De acuerdo a la reforma aprobada ayer en Diputados, el presidente y los vocales del organismo durarán en sus puestos el mismo tiempo que el gobierno que los designó. A excepción de vocalía por la primera minoría que será renovable cada dos años. La norma no es retroactiva por lo que la actual composición del organismo de control del gobierno continuará mayoritariamente en manos del kirchnerismo.

Ayer la legislatura aprobó por mayoría la designación a propuesta del Poder Ejecutivo, de la doctora Gabriela Castro en el cargo de presidenta del Tribunal de Cuentas.

Castro asumirá la presidencia que se encontraba vacante desde el 04 de abril último cuando Carlos Ramos presentó su renuncia, luego del pedido de juicio político que impulsó el vicegobernador, Fabián Leguizamón, al presidente y las dos vocales del Ejecutivo en el TC por no ejercer debidamente su función de controlar a los ministerios provinciales, municipios y organismos como Vialidad Provincial durante los sucesivos gobiernos kirchneristas.

Vialidad provincial quedó en el foco judicial por su participación en el esquema de obras públicas financiadas por nación que fueron juzgadas en la causa Vialidad, y que concluyó con una condena a la expresidenta, Cristina Fernández, a varios de sus funcionarios, y al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Antonio Báez.

Según afirmó una fuente letrada de la legislatura, la renuncia del doctor Ramos a la presidencia del cuerpo lo deja afuera del proceso de juicio político en marcha.

Un órgano clave históricamente manejado por el kirchnerismo, que ahora lo operará desde su nuevo rol de oposición

El Tribunal de Cuentas estuvo históricamente manejado por el kirchnerismo con mayoría propia ya que salvo la representación por la minoría ejercida por la UCR, de los cuatro integrantes del cuerpo, tres asumieron en sus cargos a propuesta del Ejecutivo durante las gobernaciones de Daniel Peralta y Alicia Kirchner.

De hecho hoy con la presidencia vacante hasta la asunción formal de la doctora Castro, el cuerpo lo integran tres vocales, dos a propuesta del Ejecutivo, las doctoras Matilde Morales, y Romina Gaitán, y el lugar de la primera minoría lo ocupa, la también abogada Karina Saúl, quien asumió a comienzos de abril de este año a propuesta de Unión por la Patria que luego de perder las elecciones en agosto pasado ostenta la primera minoría política.

Otros dos cargos completan la conducción del TC, la secretaría general ocupada por la contadora Karina Murcia, y la procuración fiscal a cargo de Jenifer Zalazar.

Los miembros del Tribunal de Cuentas ya no envejecerán en sus puestos ni percibirán sueldos de jueces supremos.

El anterior texto del artículo 5° de la Ley 500 establecía que, “Los miembros del Tribunal de Cuentas serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, salvo uno que lo será a propuesta del partido político que constituya la primera minoría de la Provincia", y agrega: "los nombrados con acuerdo de la Honorable Cámara serán inamovibles, conservando sus cargos mientras dure su buena conducta y capacidad".

La nueva norma establece, "los miembros del Tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, debiendo uno de los vocales ser propuesto por el partido político que constituya la primera minoría de la Provincia, y estarán en sus funciones hasta finalizar el mandato de quien los designó, salvo el miembro nombrado a propuesta de la minoría política que durará dos años".

En cuanto a los sueldos del presidente y los vocales, la ley establecía, "gozarán de la misma remuneración que los Vocales del Tribunal Superior de Justicia". Ahora la modificación impulsada por el gobierno propone reducir los sueldos de los vocales del TC, a los que actualmente perciben los jueces de Cámara de la justicia provincial.

Aclara que las modificaciones propuestas, "no afectan derechos adquiridos".