SANTA CRUZ.- El Ministro de Gobierno adelantó que exigirán a las Comisiones de Fomento, un compromiso financiero y fiscal para ordenar el gasto, "hay una toma indiscriminada de personal, algunos de los cuales ni siquiera residen en las localidades", afirmó el ministro Pedro Luxen.
Así como busca ordenar las cuentas de los municipios, para lo cual depende de la aprobación de la ley de Emergencia Económica pendiente en la Legislatura, el gobierno de Claudio Vidal también inició las gestiones para armonizar los gastos de las Comisiones de Fomento, principalmente en sueldos de personal que en su mayoría se abonan con dinero que envía la Provincia.
Un esquema de treinta años en el que los intendentes y comisionados de fomento deciden los gastos, pero las cuentas las paga el erario provincial, con el consentimiento de las partes.
Con este motivo el Gobierno Provincial citó a las cinco Comisiones de Fomento para el próximo 8 de enero, para que informen sobre todos sus gastos y erogaciones, para cumplir los objetivos fiscales y ordenar las cuentas financieras de las localidades.
El ministro de Gobierno, Pedro Luxen, aseguró que ordenarán "el gasto de las Comisiones de Fomento, porque vemos desequilibrios muy importantes que tornan imposible su sustentabilidad".
Observan que "hay una toma indiscriminada de personal, algunos de los cuales ni siquiera residen en las localidades", y aunque aclaran, "no estamos en contra de las Comisiones de Fomento, solo queremos que sean sostenibles y responsables, queremos conocer las cuentas y ayudar a ordenarlas", afirmó el funcionario.
El Gobierno pondrá la lupa sobre los gastos de personal y pedirá informes exhaustivos para comprobar que quienes perciben salarios públicos, residan efectivamente en cada localidad.
Luxen advirtió que "no queremos pagarle el sueldo a alguien que no trabaje o, peor aún, que ni siquiera viva en el pueblo", sentenció el funcionario.
La idea de la administración que conduce Claudio Vidal, es avanzar en acuerdos y compromisos financieros; y metas de equilibrio fiscal que permitan hacer sustentables a las comunidades que, dada su escasa posibilidad de ingresos propios actuales, dependen casi por completo de los aportes del Estado provincial.