SANTA CRUZ.- En un trámite expeditivo al día siguiente de su sanción en la legislatura provincial, el gobierno promulgó la ley que creó el Sistema de Medios Públicos que absorbe Canal 9 y LU-14 y crea el Observatorio de Medios. La norma deja claroscuros legales en cuanto al contro de contenidos "sensibles" en la prensa, sin precisar cuáles son esos contenidos. 

En menos de dos semanas el gobierno presentó el proyecto en la legislatura, debatió dos veces en comisiones con la oposición, votó la ley en el recinto y al día siguiente decretó su promulgación. 

El nuevo esquema de Medios Públicos que tomó forma bajo  el Decreto N° 1.423/20, con la firma de la gobernadora, Alicia Kirchner, y el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, concentra en un solo funcionario del Ejecutivo el manejo de la información, y el control sobre los contenidos que publica la prensa.  

A su vez, elimina la figura del directorio de Canal 9 que contenía representación de la minoría política y del gremio, y crea un Consejo Asesor, y un Observatorio de Medios. 

Para el gobierno el proyecto implica un cambio de paradigma en la comunicación de la provincia, que promueve la producción de contenidos de calidad con eje en la identidad.

La ley, aprobada por mayoría con los votos del Frente de Todos, fue enviada por la gobernadoraAlicia Kirchner y tuvo fuertes críticas de la oposición, que consideró que pone en peligro la libertad de expresión.

El nuevo esquema eliminó el carácter de ente autárquico de LU85 TV Canal 9 y al actual directorio, que incluía la representación gremial y a la minoría política, en tanto que absorbió a LU14 Radio Provincia. Creó así una suerte de agencia de medios estatal, que será dirigida por una sola persona elegida por la gobernadora. Pese a la preocupación de los trabajadores locales por la eliminación de su representante en el directorio, la elaboración de la ley contó con la anuencia del Sindicato Argentina de Televisión.

Mientras la oposición denuncia que la iniciativa aumenta la concentración de la información, pone en peligro la libertad de expresión, elimina la representación de las minorías y confunde los medios estatales con gubernamentales, el gobierno de Alicia Kirchner sostiene que la nueva ley representa un cambio en el paradigma de los medios públicos de Santa Cruz y propone establecer nuevas formas de organización en los niveles de conducción que posibiliten una rápida respuesta a las demandas de la sociedad.

A la hora de defender la propuesta en la sesión virtual, el diputado Martín Chávez, Frente de Todos, aseguró que la ley pone en valor a "los medios públicos de la provincia, que hacen una enorme tarea", en tanto que cuestionó las críticas de la oposición. "En este recinto no se han manifestado cuando desde la gestión anterior de YCRT [Yacimientos Carboníferos Río Turbio] se repartían millones de pesos de propaganda oficial. Cuando les ha tocado ser gobierno nada han hecho por la pluralidad de voces", afirmó en referencia a la gestión de Cambiemos 2016-2019 al frente del yacimiento de carbón en Río Turbio.

La ley, de 62 artículos, se aprobó con 16 votos del Frente de Todos, tuvo cinco votos en contra y una abstención. "En un trámite exprés y sin ningún tipo de análisis ni discusión previa el oficialismo busca controlar y unificar el discurso en los medios de comunicación. En un contexto de pandemia, récord de casos, récord de muertes, falta de inversión en salud y educación, con la Justicia paralizada, estas son las prioridades del gobierno de Alicia Kirchner. Controlar y callar a las voces disidentes, para hegemonizar el discurso con una sola voz, la del Gobierno"; cuestionó el diputado radical Daniel Roquel.

El Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos estará formado por la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales de Santa Cruz, AMA Santa Cruz, el Consejo Asesor de los Medios Públicos Santacruceño, Campus y el Observatorio Provincial de Medios (OPM). Este último tiene entre sus misiones y funciones la de "monitorear el cumplimiento de la normativa vigente", uno de los puntos que mas críticas despertó.

Para la diputada radical Nadia Ricci, el observatorio "servirá para controlar y perseguir a los que piensan diferente y quieren expresar su opinión". La diputada consideró que la ley recibió un tratamiento exprés y no fue debatida de forma adecuada. "Busca potenciar el poder del Gobierno sobre los medios de comunicación para frenar cualquier opinión y callar cualquier expresión que no siga las pautas fijadas por La Cámpora", afirmó Ricci.

El manejo de la pauta oficial

Entre otros puntos, la iniciativa también prevé la creación de un Registro de Medios de Comunicación y Productoras para quienes quieran acceder a la distribución de la pauta oficial, pero desde la oposición cuestionan que la ley no avanzó en criterios de equidad y transparencia en el reparto de la pauta publicitaria del Estado. "Es un tema que siempre se manejó de manera discrecional, arbitraria, y donde el Gobierno históricamente premió a los medios oficialistas con jugosa pauta para, por el contrario, castigar a los medios críticos", aseguró el diputado Pérez Gallart.

Falla más la gestión que la comunicación

Pese a las críticas, el proyecto fue aprobado y con ello el Gobierno santacruceño pretende -según afirma- convertirse en modelo en el país a partir de la gestión y difusión de contenidos de alta calidad que deberán cumplir con los criterios centrales de respeto de la diversidad de género, el pluralismo político, religioso, cultural, lingüístico y social.

El objetivo declarado de la ley es "crear un sistema integral, federal e inclusivo que se constituya como modelo en el país a partir de la gestión y difusión de contenidos de alta calidad en diferentes plataformas y tecnologías con el propósito de formar, informar, entretener, educar y fortalecer la formación de ciudadanía, los lazos comunitarios, la identidad y la pertenencia".