PUERTO SAN JULIÁN.- Si bien La Era del Oro y sus incertidumbres, es el resultado de una investigación académica con datos e información relevada en el terreno su texto no elude una visión crítica de la minería en Santa Cruz al tiempo que propone disparar un debate sobre qué futuro deseamos como sociedad que habita una provincia rica en recursos y de cuya renta no participa.

El trabajo no pretende pontificar sobre el uso de los recursos ni mucho menos pararse de uno u otro lado de la disyuntiva fatal que confronta la economía con el medio ambiente, el trabajo.

Larry Andrade quien también es el editor de la publicación, junto a Roberto Álvarez, Gabriela Aguilar; Valeria Bedacarratx; Carla Moscardi; María E. Ortíz, y Fabio Riquelme, exponen su trabajo y sus miradas para el análisis y la reflexión que ayuden a la profundización del conocimiento de la minería transnacional o megaminería. "Pensar y analizar el momento y la coyuntura, y aportar información para pensar y discutir el futuro común que nos involucra", dicen los autores.

Afirman que se trata de "un libro incompleto", las restricciones que impuso la pandemia, y los acotados y volátiles recursos económicos para producir el libro impidieron abarcar más aspectos de la actividad minera que inquietan a corto plazo, como el uso del agua a gran escala, y la utilización de cianuro en la etapa de producción.

Pro y contras de la minería. Santa Cruz hoy es la primera exportadora de oro del país. Su explotación deja fabulosas ganancias para las empresas multinacionales que explotan la producción, pero solo un porcentaje ínfimo queda en la Provincia, en regalías y en Responsabilidad Social ésta última a voluntad de las empresas.

Winfo Santa Cruz: ¿Cómo surge la idea de la publicación?

Larry Andrade: El libro es el resultado de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la UNPA y el CONICET (estas últimas dos son las de pertenencia institucional y contribuyeron con salarios, instalaciones y movilidad). Estaba previsto en el proyecto concluir con la publicación del informe final y, por suerte, con aportes presupuestarios y una contribución específica de la Unidad Académica San Julián logramos llegar a la impresión y también al e-book.

"La publicación responde a la responsabilidad social de la Universidad Pública en territorio, de pensar y analizar el momento y la coyuntura, aportando información para pensar y discutir el futuro común que nos involucra".

WSC: ¿Cuáles son o cuál es la idea de "la incertidumbre" asociada al oro, nada menos?

Gabriela Aguilar: Podríamos decir que son muchas y de gran peso, de tipo económicas, políticas y sociales. Por un lado, si pensamos en la expansión que ha tenido la actividad desde mediados de los años noventa en la provincia, con varios yacimientos en explotación y que Santa Cruz se ha convertido en una de las principales exportadoras de metales del país, implica reflexionar acerca de la dependencia del empleo directo e indirecto que genera la actividad y del movimiento económico en las comunidades. Esto trajo también un crecimiento demográfico importante (por migraciones intraprovinciales y de otras provincias y países) con incremento de las necesidades de infraestructura, servicios, un mayor gasto público para solventar parte de estas demandas que las localidades, en general, no siempre pueden afrontar con los recursos asignados por el presupuesto provincial. 

WSC: ¿Cuáles son los riesgos de depender de las multinacionales?

Larry Andrade: Depender de empresas multinacionales que explotan el recurso y del valor de un commoditie en el mercado internacional supone plantearse ciertas incertidumbres pensando en el mediano y largo plazo incluyendo las decisiones que toman las empresas cuando deja de ser rentable una explotación esto es, cuando llega el momento de cierre de mina, lo cual tiene que ver con la dinámica de cada localidad, girando fuertemente en torno a los ingresos que genera la minería.

En la dimensión estrictamente política, resulta imperioso analizar las políticas públicas que se generan -o no- con los fondos obtenidos por la explotación del recurso (UNIRSE en la provincia, Agencia de Desarrollo Local en San Julián y otros aportes similares) y si éstas sirven para reducir las incertidumbres o para ampliarlas.

WSC: ¿Pueden convivir la Minería, la ganadería, y el Medio Ambiente?

Larry Andrade: Si se piensa el crecimiento económico y productivo no sólo en términos de sectores sino en términos de territorio, es posible impulsar simultáneamente actividades muy diversas y lo ideal sería que las que mayores ingresos producen -por diferentes mecanismos- aporten al desarrollo y potenciamiento de otras, que puedan sostenerse y mantener el empleo y la actividad económica en la provincia. Eso es lo que cuesta ver hoy en Santa Cruz. El ambiente es la base en la que se apoya la actividad productiva, el impacto ambiental existe, lo importante es dimensionarlo y repararlo, algo que tampoco se ve con claridad porque primero es importante establecer la magnitud del mismo según la actividad de que se trate. Es importante que se conozca a cabalidad el tipo de controles ambientales que realiza el Estado provincial en todos los yacimientos, por ejemplo, a través de informes semestrales de público -y fácil- acceso. 

