EL CALAFATE.- Según el gobernador electo Claudio Vidal, una de las primeras medidas que tomará cuando asuma el 10 de diciembre será la de dejar sin efecto la Ley de Lemas cuyo espíritu desvirtúa la representación, y confunde al elector dentro del cuarto oscuro. Es decir que dentro de dos semanas los santacruceños votarán por última vez con un sistema electoral vigente desde 1988 cuando nació para solucionar la interna del Peronismo y perduró en el tiempo como uno de los más notables signos de la degradación institucional que vivió Santa Cruz desde la recuperación de la Democracia.
El próximo 22 de octubre habrá más de 2.000 candidatos a concejal, y 160 candidatos a intendente, sin contar a los suplentes cuyo número varía de acuerdo a cada localidad. Esto significa que habrá un candidato cada 114 electores, si se tiene en cuenta que en las elecciones de agosto hubo 265.397 empadronados a los que ahora se suman los extranjeros autorizados a sufragar en esta categoría.
Las bancas en juego para esta elección son: 77 de concejales en toda la provincia, 15 de intendentes y 5 de presidentes de las comisiones de Fomento, lo que totalizan 97 cargos en juego. Río Gallegos y Pico Truncado tienen 23 candidatos para la intendencia, seguidos por El Calafate, que lleva 21 candidatos. Fuente: La Nación.
Las cifras agobian, tanto como el escenario con el que se encontrará el elector cuando ingrese al cuarto oscuro. Desparramadas sobre las mesas, una cantidad abrumadora de boletas impresas con un sinnúmero de nombres y fotografías lo invitará a elegir por su candidato preferido. Si es que lo encuentra.
La proliferación de candidaturas que se presentan para sumar a un favorito es parte de lo que permite la ley de Lemas, sistema vigente desde 1988 que se fue modificando de acuerdo a las conveniencias electorales del gobierno en cada elección.
¿Por qué se dice que la Ley de Lemas es un fraude a la voluntad del ciudadano a la hora de votar? Porque permite que un candidato que no obtuvo individualmente la mayoría de los votos, pueda ser ungido gobernador, intendente y legislador, desplazando al candidato más votado nombre por nombre.
Esta anomalía legal sucedió en todas las categorías a lo largo de la historia electoral de Santa Cruz, y Alicia Kirchner, es un ejemplo cuando en 2015 ganó la gobernación habiendo obtenido menor cantidad de votos que su contrincante Eduardo Costa. Y lo mismo sucedió en la elección del intendente de Río Gallegos, cuando resultó electo el radical Roberto Giubetich quien había obtenido menos votos que el peronista Pablo Grasso.
Esto se da por efecto de la sumatoria de los votos de las listas o sublemas que actúan como colectoras de la lista que obtuvo la mayoría de los sufragios dentro del lema que reemplaza a lo que antes era el partido político.
Lo que no significa que quien presente más sublemas se garantiza el triunfo, como llegó a sugerir la propia gobernadora cuando explicó la derrota en la elección del 13 de agosto argumentando que "Vidal tenía seis candidatos y nosotros, tres", reconociendo que el laxo sistema electoral que tantas veces le había servido para ganar las elecciones apelando a la sumatoria de sublemas, esta vez le había jugado en contra.
En sus orígenes la Ley de Lemas surgió para elegir cargos provinciales y municipales, luego se la implementó solo para éstos últimos, y en 2015 nuevamente se la reinstaló para la elección del gobernador, siempre al ritmo de las urgencias del gobierno.
¿Cómo se elegía representantes antes de la Ley de Lemas? Cada partido dirimía en elecciones internas quiénes iban a integrar las listas de candidatos y se presentaba a la elección para competir con otros partidos que seguían el mismo proceso. Luego la sociedad optaba libremente sin estar obligada a inmiscuirse en la vida interna de los partidos.
La Ley de Lemas fue, junto a las reelecciones indefinidas, y la instauración de la figura del Diputado por Pueblo, uno de los más notables signos de la degradación institucional que vivió Santa Cruz desde la recuperación de la Democracia.
Es esperable que su derogación sea el inicio de un camino de regreso a una normalidad, que es necesario recuperar para comenzar a reconstruir los valores de la vida institucional de una provincia que en las últimas dos décadas fue considerada la capital política del país.