EL CHALTÉN.- El fallo declaró nula la resolución que lo desplazó del cargo por inconstitucional a raíz de una denuncia en su contra por violencia laboral y de género. El juez consideró que las autoridades del Concejo vulneraron el debido proceso. El fallo fue apelado por las autoridades del cuerpo cuestionando que el juez actuó sin perspectiva de género. Moreno Hueyo considera que la apelación costará más dinero al estado municipal que ya tiene que pagar las costas del amparo.
Con fecha 16 de diciembre el Juez, Alberto Ludueña, titular del Juzgado Provincial de Primera Instancia N° 1 en lo civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, de El Calafate, declaró nula la resolución 402/HCDCH/2024 por motivos de inconstitucionalidad "habiendo vulnerado el debido proceso en el marco del expediente 011/HCDCH/2024".
Es en el marco de los caratulados “MORENO HUEYO IGNACIO c/ CONCEJO DELIBERANTE DE EL CHALTEN s/ ACCION DE AMPARO” Expte. N° 4083/24,
La sentencia señala que no hay pruebas producidas en el ámbito administrativo respecto al clima hostil en el ámbito del Concejo Deliberante como argumentó la medida de suspensión, y que con su accionar el concejo asumió el rol de "Directora del proceso judicial", según se lee en el fallo.
En otro párrafo la resolución del juez Ludueña señala que con la resolución 402/HCDCH/2024 "se ha vulnerado el debido proceso en el marco del expediente administrativo 11/HCDCH/2024, correspondiendo declararse la inconstitucionalidad del proceso administrativo y consecuente nulidad de su resolución N° 402//HCDH/2024/2024.
El Magistrado de la Causa rechazó los planteos del Concejo Deliberante de El Chaltén, que cuestionó la competencia del juzgado de El Calafate por considerar que los conflictos internos entre autoridades municipales deben ser resueltos por el Tribunal Superior de Justicia. Sobre este punto el juez Ludueña expuso que la competencia del Juzgado a su cargo, no es una cuestión política no judicializable y que no existe defecto Legal en la presentación, al tiempo que ratifica la procedencia de la vía elegida por el concejal y da por agotada la vía administrativa.
Qué dijeron las partes
"Yo estoy reintegrado en mi cargo", precisó el concejal Moreno Hueyo, "ayer fui a trabajar incluso fui a cumplir mis funciones como presidente de la Comisión de Legislación pero la misma no se produjo porque no se presentaron los concejales", comentó.
No obstante se mostró prudente respecto de los tiempos judiciales, "todavía está abierto el período de apelación, así que hasta que esa apelación no se realice y ver en qué situaciones estoy prefiero trabajar desde mi casa o desde la computadora", señaló.
En cuanto a una eventual confirmación de la medida judicial ahora apelada por el Concejo Deliberante, y si iniciaría acciones contra las autoridades del Concejo que lo desplazaron de su banca, Moreno Hueyo expresó, "merecen que inicie acciones porque esto es absolutamente inconstitucional y fueron en contra de mis derechos individuales, en contra de los derechos de mis representados", manifestó.
Cuestionó la penalización que le aplicaron, "esta suspensión preventiva, no existe tipificada en ningún tipo de reglamento nacional provincial o municipal. Fue absolutamente arbitraria y con la única finalidad de proscribirme, es absolutamente ilegal y creo que tendrían que tener consecuencias legales", enfatizó.
Indicó que "incluso el juez les ha obligado a pagar las costas del amparo a pagar mis costas del amparo, así que si yo iniciaría acciones después de todo el material injurioso que inescrupulosamente el Concejo manejó, yo podría tomar acciones contra los concejales o contra el Concejo, pero lamentablemente soy un concejal no tengo los recursos como para enfrentar semejante tarea. Así que, por el momento, vamos a esperar", afirmó.
Por su parte la presidenta del Concejo Deliberante, Elizabeth Romanelli sostuvo: “creo que el juez redactó una sentencia fría, sin ningún tipo de perspectiva de género. Se nota que no conoce la realidad de El Chaltén, con una población de dos mil habitantes donde todos convivimos diariamente. Parece una sentencia redactada en una ciudad, y aquí en El Chaltén tenemos una convivencia diaria. No estamos conformes con lo que el juez sentenció”, declaró a FM Dimensión de EL Calafate.
No obstante remarcó, “más allá de la apelación, vamos a aceptar la decisión de la justicia”.
Moreno Hueyo considera que la apelación costará más dinero al estado municipal que ya tiene que pagar las costas del amparo. Incluso cuestiona que el Concejo Deliberante, "contrató y le pagó a un estudio jurídico para la defensa ante el amparo, cuando el Concejo tiene un asesor jurídico que debería hacer este trabajo", indicó.
La historia del caso
El concejal Ignacio Moreno Hueyo fue apartado de sus funciones a raíz de una denuncia en su contra por violencia laboral y de género radicada por una secretaria que por este motivo renunció al cargo. Ante esta denuncia el concejal presentó un amparo judicial solicitando su reincorporación.
La medida de suspensión, adoptada en la 11ª sesión ordinaria del 12 de septiembre, se tomó "para resguardar la integridad del personal que trabaja en el órgano legislativo y garantizar un ambiente de trabajo seguro". La presidenta del Concejo, Elizabeth Romanelli, defendió la legalidad de la suspensión, señalando que se realizó conforme al reglamento interno y que es una decisión transitoria a la espera de la resolución judicial.
La defensa del Concejo argumenta que la acción de amparo promovida por Moreno Hueyo en el Juzgado N°1 de El Calafate, "es improcedente, ya que la decisión de suspensión no es definitiva, sino un acto preparatorio dentro de un proceso administrativo". Además, sostiene que esta medida cuenta con presunción de legitimidad y cumple con todas las garantías del debido proceso. "La suspensión busca proteger el respeto y el profesionalismo en el ámbito del Concejo", expresó Romanelli.
La presidencia del Concejo Deliberante presentó ante el juzgado N° 1 de El Calafate una defensa detallada en la que argumenta que la suspensión preventiva de Moreno Hueyo se realizó conforme a derecho y en cumplimiento del reglamento interno. La medida es de carácter transitoria y está sujeta a la resolución de la justicia, que evaluará el fondo de la cuestión.
La defensa del Concejo también cuestionó la competencia del tribunal que recibió la demanda, -afirmando que los conflictos internos entre autoridades municipales deben ser resueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. La presidenta enfatizó que el concejal tuvo múltiples oportunidades para presentar pruebas y ser escuchado durante el trámite del expediente.
El conflicto que ahora sumó un nuevo capítulo que pone en tela de juicio el accionar de las autoridades del Concejo Deliberante, se inició el 4 de marzo de 2024, cuando una ex secretaria del bloque Encuentro Vecinal presentó su renuncia, alegando maltrato y violencia de género en el trabajo.
Tras esta denuncia, se inició un expediente administrativo que culminó en la suspensión de Moreno Hueyo, con los votos positivos de los concejales Estefanía Leyes (EV) Heber Zella (UP) Carlos Tico (UP) y Elizabeth Romanelli (UP).