WSC: ¿Hay que erradicar la minería, o en todo caso ponerle límites y aprovechar mejor la riqueza que genera y que hoy sigue siendo exigua para el Estado?

Larry Andrade: Con los años de explotación que lleva la actividad y las leyes que han permitido su desarrollo y estabilidad fiscal no es posible erradicarla, lo que si es necesario es mostrar y transparentar lo que deja la minería en el territorio: por un lado, empleo y por el otro, regalías y otro tipo de aportes de fondos y utilidades (a través de FOMICRUZ), de los que lamentablemente no se tiene un conocimiento cabal, apenas fragmentario, y esto es preocupante porque son fondos públicos.

WSC: ¿Cuál debería ser el rol del Estado en el manejo de la renta minera?

L.A: Los recursos económicos que genera la actividad minera deben ser utilizados de manera eficiente y transparente, apostando por el futuro de las comunidades que son zona de influencia de los yacimientos así como del resto de las localidades santacruceñas y sus espacios rurales conexos. Esto debería ser una obligación estatal, sobre todo considerando que se trata de la explotación de un capital no renovable incluso una parte de esos fondos debería ser objeto de un presupuesto participativo en las diferentes localidades. Generar fondos de ahorro anticíclicos para una actividad que es tan fluctuante y de la que se es tan dependiente; es imprescindible, al igual que realizar inversiones transparentes, sensatas y orientadas -como señalamos antes- a diversificar las actividades productivas que permitan a la sociedad proyectarse y reproducirse en ámbitos razonablemente previsibles, sobre todo cuando la actividad cesa y las empresas se retiren.  

WSC: Y en este punto en el libro se cuestiona la gestión del Fondo Unirse, ¿por qué?

Larry Andrade: Como hablamos recién respecto a la transparencia en la gestión, es necesario poder tener acceso público a la información sobre el destino que se dan a estos fondos de responsabilidad social, de los que las empresas no están obligados por ley, sino que lo hacen de manera voluntaria y según el precio del oro y plata que alcance la onza en el mercado de Londres. Este fondo no está incluido dentro del presupuesto provincial, va por fuera y es administrado por un directorio conformado por los ministros del gobierno. 

Gabriela Aguilar: Pensar en ahorro e inversión es necesario. De la poca información de la que tuvimos acceso hemos comprobado que gran parte va destinada a desarrollo social (ayudas, planes), compra de material hospitalario, pago de residentes médicos, compra de uniformes para la policía, adquisición de vehículos para organismos del Estado provincial (incluida la empresa Servicios Públicos y Distrigas), pago de celebraciones como sabores santacruceños, entre otros. Consideramos que estas erogaciones deberían ser cubiertas con los fondos que se encuentran contemplados dentro del presupuesto y con partidas claramente establecidas. Si se utilizan esos fondos en gastos corrientes, no será posible realizar ahorros o inversiones para el futuro. Como todas, Santa Cruz -con menos de medio millón de habitantes- recibe aportes sustantivos de fondos provenientes de  tributos ciudadanos, coparticipación nacional, regalías petroleras, de gas y mineras. 

Si se asume como inevitable emplear este fondo -único, voluntario y millonario que significa lo que las empresas mineras entregan al gobierno provincial- para la compra de gasas, uniformes y demás; se haría evidente la absoluta dependencia provincial de la explotación de este recurso, abriéndose -al menos- dos posibilidades: primera, los fondos que recibe la provincia y conforman el presupuesto no son suficientes y, segunda, podría pensarse que estamos en presencia de una administración presupuestaria cuyos fundamentos deben ser públicos y accesibles sin ningún tipo de restricciones.  

WSC: A partir de una estadística que ustedes publican respecto del crecimiento del empleo no productivo (empleo público) que es proporcional a la caída de la actividad ganadera. ¿Es propósito del libro plantear el debate pendiente en Santa Cruz sobre si seguir fomentando el empleo estatal, o potenciar el desarrollo de industrias que den empleo genuino?

