SANTA CRUZ.- El gobierno sostiene que con la modificación apunta a eliminar "regímenes desproporcionados”, pero también cuestiona la falta de transparencia y de eficiencia del funcionamiento de la justicia provincial donde no prospera ninguna denuncia que involucre a funcionarios de la gestión de Alicia Kirchner. Si bien los jueces supremos pueden permanecer en sus cargos sin límite de edad, y una eventual reforma a las jubilaciones no es retroactiva, de aprobarse la normativa la mayoría de los actuales miembros del TSJ está en condiciones de jubilarse.

El Gobierno de Santa Cruz presentará esta semana en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone reformar el régimen salarial de los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con el objetivo de corregir lo que considera “sueldos de privilegio” dentro del Poder Judicial. Según detalló el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, hay magistrados que actualmente perciben salarios que superan los 9 millones de pesos mensuales, una cifra muy superior a los ingresos del personal del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La intención del gobierno es aumentar el porcentaje del aporte que realizan los jueces en actividad, una enmienda similar a la que realizó el kirchnerismo en la reforma de diciembre de 2010 cuando junto con la imposición del aporte solidario, incrementó los aportes a estatales en general y a docentes y policías en particular.

“La medida, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, busca terminar con regímenes desproporcionados en sectores del Poder Judicial y de la administración pública, en sintonía con el reclamo social por justicia y transparencia en el uso de los recursos provinciales”, afirmó Álvarez durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El funcionario remarcó que el gobernador, “tomó la decisión política de avanzar en la corrección de inequidades dentro del sistema de jubilaciones”, y aseguró que no se trata de afectar derechos adquiridos, sino de “mirar hacia adelante y construir un esquema justo para todos”.

Actualmente, los vocales del Tribunal Superior de Justicia acceden a un haber jubilatorio equivalente al 87% de su sueldo en actividad, lo que, en casos de jueces que cobran más de 8 o 9 millones de pesos, genera un fuerte impacto en las finanzas de la Caja de Previsión Social provincial. “Ese tipo de situaciones es lo que hace insostenible una economía en una provincia donde docentes, médicos y personal de seguridad perciben salarios muy por debajo de lo que merecen”, indicó Álvarez.

Además, tres de los cinco vocales que integran actualmente el TSJ ya están en condiciones de jubilarse, según lo establecido por la ley provincial que regula la Caja de Previsión Social, que exige 30 años de aportes para los varones y 28 para las mujeres. Se trata de Mauricio Mariani, Alicia Mercau y Paula Ludueña. Luego completarían sus años de servicio, Renée Fernández, y años después, Fernando Basanta, quien asumió en 2022.

“No podemos permitir más islas salariales”, advirtió Álvarez, y destacó que es necesario transparentar el funcionamiento del Poder Judicial y otros sectores del Estado. “La sociedad tiene derecho a saber quiénes toman decisiones, qué responsabilidades tienen y cuánto cobran”, afirmó.

El jefe de Gabinete aseveró, “todos somos responsables ante el pueblo, y quienes ejercemos funciones públicas debemos estar expuestos al control social”.

El proyecto ingresará esta semana a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará el respaldo para avanzar con la iniciativa.

Sueldos altos y baja performance

Pero el gobierno no solo busca equilibrar la brecha entre las jubilaciones de los agentes de los tres poderes del estado, también cuestiona la falta de transparencia y de eficiencia del funcionamiento de la justicia provincial donde no prospera ninguna denuncia que involucre a funcionarios de la gestión de Alicia Kirchner.

Los miembros del Tribunal Superior son designados a propuesta del Poder Ejecutivo, y desde que se inició en Santa Cruz el período de 32 años de gobiernos kirchneristas 1991-2023, junto con la ampliación de tres a cinco el número de miembros del máximo estamento judicial de la provincia y el nombramiento de decenas de jueces y funcionarios también a voluntad del gobierno, la justicia provincial actuó como una dependencia más del Ejecutivo.

Actualmente y con el cambio de color político del Ejecutivo, la actuación connivente entre los jueces y el kirchnerismo se hace más evidente.

Hasta el momento, las denuncias penales impulsadas por el gobernador Claudio Vidal continúan en etapa de instrucción judicial. Las causas más relevantes incluyen la investigación sobre 51 cooperativas contratadas por el Estado provincial, donde se detectaron incompatibilidades, falsificación de documentación y presunto fraude a la administración pública.

También se investiga el gasto de más de 69 millones de pesos en el acto de asunción del propio Vidal, donde se habrían pagado sobreprecios y contratado proveedores de forma direccionada.

Otras dos denuncias penales que formuló el gobierno contra el actual intendente de Río Gallegos y expresidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Pablo Grasso, por presuntas irregularidades en la adjudicación de terrenos fiscales en el barrio El Faro, tampoco prosperaron hasta el momento.

Ambas presentaciones, impulsadas por la actual gestión del IDUV, señalan que Grasso y su hermana, María de los Ángeles Grasso (quien también presidió el organismo), habrían entregado lotes sin cumplir con los procedimientos administrativos exigidos por ley. Entre los beneficiarios figuran familiares y allegados políticos, incluyendo al cuñado de Grasso, quien recibió un terreno de 1.300 m² sin declarar su vínculo familiar ni cumplir con los requisitos formales 21.

Las denuncias están fundamentadas en los artículos 248 y 174 inciso 5° del Código Penal, que tipifican el incumplimiento de deberes de funcionario público y la administración fraudulenta. La documentación presentada ante la Justicia incluye pruebas de adjudicaciones realizadas sin resolución del directorio ni expediente administrativo, en algunos casos mediante simples notas de dos carillas. Además, se destaca que muchas de estas adjudicaciones ocurrieron en períodos electorales, lo que refuerza las sospechas de uso político de los recursos estatales. La actual gestión del IDUV ha iniciado una auditoría integral para revisar todas las adjudicaciones realizadas durante las gestiones de Pablo y María Grasso