SANTA CRUZ.- Se conocieron más detalles de las denuncias del gobierno para que se investiguen irregularidades en los gastos de la ceremonia de asunción de Claudio Vidal, organizada por el área de protocolo del gobierno de Alicia Kirchner. Se contrató servicios en forma directa alegando razones de urgencia, y se pagaron $80 millones cuando en el expediente figuran presupuestos hasta tres veces menores.

Entre los puntos de la denuncia se menciona que se pagó $1600 por una botellita de agua que en el mercado ronda los $500, en tanto que presupuestaron un catering para 300 personas, cuyo costo alcanzó los $32.000 por persona.

"Esa fiesta se acabó. Empecé a presentar cargos criminales, como pidió @aliciakirchner", escribió en un posteo en Instagram el gobernador Vidal.

"Se pagaron sobreprecios que son una bofetada en la cara por cada niño sin clases, por cada familia sin hogar, por cada plato sin comida en la mesa de los santacruceños", expresó el mandatario.

La trama de la contratación

El área de Ceremonial de Alicia Kirchner tuvo cuatro meses para organizar el acto de asunción de Vidal. La Asesoría Letrada justificó contratación directa, que incluyó sobreprecios por la urgencia que implicaba la “proximidad del acto”, según consta en el mismo expediente.

Según pudo reconstruir el diario LA NACION con fuentes del gobierno de Vidal que participaron de la organización del acto, acercaron al área de Protocolo por lo menos tres presupuestos. El monto general, entre los servicios de transmisión, seguridad y el catering, rondaba los $ 30 millones. Sin embargo, los expedientes incluidos en la denuncia demuestran que se habrían pagado casi $50 millones demás.

La actual denuncia detalla que hubo expedientes paralelos: uno con los presupuestos presentados por la futura administración para la parte operativa del acto (una oferta era por $ 18 millones y otra por $ 26 millones) que quedó trunco y se abrió otro expediente en paralelo en el que se resolvió la contratación de una tercera empresa, a la que por los mismos servicios le pagaron en forma directa $ 69 millones.

En el caso del catering para 300 personas, la denuncia detalla que se pagaron $9,6 millones de pesos, cuando podrían haberse hecho por la mitad de precio. El mismo proveedor al que le pagaron $69 millones por la parte operativa, también le pagaron por el agua potable: por 300 pack de agua de 500 cc x 12 unidades, se aprobó el pago de $4,8 millones, tres veces más que el costo actual en el mercado se consigue por $1,8 millones. Es decir, en diciembre el gobierno de Santa Cruz pagó una botellita de agua a $1600 en lugar de $500.

Desde la Subsecretaria de Servicios Financieros de dicho Ministerio informaron que durante 2023 se contrató al mismo proveedor en reiteradas oportunidades en forma directa para proveer al estado de diferentes insumos por sumas millonarias. “Por esta razón se ha tomado la decisión de auditar cada una de las mismas, a fin de cerciorase de que se hayan efectuado en el marco de la ley, y no existan sobreprecios en las sumas contratadas”, según informaron desde la Fiscalía de Estado.

“Ha quedado en evidencia que los procedimientos de contratación, al menos en los Expedientes N° 337.114/2023 y N° 337.108/2023 no fueron ejecutados legalmente por los funcionarios del Ministerio, quienes cometieron graves irregularidades que afectaron el proceso de contratación, desviando la finalidad que deben perseguir, para obtener en el proceso el precio más conveniente”, argumentó el fiscal en la denuncia penal.

El fiscal de Estado solicitó en la denuncia que los funcionarios intervinientes sean investigados por fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Los datos en que se basa la denuncia penal surgen de las diferentes auditorías que el gobierno de Vidal está realizando en toda la órbita del Estado. A esta denuncia se suman otras en simultáneo que se hicieron en varios juzgados por irregularidades provinciales por la contratación de cooperativas de trabajo para las tareas de limpieza en escuelas y organismos públicos.

“La contratación que se solicita investigar tendría relevancia penal, ya que las exorbitantes sumas triplican el valor de lo presupuestado por otros dos proveedores para el mismo servicio, lo cual revela la irregularidad, discrecionalidad, y falta de transparencia en las contrataciones; así como también el extraordinario sobreprecio convenido por los ex funcionarios de dicho Ministerio, todo lo cual, denota una gravedad institucional de relevancia”, informaron desde la fiscalía de Estado.

Fuente: diario La Nación. Corresponsalía.