EL CALAFATE.- La obra pública en Santa Cruz vuelve a tener protagonismo mostrando su peor rostro: el de las irregularidades rayanas con la corrupción. Los datos surgen de las auditorías ordenadas por el gobernador Claudio Vidal sobre la gestión de Alicia Kirchner. El mandatario adelantó que en marzo, cuando se inicie el período de sesiones legislativas revelará la información que, según afirmó, preliminarmente reúne todos los elementos que ameritan la actuación judicial.

El dilema que se le presenta es si esas denuncias las hará ante la justicia provincial, "donde hay muchas alianzas de la política anterior", sostuvo, o las radicará en la justicia federal, "si tengo que recurrir a pedir ayuda al gobierno nacional para que en esta provincia se termine con la idea de seguir robando, lo voy a hacer, que no le quede ninguna duda a ningún vecino”, aseguró.

¿Exageró Vidal en su respuesta al pedido de Grasso de más fondos a los municipios, "yo a un ladrón no le voy a dar plata, le doy lo que le corresponde por coparticipación y que se administre bien"?. O la información que posee el gobernador sobre las irregularidades cometidas por el intendente cuando estuvo al frente del IDUV y ahora del municipio realmente están a la altura de su enojo?

El mandatario mencionó la existencia de “obras multimillonarias que se pagaron desde el IDUV con fondos nacionales", y que lo mismo sucedió en la gestión municipal, "se cancelaba la totalidad de las obras y esas obras están en un 15, 20 o 25%, eso se llama corrupción, estos son los hechos que vamos a denunciar ante la Justicia”, insistió.

Las cuentas pendientes de Grasso y de los jueces que no investigaron

Por su gestión al frente del IIDUV durante el período 2014-2018, Pablo Grasso fue denunciado penalmente en 2021 por la vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, por supuestas irregularidades detectadas en obras de hospitales, viviendas, pavimento, canchas de fútbol y otros edificios públicos.

En abril del año pasado, el concejal del ARI-CC Pedro Muñoz radicó una denuncia penal contra tres expresidentes del IDUV, Roberto Andrino, Daniel Copertari, Pablo Grasso, y contra la hermana de éste, María Grasso, por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas. Como ejemplo el denunciante citó que entre 2016 y 2019 se licitaron 988 casas y solo se entregaron 224.

Se trata de la adjudicación de obras a Carrizo Stella Maris / Empresa Strella pese a encontrarse en proceso de quiebra desde hace más de un año, y a las firmas Mata Negra, Acri, Escarabajal, Efitec y Permaco, a cargo de obras por más de mil millones de pesos a valores históricos. El concejal menciona adelantos de pago de obras sin control, obras inconclusas, y posible cartelización. La causa está en trámite, aunque demorada.

La constructora Mata Negra es una de las constructoras que nombró el gobernador Vidal por haber cobrado el 100% del valor de obras cuyo avance no superaba el 25%.

Una nueva oportunidad para la justicia provincial, que podría marcar un quiebre en la historia política e institucional de Santa Cruz

El juicio por corrupción en la obra pública que condenó a Cristina Fernández y a Lázaro Báez, entre otros, que llevó adelante la Justicia Federal, con jueces independientes, pero sobre todo con fiscales valientes y laboriosos, juzgó hechos que son un calco de los que viene denunciando públicamente el gobernador Vidal.

Fondos nacionales para obras gestionadas por un organismo de Santa Cruz encargado de las adjudicaciones, los pagos y el control de los trabajos. En el medio, todo tipo de arbitrariedades: pagos excesivos, obras inconclusas y una danza impúdica de funcionarios enriquecidos sin que se conozca el origen de sus fortunas.

Si el gobernador los convoca a investigar nuevos hechos sospechados de corrupción los jueces de Santa Cruz tendrán una nueva oportunidad para redimirse.

Si por el contrario, reinciden en su conducta cómplice apelando a excusas formalistas para no comprometerse con las causas incómodas para el kirchnerismo, aunque ya no esté en el poder, se condenarán ellos también.

Se cuentan con los dedos de una mano los jueces y fiscales que desde 1991 hasta hoy actuaron con honestidad y criterios jurídicos a la hora de aplicar justicia. Libres de las influencias o presiones del gobierno.

Por lo demás, el poder judicial está plagado de jueces y funcionarios de quienes la sociedad ya no espera nada.

La mayoría de los santacruceños desconoce quienes son los hombres encargados de impartir justicia en la provincia. Es más, hay muchos jueces y funcionarios que dan la sensación de que tampoco reconocen la importancia de su rol y de la investidura que ostentan.

Durante las últimas tres décadas decenas de jueces y fiscales pasaron por el Poder Judicial de santa Cruz sin pena ni gloria. Ocupando sillones donde reposaron en sus puestos cumpliendo tareas administrativas pero sin haber generado o al menos intervenido, en ninguna causa de impacto en la sociedad, como si Santa Cruz fuese la capital mundial de la transparencia de sus gobiernos y una provincia libre de delitos de corrupción.

El punto de inflexión

Cuando las denuncias por hechos de corrupción contra funcionarios provinciales finalmente se hagan efectivas, no solo el gobernador Vidal revalidará el respaldo que le dio la ciudadanía con su voto en las elecciones de agosto del año pasado.

Los hombres y mujeres de la justicia provincial también podrán dar muestras de probidad y de su apego a una independencia en la que hoy casi nadie le atribuye.

Sería un punto de inflexión que podría significar el nacimiento de una nueva Santa Cruz donde imperen la normalidad institucional, la ley castigue al que delinque, y los funcionarios no sientan que son impunes e intocables.