SANTA CRUZ.- Es porque el vocal del máximo órgano judicial de la provincia no acredita los requisitos mínimos que la Constitución Provincial para ejercer el cargo, al cual accedió luego de fungir como Agente Fiscal cargo para el cual tampoco reunía las condiciones previstas en la ley Uno. El denunciante aporta entre otras pruebas que Basanta legalizó su título de abogado en febrero de 2016 cuando ya era ministro de Gobierno. De prosperar la denuncia, el fiscal y la jueza de instrucción, Marcela Quintana, debería solicitar el desafuero de él, y, también, la Cámara de Diputados impulsar el juicio político a Basanta.

El abogado Sergio Macagno,  denunció al vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por no reunir los requisitos exigidos en la Ley Uno y por la Constitución Provincial, para ejercer los cargos de Agente Fiscal primero, y luego como vocal en el máximo órgano del Poder Judicial de Santa Cruz, cargo que ocupa actualmente. 

En ambas ocasiones Basanta fue nombrado por la entonces gobernadora, Alicia Kirchner, con aprobación de los diputados del Frente de Todos.  

Macagno, quien fue candidato al Consejo de la Magistratura en las últimas elecciones en representación del SER, el partido del gobernador Claudio Vidal, señala que la denuncia la realiza, "en mi condición de ciudadano interesado y por ser abogado del foro directamente afectado por lo denunciado".

Antes había realizado dos denuncias ante la Fiscalía de Estado de la Provincia, con fecha 15 de diciembre de 2023 y 15 de febrero de 2024, las que fueron respondidas el 28 de febrero de 2024 por Nota N° 40/FE/2024,
en la cual el Fiscal de Estado le manifestó: "no es competencia de este organismo impulsar investigaciones o denuncias a pedido de particulares”… y agrega: “…pongo en su conocimiento que en caso de considerarlo pertinente podrá ud., en su calidad de ciudadano interesado, realizar las denuncias que considere pertinentes ante la autoridad competente.”, fue la respuesta que recibió. 

El historial de Basanta

En su presentación realizada ante la fiscalía N°2 ante los juzgados de Primera Instancia, Macagno señala que en diciembre de 2015, la entonces gobernadora Alicia Kirchner firmó el decreto provincial N° 001/15, designando a Fernando Basanta ministro de Gobierno donde se desempeñó hasta el 9 de diciembre de 2019. Durante ese lapso Basanta no podría haber ejercido la profesión de abogado por la incompatibilidad prescrita en la Ley de Ministerios. 

"Por lo dicho, desde el 4 de febrero de 2016 -fecha de legalización del título de abogado y el 9 de diciembre de 2019 -cese en el cargo de ministro de
Gobierno-, por aplicación de la LEY 3480, no hay forma de que pueda computarse antigüedad en “ejercicio de la profesión de abogado”, al menos legal y creíblemente", reza la denuncia.

"Nunca -ni antes ni después- se matriculó ni ante el TSJ ni ante ningún colegio de abogados", sostiene Macagno, y añade: "tampoco se le conoce actuaciones profesionales en materia del derecho, ni docente ni haber
realizado alguna especialización jurídica". 

Cuatro años después, el 27 de diciembre de 2019, por Decreto 139/19l, la entonces gobernadora Alicia Kirchner le acepta la renuncia como ministro de Gobierno, y lo designa Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía Número 1. "con cero años de ejercicio de la profesión de abogado", se lee en la denuncia. 

El 05 de mayo de 2022, Alicia Kirchner envía a la legislatura provincial la terna de postulantes al cargo de Vocal en el Tribunal Superior de Justicia, uno de los tres nombres propuestos es el del Fiscal, Fernando Basanta: "a esa fecha  al servidor público propuesto sólo se le puede computar dos años, seis meses y una semana en el ejercicio de su cargo judicial", afirma Macagno. 

A confesión de parte

Al recibir la Legislatura la propuesta, la Comisión de Asuntos Constitucionales integrada por los legisladores del Frente de Todos, Martín Chávez, Rocío García, Matías Mazú, y Claudio Barría,  emite el Despacho N° 071/2022 del día 23 de agosto de 2022 en el que -según la denuncia- "no objeta la violación de los requisitos mínimos, al contrario: el informante alardeará en la sesión de que , no es necesario que los tenga",  apunta Macagno en su denuncia. 
 
Una aseveración que defendió en el recinto el diputado, Martín Chávez,  en la sesión del 8 de setiembre de 2022, cuando fue tratado el acuerdo para ungir juez superior a Basanta: “…hoy estamos afirmando que no tenía los años de título, tampoco los tenía al momento de haber sido designado en una fiscalía…”, según la transcripción textual que obra en la presentación judicial. 
 
Cabe consignar que Martín Chávez es abogado y fue miembro del Consejo de la Magistratura. 
 
La votación que aprueba la designación de Basanta fue por 16 votos afirmativos del Frente de Todos, 4 por la negativa y 3 abstenciones.
 
La Ética, la justicia y el Jordán

Macagno cita la Ley de Ética Pública N° 3325, que en su Artículo 3°  consigna: “…Repugna al sistema republicano la transmisión hereditaria, cesión, venta, o favoritismos de cargo público. Nada desacredita más una gestión gubernativa o administrativa que los nombramientos arbitrarios; y lo son, cuando los nombrados carecen de idoneidad técnica y moral sobre todo esta última", señala.

Y añade: "es un error grave considerar que un nombramiento tiene el valor de un Jordán purificador, un nombramiento no da autoridad moral y profesional. Sin una cultura cívica y republicana desarrollada convenientemente, es muy difícil hacer prevalecer el sentido jurídico y ético-político de la función pública”; remarca Macagno.

Para el caso denunciado la norma incrimina dos tipos de delito: la proposición o nombramiento para cargo público de quien no posee los requisitos legales (art.253, párr.1°), y la aceptación ilegal del cargo (art.253, párr.2°). 

Por este motivo el denunciante pide que se investigue, tanto al vocal Basanta, como a quienes lo ungieron en los cargos, la exgobernadora, Alicia Kirchner, y los diputados del Frente de Todos que dieron aval legislativo a las designaciones, y a los integrantes del Poder Judicial que admitieron que él se integre al Tribunal Superior sin pronunciarse respecto a la ausencia del requisito esencial que manda la Constitución Provincial.  

De prosperar la denuncia, la justicia debería pedir el desafuero del Dr. Basanta y la Cámara de Diputados iniciar el proceso de juicio político.