kirchnerismo.

Viernes 17 de agosto de 2007, minutos después de la 8 de la noche una columna de manifestantes marchaba por la avenida Zapiola para retomar por San Martín hacia el mástil central entonando cánticos y golpeando caderolas.

En ese momento Daniel Varizat, sale del hotel Costa Río para dirigirse al Bóxing acompañado de un grupo de personas y se encamina hacia su vehículo estacionado sobre la misma avenida San Martin por la cual ya asomaba la columna de estatales. Al identificarlos, el ex ministro de gobierno y sus compañeros se introdujeron rápidamente en la Cherokee 4×4, y el conductor trabó las puertas.

Según los testimonios que se presentaban en la Fiscalía y ante la Policía, el auto de Varizat fue rodeado cuando los manifestantes lo reconocieron. El ex ministro aceleró y chocó dos autos y dejo por el suelo a varias personas. Retrocedió y pasó por sobre varios cuerpos. «Fue un espanto, la gente entraba aquí sangrando; pedimos ayuda y llamamos a las ambulancias. Fue un horror», relató La Nación una empleada del hotel .

«Cuando salí del Hotel Costa Río, donde fui a buscar a un amigo, apareció la columna de gente que me rodeó el auto, son militantes de ATE y Adosac, pero nos los pude identificar. Y comenzaron a insultarme y golpear la camioneta. Hubo amenazas de muerte. Puse primera y arranqué, supongo que hay heridos», fue la primera versión de Varizat.

Entre las 23 víctimas producto de aquel acto criminal se hallaba Cristina «La Colo» Coronel, enfermera del hospital regional quien yacía inmóvil sobre el asfalto con serias lesiones en la zona pélvica y sus piernas.

Cristina sufrió fractura de pelvis, fractura de una vértebra transversal y otras lesiones que le impidieron continuar con normalidad la vida que llevaba hasta ese momento.

Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades. Las lesiones no se limitan sólo a lo físico sino también psicológico.

Juicio con sentencia a medida

Pese a haber sido encontrado autor penal responsable de 23 delitos, por mayoría la Cámara Criminal Oral de Río Gallegos lo condenó a tres años de prisión en suspenso por lo tanto quedó en libertad. Solo permaneció preso un par de semanas, y salió en libertad tras pagar una fianza irrisoria.

El fallo fue dividido: mientras dos juezas lo condenaron, un tercero pidió la absolución.

Las juezas Dávila y Mercau descartaron que Varizat haya padecido un trastorno mental transitorio, por lo que, concluyen, tuvo pleno dominio de sus acciones. Del mismo modo dijeron que pudo ejercer otras opciones para salir del incidente, como «pedir la intervención policial» por teléfono.

Por su parte, Chávez -que acaba de ser ascendido por pedido del gobierno nacional a camarista oral federal- afirmó que «no se ha probado que Varizat haya realizado alguna acción de provocación suficiente para justificar las acciones de sus atacantes», y que los manifestantes «pusieron en peligro su integridad física y la de los terceros que los acompañaban», impidiéndole el ejercicio de la libre circulación

El juicio interminable

Una vez terminado el juicio penal, se inició el juicio civil por los daños y perjuicios ocasionados a Cristina Coronel.

Según su abogado, el dr José Luis Janezak, el trámite judicial «sufrió demoras por las dificultades que hubo para notificar a Varizat del inicio del mismo, ya que había fijado domicilio en Capital Federal», explicó.

«Como ni siquiera se presentó a ejercer sus derechos, se lo declaró en rebeldía siguiéndose adelante con el juicio sin su intervención», detalló el abogado.

Janezak precisó que «recientemente terminamos con la totalidad de la producción de la prueba, principalmente la pericia médica que se encontraba atrasada y en corto tiempo estaremos en condiciones de pedir sentencia», adelantó.

Las víctimas.

Milagros Flores, Teresa Cristina Coronel, Carlos D Amico, Alejandra Quilahuilque, Gladys Viviana Diaz, Cesar Amado López, José Medina, Marcela Edith Obando, Marta Susana Guillermaz, Daniela Ramos, Jorge Raul Castro, Miguel Aristizabal, Alejandro Nicolás Revello, Silene Mozzi, Gloria Soto, Cristina Mabel Capucci, Andriana Opacak, María Rosa Altamirano, Isaac Ruby Chacon, Stella Maris Perroni, Itati Blanca, Claudia Alejandra Romero, Gastón Flores, Hernán Sesar, Ariadna Quelin.

Un gobierno reincidente volvió a atropellarla en 2018

En marzo de ese año el gobierno provincial demandó a un grupo de jubilados por «daños contra edificios públicos», y pidió embargarlos por 330 mil pesos a cada uno. Los supuestos daños denunciados por el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, se habrían producido contra el edificio de la Caja de Previsión, uno de los lugares donde los jubilados suelen reclamar por la falta de pago de sus haberes. Una de las demandadas es Cristina Coronel, quien en 2010 junto a una veintena de manifestantes fuer atropellada por una camioneta 4×4 conducida por Daniel Varizat, histórico militante K y por entonces funcionario público.

La causa judicial por el acto criminal de Varizat se inició en 2008 y concluyó rápidamente con un juicio que condenó al ex funcionario a una pena leve y en libertad. Luego el acusado se fue de la provincia aunque continuó vinculado al estado hasta su jubilación como empleado provincial.

La denuncia del gobierno de Alicia Kirchner contra los jubilados por daños contra los edificios de Casa de Gobierno, Caja de Previsión Social, Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, en los cuales supuestamente los jubilados habrían producido roturas de “puertas, persianas, vidrios”, y “pegatinas” en los edificios, finalmente concluyó con una sentencia favorable a los jubilaldos.