SANTA CRUZ.- Los fiscales de la Causa Vialidad que investigó el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidieron 12 años de prisión para la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por los delitos de Asociación Ilícita y Administración Fraudulenta, más la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La misma condena solicitaron para Lázaro Báez. En tanto que para Julio De Vido, José López y Nelson Periotti, la pena solicitada es de 10 años de prisión.
Para los restantes acusados, la fiscalía pidió 6 años de prisión para Juan Carlos Villafañe y Mauricio Collareda; 5 años de prisión para Raúl Osvaldo Daruich, y Raúl Pavesi .
Mientras que para Raúl Santibañez, y Abel Fatala la condena solicitada es a 4 años de cárcel, y para Héctor Garro se solicitó una pena de 3 años de prisión.
A Carlos Santiago Kirchner le pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años.
El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita", a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.
"La corrupción viola los Derechos Humanos", dijo Luciani para luego afirmar, "señores jueces, éste es el momento, corrupción o justicia".
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, y 10 años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
El decomiso y destino de los fondos sustraidos de las arcas públicas.
El fiscal también solicitó el decomiso de 5.321 millones de pesos, y pidió que ese dinero sea destinado a instituciones de bien público.
"Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", Fiscal Luciani.
El fiscal también requirió que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.
En varios pasajes del extenso alegato de nueve jornadas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola criticaron la actuación de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Investigaciones Financieras, que cambiaron su postura respecto de la valuación de los delitos cuando Cristina Kirchner retornó al poder como vicepresidenta de la Nación en 2019.
Del presidente Alberto Fernández, el fiscal Luciani dijo que defendió "puerilmente a su compañera de fórmula" cuando le tocó declarar como testigo.
El tribunal rechazó el pedido de "ejercer el legítimo derecho a defensa" que planteó hoy Cristina Kirchner por considerar que durante los alegatos se realizó "graves acusaciones" contra ella, según refirió su abogado Carlos Beraldi.
Los jueces respondieron que las imputaciones a la expresidenta ya fueron tratadas durante la tramitación de la causa.
El juicio continúa el lunes 05 de septiembre con la defensa del expresidente de Vialidad Provincial, Héctor Garro.