BUENOS AIRES.- Los El abogados Maximiliano Rusconi, y Gabriel Palmeiro que ejercen la defensa del exministro Julio De Vido, afirmaron que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, construyeron un relato sobre supuestas rutas inexistentes o abandonadas por Lázaro Báez, para pedir una condena de diez años de prisión para el exfuncionario kirchnerista. También aseguraron que "La obra pública vial en Santa Cruz depende de cada autoridad jurisdiccional, es decir, de Santa Cruz y de sus organismos públicos".
Durante dos jornadas realizadas el lunes y martes de esta semana que ocupó más de trece horas de exposición, los abogados de Julio De Vido basaron su defensa en tres ejes: atacar la investigación de los fiscales argumentando que fue "un fracaso rotundo", y que construyeron un relato sobre rutas inexistentes o abandonadas por Lázaro Báez; descartar que De Vido podía ser "el organizador" de una asociación ilícita; y por último, deslindar responsabilidades en la adjudicación y control de las obras en los funcionarios de Vialidad Provincial y demás organismos públicos de Santa Cruz.
Según Rusconi, los fiscales no aportaron las pruebas para sustentar su acusación sobre la existencia de irregularidades en las obras viales entre 2003 y 2015. Por el contrario, el defensor de De Vido dijo que´en ese período la región sur incrementó su red vial, gracias "a una correcta decisión gubernamental" de construir rutas.
Entre las obras denunciadas en la causa Vialidad por sobre precios o porque quedaron inconclusas, se abandonaron o no se hicieron, se detallan, la Ruta Provincial N° 9 que atraviesa Santa Cruz y une El Calafate con Piedra Buena; las 100 cuadras de pavimento de Río Gallegos, la autovía Caleta Olivia, Rada Tilly, y la ruta provincial N° 47, que va desde el cruce de la Ruta 3 hasta Tellier. Sobre esta última el defensor de De Vido remarcói: "medios de comunicación que sostuvieron que había rutas que iban a la nada, o que no existían", ... "no era así, era mentira".
Explicó que "el relato" de los fiscales fue una "réplica de aquel que fue instalado en los medios de comunicación monopólicos" desde 2004, y para desestimar la acusación contra el empresario puso como ejemplo que Báez la unica vez que se presentó en una obra nacional para construir las represas sobre el Río Santa Cruz, perdió la licitación.
El otro punto sobre el que se basa la defensa aduce que el exministro de Planificación Federal, no podía formar parte de una asociación ilítica, como se lo acusa, por su carácter de funcionario dependiente de una estructura jerárquica del estado nacional.
La defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido argumentó que "la estructura pública del Estado jamás puede ser presentada como una asociación ilícita" y que quienes acceden a su conducción "no ejecutan un plan delictivo, sino una idea política", en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Ante los jueces Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, ratificó que la acusación fiscal es un "fracaso rotundo".
"Nada se probó", advirtió Rusconi, quien remarcó que "no hubo sobreprecios ni tampoco hubo otras certificadas no ejecutadas".
Los defensores recordaron que "testigos de la Dirección Nacional de Vialidad declararon que no encontraron irregularidades, empresarios dijeron que la redeterminación de precios era en general para todas las obras", enumeraron.
Dijo que el testigo David Bahamondez, empleado del distrito 23 de Vialidad Nacional, afirmó que "las redeterminaciones de precios eran normales", y que según Angelo Calcaterra dueño de Ieacsa, testimonió "es imposible iniciar una obra sin redetrminación de precios", os anticipos financieros eran necesarios porque si no las empresas no podrían iniciar las obras, y que en definitiva al no se iniciaban las obras "y después había que devolver el dineero" por lo tanto se beneficiaba el Estado.
Para los defensores, la acusación fiscal busca criminalizar "una ideología, un ejercicio de poder que llegó por el voto popular y un gobierno que claramente llegó por el voto popular y se presentó a elecciones".
En el último día de su alegato final, los abogados reiteraron su reclamo de absolución para De Vido, que tiene un pedido de condena a diez años de prisión por parte de la fiscalía como supuesto organizador de asociación ilícita y administración fraudulenta.
"Se empezó a hablar de Santa Cruz en programas de televisión que mostraban falsedades", recordó y señaló que "esa misma sensación dejaron los fiscales en su relato sobre obras inexistentes y abandonadas".
"Es importante también resaltar y destacar que La obra pública vial en Santa Cruz depende de cada autoridad jurisdiccional, es decir, de Santa Cruz y de sus organismos públicos", afirmó el codefensor, Gabril Pelmeiro.
Los defensores recordaron que, al declarar en el juicio, el empresario de la construcción y primo del expresidente Macri, Angelo Calcaterra, sostuvo que era imposible pensar una obra pública sin "redeterminación de precios" y también que es habitual el atraso en los "plazos estipulados".
"Cómo va a decir esto Calcaterra? ¿Quién tiene la verdad? Calcaterra o la fiscalía, Y si Calcaterra mentía, por qué no hay una denuncia por falso testimonio", se preguntaron.
Además mencionó el testimonio en el juicio del exministro de Economía Roberto Lavagna, quien afirmó que las obras viales estaban incluidas en el Presupuesto Nacional que aprueba el Congreso Nacional.
La fiscalía "no cuenta la verdad concreta porque choca con la historia construida", analizó Palmeiro quien además cuestionó las alusiones de la fiscalía a De Vido vinculadas al rol como funcionaria de su esposa, Alessandra Minnicelli, sobreseída en una causa penal.
"De Vido se tiene ahora también que defender de tener una esposa. Es increíble", concluyó.
Los abogados analizaron además que las obras públicas en Santa Cruz se paralizaron durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se dieron de baja los convenios con las provincias.
"Se venía el recambio de gobierno" y en ese marco, el macrismo lo que hizo fue "abandonar el plan estratégico territorial. Era un temor que se vio plasmado en la realidad y ello es lo que generó el abandono de obras", remarcó el abogado Palmeiro.
El lunes, Rusconi dio inicio a su exposición y consideró que, en esta causa, en la que también está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se violaron "todas" las garantías constitucionales y que la Fiscalía construyó "un relato" para "perseguir a un sector político".
El juicio, que se realiza a través de la plataforma Zoom, seguirá el viernes con el alegato del también procesado exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala.
El lunes de la próxima semana se prevé el inicio del alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió un pedido de condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.