SANTA CRUZ.- Así lo explica el Subsecretario de Industria, Matías Cortijo, para quien el RIGI constituye una oportunidad única para el crecimiento y el progreso de la provincia.

Luego que la Cámara de Diputados convirtiera en ley la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un informe oficial detalla las ventajas comparativas que posiciona a Santa Cruz en el contexto de las ocho provincias argentinas que ahora están incluidas en el marco jurídico que promete atraer inversiones por encima de los 200 millones de dólares.

Como toda ley que propone cambios profundos más allá de lo que luego resulte de la aplicación de la misma, la adhesión de la provincia de Santa Cruz al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), despertó rechazos y adhesiones aunque no siempre con argumentos que aporten claridad a un debate que con la aprobación de la ley adquiere mayor significancia y urgencia.

La voz oficial más autorizada para explicar el tema es la del Subsecretario de Industria, Matías Cortijo, para quien el RIGI constituye una oportunidad única para el crecimiento y el progreso de la provincia.

El primer punto es que el RIGI es una Ley Nacional que fue aprobada en el Congreso, a la que ya ocho provincias adhirieron. Se trata de un régimen busca atraer inversiones de capital de más de 200 millones de dólares.

Para convocarlas el RIGI ofrece una serie de beneficios fiscales, contables y económicos a las empresas que fomentan la inversión. Dentro de esos beneficios impositivos se destacan, la reducción en el impuesto a las ganancias del 35% al 25%, como así también beneficios contables referidos al IVA, y un régimen especial de amortización. "De ningún modo afecta los impuestos municipales, ni provinciales, ni de ninguna índole que pueda perjudicar al estado provincial", remarca Matías Cortijo.

Sostiene que a su vez, "el RIGI también disminuye el riesgo país y el riesgo provincia ya que establece condiciones claras para las empresas interesadas en invertir, que garantizan estabilidad y protección durante los próximos 30 años, en base a la duración promedio de los ciclos extractivos de petróleo, gas y minerales".

De esta forma se busca generar confianza en las empresas con intenciones de invertir, "de que un nuevo gobierno intente cambiar las reglas del juego y ponga en riesgo la rentabilidad de esas inversiones".

Asimismo, establece un plazo máximo de dos años para que las empresas interesadas puedan presentar sus respectivos proyectos y comenzar a invertir en la provincia.

Una de las áreas donde el gobierno pone expectativas es en el aprovechamiento y explotación de los remanentes de los yacimientos maduros que cumplieron su ciclo de vida útil y actualmente se encuentran en proceso de cierre; lo que significaría para la provincia recuperar regalías que hoy por hoy son el principal sostén económico de la provincia, y que mermaron en los últimos años tras la partida de empresas como YPF.

Otro de los puntos que generan controversia es el relativo al pasivo ambiental. El gobierno aclara que en virtud de que el RIGI no contiene ninguna cláusula al respecto, "cualquier proyecto enmarcado en esta Ley si o si deberá respetar y atenerse a la legislación y normativa vigente en Santa Cruz en materia medioambiental".

En cuanto a los efectos inmediatos producidos por la radicación en Santa Cruz de empresas a instancias del RIGI, "se priorizará la contratación de mano de obra local, lo cual se traduce en más fuentes de empleo directo e indirecto a través de PyMes locales" que intervienen en estos emprendimientos a través de productos y servicios tales como proveedores", concluye el funcionario.