El "bono extraordinario" de 100 mil y 60 mil pesos para quienes perciban menos de 300 mil pesos de sueldo bruto o cobren por encima de esa cifra que dispuso pagar a los estatales activos y jubilados el gobierno de Alicia Kirchner, es una medida que bordea el límite de las prohibiciones que estipula el Código Electoral pero está en el ADN del kirchnerismo que juega a todo o nada cada elección sin respetar reglas ni mucho menos los buenos modales.
Hace exactamente 20 años una medida similar ordenó Néstor Kirchner cuando ya era presidente pero en Santa Cruz se jugaba una elección a gobernador que, como todas las anteriores, no se podía perder.
El decreto 1737 del 13 de junio de 2003 que vio la luz en el Boletín Oficial el 04 de julio estableció el pago de un "premio a la solidaridad" a todos los agentes de la administración pública provincial, de 400 pesos en dos cuotas de 200 pesos a percibir el 8 de julio y el 8 de agosto de ese año.
El decreto lo firmó Héctor Icazuriaga, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados a cargo de la gobernación, ya que el titular Néstor Kirchner ya había asumido la presidencia de la Nación, y el vicegobernador, Sergio Acevedo había renunciado en 2001 para asumir como diputado nacional.
Qué dice el código electoral al respecto.
En su artículo 64 quater referido a la publicidad de los actos de gobierno establece, "Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten".
Que el pago de un bono de 100 mil pesos y de 60 mil pesos en una fecha inusual del año -en general cualquier premio o reconocimiento al empleado se otorga a fin de año- es un acto de gobierno que procura "la captación del sufragio" a favor de los candidatos del oficialismo no deja ningún lugar para las dudas.
También es verdad que la medida respeta el plazo que marca el límite entre lo legal y lo ilegal, la fecha de pago del bono extraordinario es el sábado 15 de julio, es decir, antes cuatro días antes del límite de la prohibición de 25 días anteriores a las elecciones a gobernador del 13 de agosto.
Un detalle que no es menor, es que los 4.500 millones de pesos que demandará a las arcas provinciales el pago del bono extraordinario, derriba toda excusa de las esgrimidas por el gobierno para negar a los maestros una mejora salarial que los saque de la pobreza y devuelva a los chicos a las aulas.
O construir doscientas escuelas por ejemplo, la licitación para construir nuevo edificio para el Secundario N°43 de Caleta Olivia en julio del año pasado fue por 206 millones de pesos. O al menos garantizar el mantenimiento de las existentes para que no falte gas en las calderas de calefacción y agua en los sanitarios.
Que el pago del bono es por única vez, mientras que un aumento a los docentes significa agregar un par de puntos al rubro de erogaciones en salarios, es verdad.
Tanto como que el Ejecutivo destina más de dos mil millones del presupuesto anual para "mejorar la imagen del gobierno" a través de su aparato de propaganda que incluye el pago de cientos de millones de pesos en pauta oficial a un puñado de medios asociados al discurso oficial.
La imprecisión en la cifra de cuánto paga el gobierno en publicidad es porque lo último que informó fue en julio de 2022 cuando dio a conocer que en el primer semestre de ese año erogó 56 millones de pesos a once medios, y otros 6,5 millones al diario Crónica a lo que se suma la contratación de medios nacionales para promoción turística de la provincia, sin que se informen los montos que se pagó por ese concepto.
Las comparaciones suelen ser odiosas aunque en este caso mandan los números. Y las urgencias electorales.
