SANTA CRUZ.- Al menos 146 familiares de gobernadores, vice gobernadores e intendentes, forman parte de la planta del Estado en viola, según un informe elaborado por la red de periodistas RUIDO a partir de datos propios y de pedidos de acceso a la información. La mayoría de las provincias no respondió a los pedidos de acceso a la información pública. Santa Cruz sí lo hizo, aunque se negó a brindar la información por considerar que se trataba de "datos sensibles".

Gobernadores, vicegobernadores e intendentes de las capitales provinciales tenían en febrero de 2023 al menos 146 parientes -directos o indirectos- trabajando en el Estado, según un nuevo relevamiento de RUIDO en las 23 provincias argentinas más CABA.

Si bien la mayoría implica casos de nepotismo (“Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”, según la RAE), en otros se trata de personas que ocupan cargos electivos y/o en otros poderes del Estado.

Aunque sobre estos últimos no se puede hablar de nepotismo en términos estrictos, sirven para trazar una idea de las redes y conexiones que numerosas familias políticas argentinas construyen en el poder, en cualquiera de los niveles del Estado, aun cuando se pudiera determinar la existencia de méritos individuales para alcanzar cada cargo.

Hay una delgada línea que separa la designación de un familiar en cargos para los cuales acreditó conocimientos y habilidades, y los casos en que un familiar ocupa un cargo con clara incidencia en las decisiones de gobierno, por ejemplo en los organismos de contralor, o en el Poder Judicial.

De las 146 personas detectadas, 94 (64%) trabajan en las administraciones públicas locales, que dependen de los poderes ejecutivos provinciales, mientras que las otras 52 (36%) lo hacen en otros poderes del Estado, en otros distritos o bien tienen cargos electivos.

La mayoría de las provincias (56%) no tienen normas contra el nepotismo, en tanto que en las municipalidades capitalinas, esa ausencia alcanza al 80%. También se detectó que en algunas provincias que cuentan con normativas, éstas no se cumplen.

Un dato sustancial, es que el 92% de las provincias no respondieron los pedidos de acceso a la información pública, y en el caso de Santa Cruz, la respuesta fue negativa, ¿con qué argumento?, que se trataba de "datos sensibles".

Para el gobierno provincial, de eso no se habla.

El 07 de febrero el gobierno de Santa Cruz respondió el pedido de Acceso a la Información a través de la Fiscalía de Estado por encontrarse a cargo de la secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.

En dicha respuesta el fiscal Fernando Tanarro declinó de brindar la información solicitada por considerar que se trataban de datos protegidos por la ley 25.326 de Datos Personales y aseguraron que a su vez la información estaba dentro de las excepciones previstas por la ley de Acceso a la Información de Santa Cruz.

El fiscal de Estado, Fernando Tanarro, tiene a su cargo el cuerpo de abogados de la fiscalía integrado, entre otros, por Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, nombrada como “procurador letrado ad honorem” por decreto provincial N°0045, en diciembre de 2015, a poco de asumir su madre en la gobernación. Aún hoy Mercado mantiene el cargo y firma fallos en temas sensibles para el gobierno de su madre.

A la par que ejerció su rol en la fiscalía de Estado, Mercado quedó procesada en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, sociedades por las que la familia Kirchner fue investigada por maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero proveniente de la corrupción. Hoy la causa está en la Cámara Federal de Casación Penal, para ser reabierta o cerrada definitivamente.

En la respuesta a Ruido, que lleva la firma del fiscal Tanarro, se apela al artículo 10 de la ley 3.540 ( de Acceso a la Información) y transcriben el inciso a) que comprende los casos en que “se tratare de información referida a datos personales de carácter sensible (en los términos de la Ley Nacional 25.326) cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor”.

Sin embargo, lo solicitado no es un dato sensible de conformidad a lo normado en la Ley 25.326, que expresamente determina cuáles son los datos considerados sensibles. Allí se lee que sólo poseen tal carácter los datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

No es el caso de la información requerida, que bajo ningún concepto puede ser considerada "sensible" toda vez que se trata de servidores públicos que en muchos casos estampan su firma en instrumentos públicos.

Para Javier Stoessel, abogado experto en temas de acceso a la información, “una interpretación armónica e integral de la ley de protección de datos personales y la ley de acceso a la información pública obliga a distinguir entre 'datos personales' y 'datos sensibles' existiendo un distinto tratamiento para unos y otros, estando excluidos del acceso a la información pública sólo aquella información administrada por el Estado que además de ser dato personal, sea dato sensible”.

Además de Romina, la otra hija de la gobernadora, Natalia Mercado, fue nombrada en el poder judicial de la provincia y desde 2005 se encuentra al frente de la fiscalía de Instrucción de El Calafate, donde intervino en casos sensibles al poder, como la causa de compra de tierras a valores fiscales por parte de sus tíos, Cristina y Néstor Kirchner y de funcionarios del gobierno nacional y provincial de ese entonces. La causa nunca prosperó.

En 2020 instruyó la causa que investiga el asesinato de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de Cristina Kirchner, causa que en septiembre de este año llegará a juicio oral.

Leer aquí la lista completa de los familiares de gobernantes.


El relevamiento se construyó con base a la escasa información disponible en cada una de las provincias, y a través de datos obtenidos de la consulta pública que RUIDO realizó entre enero y marzo de 2023. Los nombres recibidos fueron chequeados con el mismo rigor que cada uno de los que compone la lista.

¿Es este el mapa completo del nepotismo en Argentina? No, ya que seguramente hay muchos más casos no detectados de familiares, tanto de los tres funcionarios relevados por provincia, como entre otras personas que ocupan cargos públicos en esos gabinetes.

Además, como el 92% de los gobiernos provinciales no respondió los pedidos de acceso a la información realizados para conocer estos nombres (y sin casi ninguna respuesta útil en el 8% restante), no hay información oficial que permita saber hasta dónde puede llegar la cifra de parientes.

Estas son dos de las características del fenómeno del nepotismo en Argentina: su inmensidad y la imposibilidad de precisarlo.

Por otra parte, RUIDO comprobó que más de la mitad de las provincias (56%) no tiene normas que impidan el nepotismo en la administración pública.

En el caso de las capitales del país, esa cifra es aún mayor: 80% de las ciudades carece de ordenanzas para evitar la contratación de parientes en el municipio.

Y en algunas provincias que sí tienen leyes, estas tampoco se cumplen.

Leé aquí el informe completo con datos de las demás provincias publicado en El Ruido.org.

*Autores del informe:

Gabriela Sánchez, Mariela Arias, Leo Acosta, Hugo Alonso, Pablo Oro, Judith Calmels, Natalia Buiatti, Ezequiel Soria, Cindy Monzón, Thamina Habichayn, Juan Manuel González, Gonzalo Guzmán, Sol Minoldo, Sergio Carreras y Edgardo Litvinoff.
Diseño: María Pía Reynoso
Redes y audiencias: Bárbara Maidana
Ilustración principal: Oscar Roldán