SANTA CRUZ.- La presentación la hizo el excamarista Diego Lerena quien fue destituido en septiembre del año pasado por haber liberado a un detenido en una causa por abigeato. El pedido de juicio político fue presentado el 2 de diciembre de 2024. Lerena acusa a la vocal del Tribunal Superior de haber ocultado su vínculo parental con uno de los querellantes en la causa que condenó a Oscar Núñez.
El 20 de septiembre de 2024 el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los Dres. Hugo Amadeo Figueroa y Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández, destituyó del cargo de Juez de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial al , doctor Diego Lerena y lo inhabilitó en adelante a ejercer cargos dentro del Poder Judicial.
Lerena había sido designado en el cargo de juez de Cámara por Decreto Provincial nº 1095/18 firmado por Alicia Kirchner, y juró en el cargo el 16 de noviembre de 2018.
En su resolución de fecha el Tribunal detalla que esta medida se enmarca dentro de la Ley Nº 28, la cual estipula que las faltas graves pueden llevar a la destitución e inhabilitación de jueces.
La causal determinante del desplazamiento del magistrado fue su actuación como juez subrogante en diciembre de 2023 cuando resolvió un hábeas corpus a favor de Oscar Núñez, concediéndole la libertad mientras cumplía una condena de diez años de prisión por cuatro casos de abigeato.
La respuesta de Diego Lerena
El 02 de diciembre el excamarista presentó en la legislatura un pedido de juicio político contra la doctora Reneé Guadalupe Fernández, vocal del Tribunal Superior de Justicia, y presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento por dos causales: falta a los deberes de funcionario público, e incumplimiento de la obligación de inhibirse.
Uno de los cuestionamientos a la dra Reneé Fernández señalado por Lerena en su presentación es, "la parentalidad que la une con uno de los querellantes en causa seguida contra imputado Oscar Nuñez", no obstante lo cual actuó en diferentes instancias en el expediente que investigó la causa de abigeato.
Lerena explica su acusación con palabras de la propia dra Reneé Fernández: "Tras ser recusada, en fecha 19/09/2023 la vocal Fernández, se “excusa" de entender en los autos mencionados, invocando que, la esposa del Sr. Gonzalo Sánchez, Sra. Sandra Fernández y mi esposo, son hermanos. Que, bajo este marco, debo subrayar que mi inhibición tiene por objeto evitar cualquier recelo sobre el equilibrio y objetividad que debe guiar la actuación de los jueces, velando, de este modo, por el mantenimiento de la imparcialidad de los magistrados al momento de resolver una causa…".
Por esta razón Lerena interpreta, "En efecto, siendo la esposa de la víctima (cuñada de la Dra. Fernández) considerada damnificada, es una persona que tiene tanto interés en el resultado del pleito como lo tiene su esposo, y por tal circunstancia, aunque no se constituya en parte, es considerado interesado como lo prescribe el art. 50 del código procesal penal", sostiene el excamarista.
Afirma que, la doctora Reneé Fernández "se mantuvo en la causa de su pariente, en modo silencioso, mientras nadie advirtiera tal circunstancia. Y cuando sale a la luz la realidad parental con la recusación, ella -aparentando normalidad ante tamaña estafa ética-, se "inhibe" de proseguir interviniendo", sostiene, aunque observa que la excusación llegó "cuatro años mas tarde".
El otro punto que Lerena considera causal de juicio político a la vocal del Tribunal Superior, es su designación como presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento que lo destituyó.
Manifiesta que la resolución del TSJ del 03/06/2024 omitió "la exigida participación de la Legislatura en el acto de puesta en funcionamiento e integración del órgano extrapoder constitucionalmente habilitado para juzgar conducta de magistrados y funcionarios en el ejercicio de sus funciones".
El pedido de juicio político fue presentado en la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 2024 pero no llegó a ser tratado ese año. Según fuentes de la legislatura, el trámite podría tener tratamiento legislativo en la primera sesión de marzo de este año.