BUENOS AIRES.- Son provincias donde aún hay gastos reservados u otros tipos de partidas sin control total de tribunales de Cuentas. La Nación también los conserva. Las figuras jurídicas que se usan para evitar el escrutinio público. Sólo 5 provincias respondieron el pedido de acceso a la formación de RUIDO, entre ellas Santa Cruz. El siguiente informe surgió del trabajo de investigación de la red de periodistas, y es el primero financiado con aportes de la audiencia.
Los gastos reservados son aquellas erogaciones de las administraciones públicas que, por razones de confidencialidad, permanecen ocultos al escrutinio público. Se trata, por lo general, de fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones policiales.
También existen otras partidas presupuestarias que, con otros nombres y por distintas razones, no se rinden con los mismos mecanismos que establecen los Tribunales de Cuentas provinciales para el resto de los gastos.
Y si bien se trata de ítems que tienden a decrecer o a desaparecer en muchos distritos, un relevamiento de Ruido detectó que 17 de las 23 provincias argentinas más CABA aún manejan algún tipo de esos fondos sin control.
El Poder Ejecutivo de Santa Cruz no tiene gastos reservados, confidenciales o de acceso ilimitado o restringido. Así surge de la respuesta al pedido de Acceso a la Información presentado por Ruido para este informe.
Allí detallan que la ley N°3755 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, sus modificaciones, su decreto reglamentario N° 1678/2022 y la Ley 500 no establecen excepciones en materia renditiva de los fondos del presupuesto ante el Tribunal de Cuentas.
En el siguiente documento figura el detalle provincia por provincia de los gastos reservados.
[embeddoc url="https://brotemedia.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/winfo/uploads/2023/11/VersionFinalGR-1.docx"]Los principales hallazgos fueron
El 70% de los gobiernos provinciales (17 de 24 distritos) manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondos sin control total de los tribunales de Cuentas. Los "gastos reservados" aún figuran en 11 provincias argentinas.
En 10 provincias existen además otros tipos fondos que no rinden cuentas: figuras jurídicas como "fiduciarias", "agencias" o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales, pero no efectúan rendiciones de sus gastos a través de los mecanismos reglamentados para el resto de la administración pública.
Algunas provincias usan estas empresas para distribuir -y ocultar- el detalle de la pauta oficial.
Sólo 5 provincias respondieron el pedido de acceso a la formación de RUIDO.
La Nación, si bien inició un protocolo de reducción de gastos reservados, aún dispone de ellos. Sólo Presidencia de la Nación tiene un fondo de 650 millones presupuestado para 2023, en ese ítem.
Esta falta de controles es un factor que propicia casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.
Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo de la audiencia de RUIDO, en la primera experiencia de crowdfunding de este medio, mediante la cual personas de todo el país aportaron donaciones de 1.000, 3.000 o 5.000 pesos.
Gracias a esa colaboración se pudo realizar este relevamiento, que expone la existencia de fondos incalculables que escapan al control de cuentas, por lo que pueden convertirse en grandes fuentes de corrupción.
Fiduciarias, agencias y "Sapem"
Por otra parte, en muchas de las provincias existen organismos descentralizados que no efectúan rendiciones de gastos de la misma manera que el resto. Adquieren la forma de “fondos fiduciarios” (Chaco), “agencias” (Córdoba) o “Sapem” (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, como en San Luis o Tierra del Fuego) que, en la práctica, o tienen socios privados en porcentajes exiguos, o bien carecen de ellos.
Son entes que manejan gran parte de los presupuestos provinciales y que, a diferencia de los ministerios, sólo presentan balances y libros generales, pero no las rendiciones al nivel de detalle que exigen los tribunales de cuentas para toda la administración pública.
En los casos de San Luis y Salta, por ejemplo, distribuyen incluso la pauta oficial, sin que se puedan conocer destinatarios y montos.
Presidencia, con 650 millones de gastos reservados
La Nación también mantiene aún gastos reservados. Al comienzo de su administración, el presidente Alberto Fernández impulsó un nuevo protocolo para transparentar esos fondos, que en casos como los de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) eran casi el total del presupuesto.
Según la AFI, ya en enero de 2020, del 100% del presupuesto ejecutado ($ 125.146.235), el 95% ($119.875.962.75) revistió carácter “público”.
Eso fue así debido a la aplicación del decreto 52/2019 (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224049/20191221), dictado por el Presidente apenas asumió.
Antes de esa fecha, la relación era inversa: casi la totalidad de los gastos eran de carácter secreto.
Actualmente, los gastos reservados representarían sólo el 9% del presupuesto de este organismo.
Ruido relevó en el presupuesto nacional 2023 las siguientes partidas de gastos reservados:
Ministerio de Seguridad: $ 64.300.000. Presidencia: $ 650.000.000. Ministerio de Defensa: Hay seis ítems con $ 29.781.037, $ 7.602.896, $ 13.734.527, $ 4.352.750, $ 3.933.022 y $ 156.842.
Poder Legislativo: $ 650.000.000.