RÍO GALLEGOS.– Sostienen que la propuesta del Ejecutivo de elevar de cinco a nueve miembros el TSJ, conlleva el riesgo de perpetuar las mismas lógicas de subordinación y manejo discrecional que hoy obstaculizan su legitimidad y eficacia.

Frente al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial para ampliar de cinco a nueve los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, la Asociación de Abogados de Río Gallegos expresó advirtió que una modificación meramente cuantitativa no resolverá los problemas estructurales del sistema.

La iniciativa oficial, enviada a la Legislatura, propone rediseñar el máximo órgano judicial de la provincia, argumentando que su composición actual refleja décadas de hegemonía kirchnerista en el poder político. Los cinco miembros actuales del Tribunal fueron designados durante gestiones del Frente para la Victoria, fuerza fundada por Néstor Kirchner en los años noventa, quien también llevó adelante una ampliación del TSJ en 1995, cuando lo elevó de tres a cinco miembros. Entonces, Santa Cruz tenía 170 mil habitantes; hoy supera los 350 mil.

Desde el gobierno se plantea que el nuevo proyecto busca democratizar la justicia, dotarla de mayor legitimidad e independencia, y actualizar su estructura a la realidad poblacional y social actual de la provincia.

En respuesta, la Asociación de Abogados reconoció la gravedad de la crisis del sistema judicial en Santa Cruz, pero sostuvo que cualquier reforma será insuficiente si no se acompaña de un debate amplio y profundo sobre el funcionamiento general del Poder Judicial. “Una ampliación numérica, por sí sola, no resuelve los déficits estructurales”, sostiene el comunicado de la entidad.

Argumentan que "sin un cambio profundo en el modo en que se define su conducción, se corre el riesgo de perpetuar las mismas lógicas de subordinación y manejo discrecional que hoy obstaculizan su legitimidad y eficacia".

Los abogados hicieron hincapié en la necesidad de modificar el sistema de selección de los vocales del Tribunal Superior. Según la Asociación, las deficiencias actuales se originan en la falta de transparencia, la discrecionalidad en los nombramientos, la perpetuidad de las autoridades judiciales y una desconexión con las demandas sociales.

“Cualquier reforma estructural del Tribunal Superior que omita revisar el mecanismo de selección de sus integrantes carecerá de eficacia para resolver los problemas de legitimidad, independencia y funcionamiento”, afirmaron.

En ese sentido, la Asociación propone avanzar hacia un mecanismo de designación que contemple la exposición pública de antecedentes, audiencias abiertas, participación ciudadana y rendición de cuentas. “Los santacruceños merecemos una justicia confiable, accesible y profesional, comprometida con la Constitución y no con estructuras de poder político partidario”, señala el documento.

Desde la entidad instan al gobierno provincial y a los demás poderes del Estado a abrir un proceso de diálogo plural que convoque a todos los sectores de la sociedad para discutir no sólo cuántos vocales debe tener el Tribunal Superior, sino qué justicia se quiere construir para los próximos años.

Remarcan su vocación de contribuir al debate público desde una mirada técnica, plural y comprometida con la institucionalidad democrática.