LA NACIÓN/Mariela Arias.-

EL CALAFATE.- “Los chicos han perdido las normas de convivencia, han perdido rutina escolar, están angustiados. Responsabilizamos al Estado por la falta de acceso a la educación de nuestros hijos, les están robando la infancia”, afirma Mariana Cernello, mamá de un niño de 7 años, de la escuela N° 73 de esta ciudad. Su historia se repite en todo Santa Cruz, donde ya se acumularon 59 días de paro en lo que va del año. Una triste postal que se repitió en los últimos años y sintetiza el principal fracaso de la gestión de Alicia Kirchner.

Esta semana los docentes sumaron un nuevo reclamo a la apertura de paritarias: denuncian la criminalización de la protesta social luego de que el viernes trascendiera el cambio de carátula de “violación de domicilio” a “tentativa de femicidio” de la causa en la que se investigan los disturbios en los jardines de la residencia oficial de los gobernadores, donde se encontraban cenando la vicepresidenta Cristina Kirchner y la gobernadora Alicia Kirchner. Entre los procesados, hay tres docentes y desde el gremio lo consideran un caso de persecución sindical.

De los once candidatos a la gobernación, la crisis educativa aparece con timidez en los discursos, pero hasta los propios candidatos oficialistas reconocen que es uno de los temas a resolver. En lo que va de 2023, la educación en Santa Cruz no termina de arrancar. Solo hubo clases sin interrupciones en las 40 escuelas privadas de la provincia, en los restantes 227 establecimientos públicos todos están atravesados por la huelga que alcanza a todos los niveles.

En lo que va del año, hubo marchas de padres y de docentes en varias localidades de la provincia, juntas de firmas en la plataforma change.org y presenciales, presentaciones en las defensorías públicas y cartas al Consejo de Educación en reclamo a la normalización de clases, casi todo sin resultados. El Estado provincial y el gremio mantienen una disputa sin acuerdos.

“Mi hijo Simón de 7 años es epiléptico y por todo el desorden que genera la falta de clases, aumentaron sus focos de epilepsia, hubo un recrudecimiento tal que hubo que duplicar la medicación neurológica, empezó a referir dolores de cabeza, ansiedad, dolores de estómago en el aula los pocos días del año que han ido”, describe Cernello a LA NACION. Junto a los padres de su sala elaboraron un documento en el que piden a las autoridades que sea tenido ese curso en cuenta en forma especial: en pandemia cursaron el jardín de infantes, el año pasado tuvieron más de 30 días de paro, 55 en lo que va de 2023. Muchos alumnos en segundo grado no lograr leer ni escribir.

Los padres se agrupan y contratan a maestros particulares para que les dicten clases con el afán de que los chicos no pierdan continuidad. Sobran los ejemplos de “escuelitas blue”, en un intento desesperados por torcer un presente en el que la educación es esquiva para quienes viven en la cuna del kirchnerismo. Quienes el presupuesto familiar lo permite buscan cupos en las escuelas privadas, que tienen largas listas de espera.

En los ocho años de gestión la cuñada de la vicepresidenta nunca pudo llegar a un acuerdo con la Asociación de Docentes de Santa Cruz, ADOSAC, el único gremio que desde 2007 se mantuvo crítico al kirchnerismo y con quien ella siempre mantuvo una relación conflictiva. En diciembre de 2015 ganó la gobernación y en 2017 sucedieron uno de los momentos más tensos de su gestión cuando una multitud de estatales que reclamaban el pago de salarios atrasados invadió los jardines de la Residencia oficial de los gobernadores mientras Alicia Kirchner se encontraba cenando con Cristina Kirchner y su nieta Helena.

Tras los hechos procesaron a cuatro dirigentes gremiales por violación de domicilio. Sin embargo, en las últimas horas, seis años después de los hechos, la causa dio un vuelco, y tras un segundo intento del fiscal subrogante Federico Heinz, la Cámara Criminal Oral de Santa Cruz, aprobó por mayoría el pedido de cambio de caratula de la causa que ahora será por “tentativa de femicidio” contra los cuatro procesados, de los cuales, tres son docentes.

El conflicto salarial

Las negociaciones entre el Gobierno y el gremio están trabadas. Las paritarias, cerradas. Para el secretario general de ADOSAC, Javier Fernández, hay un “encono personal” de la gobernadora, ahora candidata a senadora nacional por el kirchenerismo, con los docentes. “Es el sindicato que no ha podido doblegar, el único sindicato que ha denunciado históricamente el estado de la obra pública en las escuelas” y agrega “hemos expresado que el sistema educativo en Santa Cruz ha fracasado, su gestión (la de Kirchner) esta reprobada, es una materia que se llevará previa de por vida”, afirmó en diálogo con LA NACION.

¿Qué reclaman los maestros? Que el salario de un docente que recién empieza en nivel inicial alcance la canasta básica que para junio de 2023, según el INDEC, fue de $217.915,79. “El sueldo de mayo de un docente que recién inicia fue de $135.000, los preceptores cobran aún menos”, detalla Fernández.

Desde el gremio aseguran que están lejos de ser los docentes mejores pagos del país, como argumentan desde el Gobierno. “Suman el incentivo docente, a los docentes que tienen dos cargos, que con el aumento inconsulto de la hora extendida hay docentes que trabajan diez horas de corrido, y están exhaustos”, señala Fernández, dado que en estos casas, apenas les da tiempo pasar de una escuela a otra, sin apenas llegar a almorzar.

A mediados de junio, ante el fracaso de las paritarias, el Gobierno firmó un decreto a través del cual decidió otorgar a los docentes una actualización salarial equiparada a la inflación mensual denominada “cláusula gatillo” y un 3% desde julio para los escalafones inferiores en tanto que mantiene el 4% otorgado a todos desde enero. “No han podido decir cuáles son los escalafones que afecta, si alcanza o no a los jubilados, y no aclaran si es en negro o en blanco”, explica el gremialista. El decreto fue rechazado y respondieron con un paro de 96 horas.

En muchas escuelas el Consejo Provincial de Educación empezó a reemplazar a los docentes con personal que según el gremio no están anotados en el escalafón, en tanto que denuncian persecución a los que hacen paro.

¿Consideran que la medida de fuerza está agotada? “La situación es más compleja, hoy no solo es volver al aula, hay una discusión muy seria en lo pedagógico, los pibes del secundario siguen pasando con todas las materias previas por una resolución del Consejo que así lo permite, en la primaria existe la promoción acompañada, los maestros especiales no están dando abasto, el fracaso escolar existe”, sintetiza Fernández.

Desde una oficinita en la planta baja del Consejo Provincial de Educación, Nahir Castillo, peluquera y madre de tres hijos en edad escolar, acaba de asumir como vocal en representación de los padres en el directorio del organismo, en una elección provincial que le ganó a los candidatos del kirchnerismo, y está dispuesta a mediar entre el gremio y el Gobierno para que se reanude el diálogo.

“Yo como vocal de padres y como madre de tres niños, también padezco esta situación, ellos perdieron la continuidad del ritmo escolar. Como padres vemos que el paro no funciona y el Gobierno está caprichoso, ante lo cual presentamos una nota para que se vuelva al diálogo, es la única forma que según yo veo las clases vuelvan a la normalidad, porque hoy los rehenes son los chicos y las familias”, comenta, resignada.