La última oferta salarial de 40 mil pesos en negro con la que el gobierno se despachó en las paritarias estatales, es la muestra clara de su intención de entregar la gestión al próximo gobernador con las cuentas cerradas a costa de un brutal deterioro de los salarios públicos que a octubre ya perdieron 30 puntos respecto de la inflación.

Mientras que el índice de precios al consumidor que mide el INDEC acumuló en septiembre un 103,2%, los salarios y haberes de los estatales activos y jubilados de Santa Cruz en el mismo lapso aumentaron en promedio un 70%, conformado por un 46,9% firmado en marzo y escalonado a julio, más un 20 % que otorgó el Ejecutivo por decreto en dos cuotas acumulativas para los meses de agosto y septiembre.

A esta pérdida de 30 puntos del poder adquisitivo de los sueldos estatales aun resta aplicarle la inflación de octubre que todavía no fue calculada por el INDEC pero se estima entre 9 y 12 puntos según consultoras privadas e incluso fuentes oficiales.

Haciendo números redondos, en los diez meses del año los haberes de los 70 mil dependientes del estado provincial activos y jubilados ya perdieron alrededor del 40 % de su valor. Ésta es la diferencia que el gobierno quiere saldar abonando una suma fija no remunerativa de $ 40.000 de aumento a los sueldos de octubre.

Nota al margen, lo que elegantemente el gobierno llama "suma fija no remunerativa", en rigor es una suma "en negro", toda vez que no aporta ni a la Caja de Previsión Social, ni a la Caja de Servicios Sociales, las que seguirán hundiéndose en el fango del "déficit" en el que las sumergió el kirchnerismo durante tres décadas.

Cabe consignar que esta modalidad de pago de sumas fijas además de atentar contra el sistema de seguridad social, achata la pirámide salarial haciendo que tenga mayor impacto en los sueldos más bajos del escalafón -que hoy están muy por debajo de la línea de pobreza-, pero diluyéndose hasta la insignificancia a medida que se aplica en las categorías medias y superiores de la escala.

Por último, de sellarse el pago de esta suma en negro que pretende el gobierno para los tres meses que restan del año, y con una inflación que se proyecta para entonces por lo menos en un 120%, los sueldos estatales habrán perdido entre un 35 y un 40% de su poder adquisitivo.

Con estas cifras, resulta inexplicable el presupuesto para el próximo año que el gobierno de Alicia Kirchner elevó a la Cámara de Diputados por una suma de más de 1,3 billones de pesos, esto es, casi el triple del presupuesto de este año, con el argumento de que la provincia recaudó este año y recaudará más dinero en impuestos provinciales, "gracias a la recuperación real del salario", como imagina el gobierno y escribió en los fundamentos del presupuesto.

Está más que claro que cuando faltan cuarenta días para la entrega del poder, la gobernadora Alicia Kirchner, que culmina su gobierno de ocho años y una era de tres décadas de su apellido en el poder, pretende que las cuentas le cierren pero con "los trabajadores afuera", una idea libertaria contra la cual el kirchnerismo despotricó durante años.