SANTA CRUZ.- En un nuevo escándalo que sacude a la industria pesquera patagónica, se detectó un camión cargado con langostino fresco que había salido desde una planta de Arvi S.A. en Trelew, Chubut, con destino a la planta ex Barilari en Caleta Olivia, Santa Cruz. La planta está actualmente tomada por trabajadores de las cooperativas que la administraban desde que el gobierno provincial la expropió en 2009. La medida gremial obedece a que el gobierno actual reemplazó la conducción de la pesquera, aunque garantizó los puestos laborales. Una de las irregularidades detectadas es el ingreso de productos de origen ilegal.

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, confirmó que se presentarán denuncias penales y se aplicará una multa superior a los 100 millones de pesos a los responsables. “Esto no lo podemos permitir porque, además de generarle un problema a la provincia de Santa Cruz, nos genera a nosotros la pérdida de puestos de trabajo y procesamiento de materias primas”, declaró Arbeletche a medios locales.

Según publicó hoy el sitio especializado, Mar y Pesca Noticias Patagónicas, el caso involucra a dos empresarios pesqueros: Franco Massari, de Mar del Plata, y Luis Salomón, propietario de buques de la flota de Rawson. Ambos están bajo investigación por formar una presunta asociación ilícita para trasladar langostino de manera ilegal entre provincias. Según fuentes del sector pesquero, el camión fue detenido al intentar ingresar al establecimiento ex Barilari con documentación falsificada.

Modus operandi y documentación adulterada

El fraude se descubrió por una guía de tránsito emitida por Arvi S.A. y que habría sido falsificada por Luis Salomón. En los documentos, el destino declarado de la mercadería era el establecimiento 3758, perteneciente a Conarpesa en el puerto de Caleta Paula. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el verdadero destino era la planta ex Barilari, donde las cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre completaban el proceso de “blanqueo” del producto.

El entramado también incluye la participación de una inspectora de la Secretaría de Pesca de Chubut, quien habría autorizado la documentación adulterada. Además, se confeccionó un permiso de tránsito restringido avalado por autoridades de Senasa para justificar el traslado del langostino hasta la planta en conflicto.

Acciones legales y repercusiones

Chubut ya adelantó que denunciará penalmente a los empresarios involucrados. La maniobra no solo afecta a las economías locales, sino también al empleo y al cumplimiento de normativas pesqueras.

“Es fundamental que este tipo de acciones sean sancionadas con toda la fuerza de la ley. No podemos permitir que intereses particulares atenten contra las provincias y sus trabajadores”, remarcó Arbeletche.

El caso continúa en investigación y promete revelar más detalles sobre un esquema de contrabando que pone en jaque a la actividad pesquera patagónica.

El origen del conflicto que derivó en la toma de la planta

El ministro de la Producción, Gustavo Martínez, explicó que "la planta fue expropiada en el año 2009 que está bajo jurisdicción de la provincia”, comenzó explicando el ministro y agregó que a esta planta “se le dio un derecho a uso a las dos cooperativas que desde el 2009 lo estuvieron usufructuando hasta ahora, que se tomó una decisión diferente con la responsabilidad de que se cumpliese con todas las normas de ley, con la responsabilidad de que se cuidara la planta, y la realidad es que lo que hemos visto en el año pasado es que estas cooperativas firman contratos con empresas pesqueras y no los cumplen”, explicó.

Sobre este punto, Martínez señaló que “se han generado acciones judiciales y el Gobierno provincial a través del Ministerio de Trabajo realizó las inspecciones pertinentes más de una vez, donde se detectaron muchas irregularidades”.

Martínez explicó que, aun en este contexto de mal manejo administrativo por parte de las cooperativas actuales, el Gobierno Provincial tomó la decisión de asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores de la planta.

"El 100% de las personas que hoy trabajan en la planta Barillari tienen garantizado su puesto. No vamos a sacar a nadie, pero sí cambiaremos la administración del usufructo por las irregularidades detectadas, muchas de las cuales ya fueron judicializadas", aseguró.

Las cooperativas serán reemplazadas por otras organizaciones de la localidad con experiencia en el procesamiento de productos pesqueros. Según el ministro, este cambio busca establecer un modelo de gestión eficiente y transparente que respete las normativas laborales y ambientales.

Sobre las irregularidades en la conducción de la Planta, el ministro subrayó que están identificadas y que incluyen incumplimientos de contratos con empresas pesqueras, acumulación de deudas millonarias y el ingreso de productos de origen ilegal. "La deuda con Servicios Públicos Sociedad del Estado supera los 36 millones de pesos, y hemos detectado langostino de procedencia ilegal ingresando a la planta, lo cual es gravísimo. Esto pone en riesgo no solo a la planta, sino a toda la economía pesquera de Santa Cruz", enfatizó.