SANTA CRUZ.- Los trabajadores judiciales reiteran el pedido de convocatoria a paritarias, dado que las primeras categorías siguen percibiendo sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Cuestionan la falta de independencia presupuestaria del Tribunal Superior. Dicen que acompañarán todas las denuncias que procuren mayor transparencia, y reclaman por las denuncias contra jueces y secretarias que no avanzan en los juzgados.

Plantean que el último ofrecimiento salarial del TSJ al gremio fue de 18% en dos cuotas a pagar en enero y febrero, "lejos está de poder alcanzar a la inflación creciente y menos, para poder solventar la canasta básica en Santa Cruz ni garantizar la calidad en la justicia que el gremio viene reclamando desde hace años".

Argumentan que la inflación de 25, 5% en diciembre, y de enero, que se proyecta en el 20% para el mes siguiente.

Judiciales advirtió a fines del 2023 que el salario de los empleados judiciales de las primeras categorías se encontraba bajo la línea de la pobreza, por lo que los sueldos ahora están más depreciados que nunca en una economía que no repunta, y por el contrario, recrudece, sumado a no haber tenido ninguna recomposición salarial en enero.

Es urgente, considera Judiciales, que para la próxima reunión paritaria que se realizará el 21 de febrero, el TSJ asegure una ampliación presupuestaria para el Poder Judicial, no sólo para poder cubrir la suba de sueldos, sino también para el propio funcionamiento de la justicia, ya que los recursos han quedado desactualizados.

Cuestionan que "Continua sin existir independencia del Poder Judicial, lo que vuelve a demostrar no solo la falta de independencia de poderes, advertida en innumerable de oportunidades por Judiciales, sino que además es claro el incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal (art.7 ley 25917)" .

Denuncias del Poder Ejecutivo y Judiciales

Como se informó oficialmente, el gobernador Claudio Vidal instruyó a la Fiscalía de Estado para que impulse las primeras dos denuncias penales contra la gestión anterior. Una de ellas para que se investigue la administración y contratación por parte del Estado Provincial, de diferentes Cooperativas de Trabajo. La restante, para que se investigue la contratación de servicios para el acto de asunción del nuevo gobernador, el pasado 10 de diciembre. Se sospecha sobreprecios y fraudes.

En este punto, Judiciales recuerda que ha sido denunciante ante el tribunal de cuentas, ante la justicia penal (CSS) como así también ante el TSJ, por diversas faltas de funcionarios y magistrados que se encuentran investigados por sumario desde hace más de un año.

El gremio solicitó, la toma de medidas institucionales hacia dos funcionarias, una sumariada y otra con denuncias por violencia laboral; como así también reclamó celeridad en denuncias en la localidad de El Calafate contra una Secretaria y contra un Juez.

Del mismo modo Judiciales acompañó la denuncia realizada por la Dra. Manuela Pons, en la cual expuso situaciones de maltrato en el Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, a cargo del Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero y las Secretarias Carolina Costes y Mariela Cisilino.

En tanque que en Río Gallegos, Judiciales exigió al TSJ la intervención de la OBL en el Juzgado de Familia Nº 3, luego de que la conducción del gremio conociera diversas situaciones que claramente configuran hechos de violencia laboral por parte de la magistrada a cargo, contra el personal administrativo y funcionarios.

Ingresos irregulares a la planta judicial

El gremio recuerda también que se realizaron presentaciones ante el Tribunal de Cuentas por los ingresos discrecionales al Poder Judicial , que luego derivaron en un amparo ante la justicia.

Los trabajadores también reafirmaron su compromiso con la transparencia institucional, recordando que acompañará todas las denuncias que se efectúen "en pos de que exista, de una vez por todas, transparencia, y al mismo tiempo, exige la celeridad correspondiente en las causas a cargo de los jueces".

Este fue uno de los puntos en los que el gremio también puso especial énfasis, porque se relaciona con una buena calidad en la justicia y porque fue y es uno de los planteos que la secretaria General, Alejandra Beroiz menciona en el pedido de audiencia realizado gobernador, que se reiterara en diciembre de 2023.

En la misma línea, Judiciales continúa litigando para acceder a la información pública y conocer el estado de los juzgados de Primera Instancia de Río Gallegos que cuenta en los informes de inspección de cámara realizados en 2022, y que fueran negados a pesar de tener sentencia favorable en primera instancia, ya que luego de la apelación del Fiscal de Estado, será la Cámara Civil la que deba resolver.