SANTA CRUZ.- Así lo afirmó el titular de la cartera de Trabajo, quien cuestionó que la provincia no haya construido obras o haya abandonado otras a pesar de haber recibido fondos nacionales.
El ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, confirmó que la provincia está ultimando los detalles del plan de obras públicas que el gobierno proyecta para iniciar este año y que financiará con fondos de la provincia. Aunque todavía no se dio a conocer el detalle de las obras a construirse.
"Volver a tener obra pública en la provincia es sumamente importante, porque genera trabajo, que justamente tienen que ver con la UOCRA", señaló el funcionario en relación al gremio que atraviesa una fuerte desocupación por la paralización de la obra de las represas sobre el Río Santa Cruz.
El ministro Gutiérrez destacó, "este es un anuncio de obra pública que hace muchos años no se hacían con fondos provinciales", señaló, "había obras que se habían iniciado con fondos nacionales y que muchas no se terminaron y la plata estaba", enfatizó.
Apuntó a las gestiones cuando indicó: "me arriesgaría a decir que en 16 años es la primera vez que se van a hacer obras públicas con fondos provinciales, y esto se puede hacer y estamos orgullosos y así lo manifestó el gobernador, porque hemos sido responsables en el manejo de los dineros públicos", señaló Gutiérrez.
Durante el período aludido por el ministro, estuvieron al frente del Poder Ejecutivo, Daniel Peralta, 2007-2015; y Alicia Kirchner, 2015 -2023, y en ese lapso no se construyeron obras públicas de relevancia, ni se entregaron viviendas con fondos provinciales.
Además gran parte de ese período es el que juzgó el juicio conocido como "la causa Vialidad", que investigó irregularidades y el direccionamiento de 51 obras destinadas a Santa Cruz y construidas por el grupo de empresas de Lázaro Báez.
Rutas, autovías, pavimentación de calles, fueron entre otras, obras que investigó la justicia y en las que detectó sobreprecios, fallas de construcción, o abandono injustificado de las mismas.
La justicia halló responsables de maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado, a Cristina Fernández y a varios de sus funcionarios, y al dueño de Austral Construcciones, a quienes condenó a 6 años de prisión más la aplicación de embargos sobre sus bienes por una suma total superior a los $84.000 millones.