SANTA CRUZ – Es el clima que se percibió en la reunión de la Comisión Provincial de Salud Animal, convocada en el Consejo Agrario Provincial.

La reciente suspensión, hasta el próximo 16 de junio, de la Resolución 180/2024 del Gobierno Nacional no logró disipar la preocupación entre los productores patagónicos, quienes advierten sobre el grave riesgo sanitario, económico y comercial que implica la eventual entrada en vigencia de la norma que flexibiliza la histórica barrera zoofitosanitaria del río Colorado.

La medida, dispuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), habilita el ingreso de carne con y sin hueso desde zonas del país libres de fiebre aftosa con vacunación hacia regiones que, como la Patagonia y el partido de Carmen de Patagones, ostentan el estatus de libres de fiebre aftosa sin vacunación. Este estatus diferencial no sólo es un sello de calidad sanitaria, sino una ventaja competitiva clave para las economías regionales en los mercados internacionales.

A pesar de que la entrada en vigencia de la resolución fue postergada, su sola publicación generó impactos inmediatos en el sector: productores bovinos del sur reportaron dificultades en la comercialización de terneros y novillos, ante la incertidumbre que reina sobre la continuidad del régimen sanitario actual. “El daño ya está hecho”, afirman referentes del sector, que ven amenazada la estabilidad de sus canales de venta y exportación.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se expresó un firme rechazo a la flexibilización, al tiempo que se reafirmó el compromiso con la defensa del estatus sanitario de la región.

Autoridades provinciales solicitaron la derogación definitiva de la resolución y propusieron avanzar hacia una estrategia nacional que unifique los criterios sanitarios, con el objetivo de que toda la Argentina sea declarada libre de fiebre aftosa sin vacunación, condición ya alcanzada por países vecinos como Brasil y Bolivia. Esta categoría sanitaria podría ser ratificada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) el próximo 6 de junio.

Asimismo, se planteó la necesidad de diseñar un plan integral de erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina, enfermedades que afectan directamente la productividad y competitividad de los rodeos santacruceños, y cuya eliminación representaría un paso decisivo para consolidar una ganadería regional robusta y con proyección exportadora.

El malestar de los productores no es exclusivo de Santa Cruz. Desde Río Negro, Chubut y otras provincias patagónicas, entidades rurales y cámaras empresarias también se pronunciaron en contra de la resolución, al considerarla una medida inconsulta que pone en riesgo décadas de trabajo sanitario coordinado entre los sectores público y privado. “Estamos ante un retroceso innecesario que puede costarnos muy caro”, advirtieron desde la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS).

A pocos días de una definición oficial, el sector agropecuario patagónico continúa en estado de alerta, con la mirada puesta en el Gobierno Nacional y la expectativa de que se escuche el reclamo unánime de productores, técnicos y autoridades provinciales que insisten en la necesidad de proteger un patrimonio sanitario que costó décadas construir.