SANTA CRUZ.- Detalla la falta de auditorías, expedientes paralizados durante años, fallos demorados y la imposibilidad de acceso a información clave, especialmente por parte de la propia presidencia del organismo. En 2023 ningún municipio presentó la documentación de sus cuentas. El informe atribuye, "abandono", y "negligencia en el cumplimiento de sus deberes" por parte de los miembros del Tribunal durante la etapa relevada.

Esta semana ingresó a la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz un informe demoledor presentado por la presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia, abogada Gabriela Castro, donde se expone con crudeza el deterioro institucional del órgano encargado de controlar el uso de los recursos públicos.

La actual presidenta del Tribunal de Cuentas fue designada por el gobierno de Claudio Vidal en reemplazo del renunciante, Carlos Ramos.

El informe, de más de 100 páginas, denuncia la ausencia casi total de auditorías, expedientes paralizados durante años, fallos demorados y la imposibilidad de acceso a información clave, especialmente por parte de la propia presidencia del organismo. “El abandono es una consecuencia directa de las decisiones de los miembros del organismo, quienes han demostrado negligencia en el cumplimiento de sus deberes”, advierte Castro en uno de los tramos más duros del documento.

Uno de los datos más alarmantes del informe es que ningún municipio de la provincia presentó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023, situación que no es nueva pero que ahora queda formalmente documentada. Bajo la responsabilidad de la vocal Romina Gaitán —designada en 2017 durante el gobierno de Alicia Kirchner—, la Vocalía Jurisdiccional de Entes Municipales acumula 146 juicios de cuentas en trámite, de los cuales 79 expedientes (de entre 2020 y 2023) no registran avances significativos.

Solo el 12% de los trámites tiene el segundo informe listo para ser fallado, mientras que el 38% aún está en etapa preliminar. La falta de resolución paraliza no solo la transparencia del gasto público sino también el proceso de responsabilidades por eventuales irregularidades.

El informe también pone la lupa sobre la persistente impronta del gobierno anterior en la composición del Tribunal, que dificulta cualquier intento de reforma o saneamiento. De las cuatro integrantes actuales, dos fueron designadas por la exgobernadora Alicia Kirchner: las vocales Matilde Morales (a cargo de las Empresas y Sociedades del Estado), y Romina Gaitán (municipios y comisiones de fomento). En tanto que Karina Saul, representa a la primera minoría política de Unión por la Patria.

Ante esta desproporción el Ejecutivo envió a la legislatura un proyecto para ampliar el número de miembros del TC elevándolo de 4 a 7 integrantes, en un intento de equilibrar la actual composición con mayoría kirchnerista.

Castro señala que la falta de mayoría para tomar decisiones urgentes impide revertir el estado de parálisis del Tribunal. Esta situación, asegura, favoreció durante años la falta de control y el gasto sin freno de los recursos públicos, especialmente durante la gestión anterior.

En el área de control de empresas y entes descentralizados, a cargo de la Dra. Matilde Morales, se identificaron 85 juicios de cuentas abiertos, con un preocupante 22% de expedientes cuya instancia procesal ni siquiera se conoce por “falta de información en el sistema”.

La gravedad alcanza incluso a la falta de acceso de la presidenta del Tribunal a los expedientes físicos y digitales, lo que refleja una desconexión interna inédita en la historia del organismo. Entre los casos más extremos, figuran juicios de cuentas sin avances desde los años 2014 a 2016, correspondientes a Vialidad Provincial y Comunicación Televisiva Santacruceña.

En otro pasaje el informe menciona que lo que hoy existe es “un organismo que solo en apariencia cumpliría el cometido institucional tan esencial de controlar el gasto del Estado”. La advertencia no deja lugar a dudas: la complicidad y la omisión sistemática durante los últimos años perjudicaron a toda la ciudadanía santacruceña.

Desde la Legislatura provincial anticiparon que analizarán en profundidad el informe, y que este podría derivar en medidas concretas para revisar el funcionamiento y la composición del Tribunal de Cuentas, con el objetivo de garantizar que el organismo recupere su rol de contralor efectivo del uso de los fondos públicos.