SANTA CRUZ.- La norma busca evitar que la anunciada suba de tarifas impacte en la provincia, teniendo en cuenta que se trata de una zona fría donde la demanda de los servicios aumenta considerablemente por las bajas temperaturas. La declaración de servicio esencial de estos servicios es hasta el 31 de diciembre y es prorrogable.

Por unanimidad la Legislatura sancionó hoy la Ley de Emergencia Alimentaria y Administrativa y de Emergencia Energética, ambas normas otorgan herramientas al gobierno provincial para agilizar las acciones del Estado en la prestación de insumos y alimentos en el área de Educación, Salud y Desarrollo Social, y encarar reclamos ante Nación y eventualmente iniciar acciones judiciales para frenar los aumentos de las tarifas.

El estado de emergencia tendrá plazo de duración de tres meses a partir de su entrada en vigencia, pudiendo ser prorrogado con la anuencia del Poder Legislativo.

De la Ley de Emergencia Energética

La misma establece su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, entendiendo que el gas y la electricidad son servicios esenciales debido a las bajas temperaturas y condiciones climáticas extremas de nuestra provincia. Esta emergencia podrá prorrogarse por igual periodo, siempre y cuando tenga la aprobación del Poder Legislativo.

La Ley faculta al Poder Ejecutivo Provincial a arbitrar las medidas necesarias y agotar todas las instancias a los fines de evitar aumentos desmedidos en las tarifas de los servicios públicos de gas y de electricidad.

Además, promueve proteger a los ciudadanos de aumentos injustificados y desproporcionados en los servicios públicos, garantizando así su acceso a la energía a precio justo y razonable; pudiendo prorrogarse por el gobierno provincial por igual periodo.

En los considerandos del proyecto aprobado, el Ejecutivo indica que el mismo, surge en respuesta a la situación de crisis que enfrenta la provincia debido a la reducción de la coparticipación y programas de asistencia por parte del Gobierno Nacional, los cuales han sido eliminados por la administración actual; como así también recientes medidas gubernamentales como el aumento exorbitante de tarifas eléctricas y la dolarización de precios del gas han impactado negativamente en los habitantes de la provincia con aumentos que llegan hasta el 1.000% para los usuarios de gas licuado de petróleo y hasta el 2.339% para la potencia contratada en electricidad.

De la emergencia Alimentaria y Administrativa

La ley aprobada hoy agiliza la compra de bienes y servicios para áreas esenciales en Salud, Educación y Desarrollo Social.

Por otra lado se autoriza al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Ministerio de Salud y Ambiente, y Consejo Provincial de Educación, a contratar de manera directa y excepcional por el término antes citado, la ejecución de obras, la provisión de bienes, servicios y alimentos que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de las funciones estatales, mantenimiento de la infraestructura y la provisión de servicios públicos, durante el plazo de vigencia de la emergencia declarada.

En tanto, se crea una comisión de seguimiento de la ley en el ámbito legislativo, integrada por 3 legisladores a razón de uno por cada bloque parlamentario, la cual deberá requerir al Poder Ejecutivo y/o a los órganos de contralor internos y externos, la información que considere necesaria y realizar observaciones propuestas y recomendaciones que estime pertinente. A su vez, se invita a Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a la Ley.

“Entendiendo que la situación macroeconómica actual ha generado una serie de desafíos para el Sector Público Provincial en cuanto a la provisión de servicios esenciales, la ejecución de obras, la compra de alimentos y la adquisición de suministros. La falta de actualización de precios, el aumento sostenido de la inflación y la consecuente dificultad para establecer precios de mercado, han impactado negativamente en los procesos de contratación pública”, fundamentan los considerandos del proyecto.

Más adelante señala que la situación descripta se ha evidenciado en los últimos meses en hechos concretos que son de público y notorio conocimiento: falta de insumos médicos, derrumbe de mamposterías y de falta de calefacción en edificios escolares, la necesidad urgente de proveer alimentos y la copa de leche, entre otros.