EL CHALTÉN.- Los concejales aprobaron una ordenanza que tiene como objetivo que los alquileres anuales no cambien de destino, para priorizar el arrendamiento turístico, una alternativa que suele resultar más rentable en el negocio inmobiliario. Según la ordenanza votada hoy, esta situación contribuye con la crisis habitacional que padece la localidad que empuja a cientos de vecinos a vivir en casas de emergencia y en condiciones de extrema precariedad.

En este contexto de Crisis es que se aprobó un proyecto del bloque Encuentro Vecinal para que las viviendas de alquiler anual no cambien de destino mientras siga declarada la Crisis que hoy afecta, de una u otra manera, a toda la comunidad.

Los autores argumentan que esta situación, que se repite en todas las localidades turísticas,  "deja sin posibilidades de vivienda a las familias y aumenta notablemente la cantidad de plazas disponibles para el turismo".

La ordenanza afirma que el sistema se desbalancea de forma tal que "las personas viven en total incertidumbre, sin un lugar para establecerse, y hasta resulta casi imposible para las personas que ofrecen servicios turísticos conseguir personal, ya que no quedan viviendas para quienes alquilan y trabajan".

¿Cómo poner en práctica la ordenanza?

Según comentaron a Winfo Santa Cruz los impulsores de la iniciativa, "se trata de una normativa simple, que indica que aquella persona que hoy está alquilando una vivienda y con o sin aviso previo, le comunican que debe abandonarla, puede concurrir al municipio a dar cuenta de la situación a partir de lo cual queda amparada por la ordenanza", explican.

Cabe consignar que la localidad cordillerana, uno de los principales atractivos turísticos del país, que con los años se fue transformando en la base de su economía dada la gran afluencia de visitantes que en temporada multiplica la población estable de unos 1600 habitantes.

La ordenanza que impide el cambio de destino de las viviendas de alquiler es mientras dure la crisis habitacional y social, que depende de una solución que está en manos de Parques Nacionales, el Consejo Agrario Provincial, y el Municipio, quienes deben resolver la ampliación del ejido urbano para sumar tierras que luego puedan ser destinadas a las familias que tramitan un terreno en la mayoría de los casos desde hace una década.