Gabriela Aguilar: En economía política existen unas teorías que hablan sobre el rentismo, este modelo político económico se basa en obtener rentas a través de la explotación de los recursos naturales no renovables (recursos no tributarios), y los gobiernos conservan el poder político mediante la entrega de parte de estas rentas con retribuciones a los ciudadanos; esto es empleo público excesivo, subsidios, viviendas públicas, etc. y con una escasa recaudación fiscal propia (recursos tributarios).

En este aspecto hemos podido observar que a pesar de que en 2016 se hablaba desde el gobierno que el modelo de empleo público no daba para más, se siguió ampliando la planta estatal provincial. Y justamente en este año de crisis económica y de problemática con los gremios estatales, fue cuando se constituyó el fideicomiso UNIRSE y que de alguna manera sirvió para financiar gastos que deberían cubrirse con el presupuesto, del que se destina más del 55% de los ingresos reales provinciales al pago de salarios. Santa Cruz es una de las provincias de la Patagonia que más empleados públicos provinciales tiene por cada 1000 habitantes alcanzando los 138 (sin contar municipales ni nacionales) mientras que la media en Patagonia es de 93 cada mil habitantes. 

Gabriela Aguilar: Creemos que sí resulta necesario pensar desde la política en un cambio de sistema respecto al empleo público y la redistribución de los recursos que provienen de fuentes no renovables y finitas, siendo imprescindible generar políticas públicas que ayuden a potenciar la diversificación productiva, haciendo un uso eficiente de los recursos como mencionamos anteriormente. 

WSC: Si bien abordamos casi de modo excluyente la minería, el libro también trata el esquema actual de la explotación hidrocarburífera. 

Gabriela Aguilar: Si, al trabajar desde el enfoque de territorios importaba mostrar el panorama actual en la Meseta Central Santacruceña y sus alrededores, incluyendo a la producción de petróleo, aunque no toda la actividad se despliega en la meseta y es una actividad con larga presencia en la región e, indudablemente, ha tenido y tiene influencia notable en las ciudades donde las empresas tienen bases operacionales. Mostramos información de producción y montos generados. Se revisa la historia del petróleo y el gas en la provincia, el rol en el desarrollo del noroeste provincial y el impacto de la inversión tanto pública como privada en un producto que también entra en la discusión de los commodities.

WSC: ¿La compra de campos por parte de multimillonarios con aparentes intenciones filantrópicas. ¿Cuál es la incertidumbre aquí?

Larry Andrade: Es un tema controversial porque vemos a diario la publicidad de las nuevas áreas protegidas que se han creado y las especies que allí se protegen como así también la preservación de los maravillosos vestigios de la actividad humana en el área, hace miles de años. Y la preservación de la fauna y esos vestigios de actividad humana es valiosa y, en sí mismo, nadie puede cuestionarlo. Lo que nos preocupa es que los fondos provienen de fondos de millonarios extranjeros e ingresan bajo la forma de filantropia, son administrados entre otras, por Fundación Flora y Fauna Argentina y Rewilding Argentina e intervienen en un ámbito geográfico específico como es la Meseta del Lago Buenos Aires e impacta un sistema productivo en vigencia, comprando establecimientos cerrados y otros en producción, los cuales son vaciados. Orientados por principios de la ecología profunda, desmantelan alambrados e instalaciones -considerados obstáculos artificiales- que son la expresión de una cultura socioproductiva centenaria. Las tierras se compran y se entregan al Estado Nacional bajo la figura de cesión con cargo, esto significa que si el Estado no cumple con esos cargos (en general, son inversiones y actividades importantes de las que debe hacerse cargo) las tierras vuelven a quien las cedió, o sea, a estas fundaciones entre otras. Por ejemplo, un cargo era alambrar el perímetro del Parque Patagonia, algo que todavía no se ha realizado y fue objeto de un reclamo en la Legislatura provincial de Santa Cruz. En este caso el filántropo o las propias Fundaciones podrían reclamar la restitución de las tierras y gestionarlas ellos mismos o darles otro destino. Estas situaciones agregan una incertidumbre más al panorama provincial actual y para los próximos años.

Del editor.

* Larry Andrade nació en Chubut, se graduó en la UBA como sociólogo en 1991. Realizó estudios de posgrado en le Universidad Nacional de Entre Ríos, y en el Colegio de México. Inició su vida laboral en la UNPA en 1992, donde es docente.

Actualmente está radicado como investigador de Conicet en el Centro de Investigación y Transferencia - Santa Cruz (CIT-SCC), es director del Institudo en Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) de la UNPA _ Unidad Académica San Julián, y coordinador del Sitio Piloto Magallanes del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (Conicet).

Su vida académica está enfocada a la búsqueda de respuestas y soluciones a problemáticas socio-productivas en la zona centro de Santa Cruz.