COMODORO RIVADAVIA. En el marco del expediente FCR-3369/2025, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia emitió un dictamen que podría cambiar el rumbo de una disputa clave entre la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Santa Cruz (AGUISAC) y la Administración de Parques Nacionales (APN).

El conflicto gira en torno a dos resoluciones que eliminan la obligatoriedad de contar con guías habilitados en excursiones dentro de áreas protegidas.

AGUISAC presentó una acción de amparo ambiental solicitando la nulidad de las resoluciones RESFC-2025-61 y RESFC-2025-62, argumentando que vulneran derechos constitucionales como el derecho al trabajo, a ejercer industria lícita y a un ambiente sano.

La medida fue inicialmente rechazada por el juez de primera instancia, Claudio Vázquez, quien consideró que el caso no constituía una cuestión ambiental sino administrativa. Sin embargo, la fiscal Silvina Alejandra Ávila dictaminó que el amparo debe ser admitido.

En su análisis, la fiscal federal destacó que las resoluciones de la APN contradicen normas de jerarquía superior como la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Además, subrayó que los guías cumplen funciones esenciales en la conservación, educación y prevención ambiental, por lo que su exclusión representa un retroceso en la política ambiental argentina.

El dictamen invoca principios fundamentales como la prevención, la precaución, la progresividad y el “in dubio pro natura”, que establece que ante la duda debe primar la protección del ambiente.

También advierte que la desregulación prevista para entrar en vigencia el 15 de septiembre de este año podría tener consecuencias irreversibles para la gestión sustentable de los parques nacionales.

Desde AGUISAC celebraron el dictamen como un paso importante en la defensa de los derechos laborales y ambientales en la región. "Confiamos en que la justicia resolverá en línea con la fiscal federal", compartieron desde Aguisac a través de sus redes al conocerse el fallo.

El caso ahora queda en manos de la Cámara Federal, que deberá decidir si revoca la resolución judicial inicial y da curso al tratamiento sustancial del amparo