SANTA CRUZ.- En noviembre de 2024 la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de primera instancia que condenó al Estado provincial a indemnizar al trabajador, pero el fiscal de Estado apeló y ahora deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia que integra Fernando Basanta quien era ministro de Gobierno cuando sucedió la represión policial a una protesta de estatales frente a la legislatura.
Transcurrieron nueve años de la violenta represión contra trabajadores estatales que protestaban frente a la legislatura donde a fuerza de engaños y trasgresión del reglamento, el kirchnerismo autorizó al gobierno de Alicia Kirchner a tomar un empréstito de 10.000 millones de pesos.
Minutos antes de la votación la oposición que ya había adelantado su rechazo a la toma de deuda, había sido desalojada del recinto a raíz del humo que provenía de la calle donde protestaban los estatales.
Pero antes de que los diputados de la oposición regresen a la sesión, el bloque oficialista votó el empréstito, y por mayoría dio curso legal al endeudamiento.
Heridos y una bala de goma que causó estragos
Pero la consecuencia más dura de esa jornada la sobrellevó, Ramón Marimán, un trabajador municipal que perdió la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de una bala de goma disparada por la policía.
La represión fue ordenada por el entonces ministro de Gobierno, Fernando Basanta, quien estaba al frente de la fuerza policial. Marimán, que en ese momento cumplía tareas como recolector de residuos para el municipio de Río Gallegos, sufrió una lesión irreversible: “Me destruyeron la retina durante la represión. La bala de goma que se alojó detrás del ojo derecho me cortó un nervio muy sensible”, relató en una entrevista de 2019. Pese a las derivaciones a Buenos Aires y la complejidad del tratamiento, nunca pudo recuperar la visión.
La causa judicial que inició Marimán en 2018 por abandono de persona obtuvo dos fallos favorables —uno en primera instancia el 14 de agosto de 2023 por parte del juez Francisco Marincovich, y otro de la Cámara de Apelaciones el 7 de noviembre de 2024, firmado por los jueces Enrique Arenillas y Jorge Yance.
Uno de los cinco jueces que integran actualmente el TSJ es Fernando Basanta, ministro de Gobierno durante la jornada de protesta y represión frente a la Cámara de Diputados. Hoy, Basanta deberá intervenir —o excusarse— en la causa judicial que podría responsabilizar al Estado por un accionar que lo tuvo como actor central.
Marimán, trabajó durante 35 años en el servicio de recolección de residuos de Río Gallegos. “Yo reclamaba algo justo y a cambio tuve que sufrir esto. Me quitaron la mitad de mi vida por la lesión que sufrí y aún tengo que seguir manteniendo a mi familia”, declaró entonces. Denunció también que en reuniones con representantes del gobierno provincial, estos llegaron a sugerir que la responsabilidad era suya por haberse ubicado en una zona de riesgo.
La represión de aquel 23 de junio dejó además otros heridos, entre ellos un jubilado de Servicios Públicos y el periodista Andrés Pombo quien en aquel entonces cubría los incidentes como hombre de prensa de la CTA. El hecho ocurrió en un contexto de fuerte tensión social y crisis económica, mientras el oficialismo provincial buscaba endeudarse para cubrir el déficit, sin el debido consenso ni transparencia.
Nueve años después, el caso de Ramón Marimán sigue siendo símbolo de impunidad y de una herida abierta en la memoria colectiva de Santa Cruz. Aún espera justicia.