BUENOS AIRES.- Esta mañana se escucharon las últimas palabras de cinco de los trece acusados en la causa Vialidad, Lázaro Báez optó por no ejercer este derecho, y quien sí habló fue el ex ministro de Planificación, Julio De Vido quien luego de descalificar el juicio en su contra, señaló: "la historia me juzgará, y quizás también a ustedes". El próximo martes, hablará Cristina Fernández, tras lo cual se espera la última audiencia que precederá al veredicto final que se conocerá antes de fin de año.

Recta final del juicio conocido como la Causa Vialidad que investigó la adjudicación de 51 obras viales a Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez durante las presidencias de Néstor Kirchner, y de Cristina Fernández de Kirchner entre 2003 y 2015.

Desde las 9.30, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispuso que puedan decir sus "últimas palabras" el dueño de "Austral Construcciones" Lázaro Báez, los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

Tanto Lázaro Báez, como el ingeniero Mauricio Collareda, exdirector de Vialidad Nacional en Santa Cruz, optaron por no pronunciar las últimas palabras por considerar que sus defensas expresaron acabadamente los argumentos que contrarrestan las acusaciones en su contra. La misma postura tuvo Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas.

Raúl Daruich, quien también estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional en Santa Cruz sostuvo, "la condena es extemporánea porque yo ya fui condenado, me expulsaron de Vialidad", señaló. Sostuvo que él aplicó las normas y el reglamento vigente en ese momento.

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, consideró que era víctima de relatos mediáticos de opositores políticos. Dijo que en el juicio Vialidad, "Omitieron a ex compañeros que cumplieron funciones en la misma época", indicó.

Sostuvo que las obras cuestionadas en el juicio, se definieron y planificaron en el marco del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (Cofeplan), que estuvo integrado por todas las provincias y sus gobernadores y ministros.

“Me solidarizo con todos los imputados y con la imputada, en particular los que siempre soportaron con estoicismo y dignidad esta injusta persecución que termina y concluye en una política judicial denominada lawfare”, afirmó el hombre que gestionó la obra pública del kirchnerismo no solo durante los doce años de presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sino desde que el expresidente fue intendente de Río Gallegos en 1987 y como ministro de Economía de Kirchner gobernador de Santa Cruz. .

Defendió el rol de sus compañeros en la función pública, "no somos socios ni tenemos negociados en común. Ejercimos la función pública porque integramos un proyecto político común gestado en una provincia muy lejana del puerto de Buenos Aires”, explicó.

Acusó a los fiscales de "actuar con mala intención", por endilgarle a él la decisión de asignar los fondos a las obras. Habló de lawfer, y persecución judicial. "Si hay una banda que perseguir es a los que rescindieron los contratos" de las obras viales, señaló en alusión a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

"La historia me juzgará, y tal vez también a ustedes", sentenció De Vido, repitiendo palabras que alguna vez Cristina Fernández mencionó también en juicio.

Luego de estos testimonios, el tribunal dio por concluida la audiencia y pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes 29 de noviembre a las 09:30 horas.

El cronograma dispuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini prevé que el martes 29 tengan oportunidad de decir sus palabras finales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obras Pública José López.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y se espera que tenga sentencia antes de fin de año, cabe recordar que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Durante las nueve audiencias de alegatos, el ministerio público fiscal fundamentó con pruebas que el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez, conformaron una organización para sustraer fondos del estado a instancias de los millonarios presupuestos destinados a obras públicas.

La casi totalidad de las 51 obras viales gestionadas durante las presidencias de los Kirchner, fueron -según los fiscales Luciani y Mola- redireccionadas en favor del conglomerado de empresas de Báez.

Obras abandonadas y sin terminar; redeterminaciones de precios y de plazos que duplicaban los términos del contrato original; cartelización; fueron entre otras, las acusaciones de los fiscales.

El punto que une los extremos de esta connivencia entre funcionarios públicos -los Kirchner- y Lázaro Báez, son los negocios que los vinculan como el caso del Hotel Alto Calafate propiedad del matrimonio presidencial, administrado por una sociedad de Báez; los contratos para alojar a personal de Austral SA en ese mismo hotel; la construcción de complejos de departamentos en Río Gallegos; el intercambio de terrenos en El Calafate, donde además poseen un condominio de casi 9 hectáreas en Punta Soberana.

Este condominio que actualmente figura a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, y de Lázaro Báez, figura entre las propiedades del constructor que están siendo rematadas en el marco de la quiebra de Austral SA, donde ya se subastaron cuatro estancias del empresario.

Según los fiscales, estos vínculos, de por sí indecorosos por tratarse de funcionarios públicos que se asocian con proveedores del estado para emprender negocios juntos, se financiaban con parte del dinero que Báez percibía por las obras que le adjudicaban.