A punto de culminar su gestión de ocho años al frente del Ejecutivo provincial, y corriendo el telón de una era de 32 años dominada por su partido y su apellido ejerciendo el poder absoluto en Santa Cruz, Alicia Kirchner impulsó una normativa de distribución de la pauta oficial basada en criterios de legalidad, razonabilidad, no discriminación, y transparencia, justamente los valores que el kirchnerismo ignoró desde que asumió en 1991.
En todos estos años multimillonarias sumas de dinero disfrazadas de publicidad oficial fueron a parar a bolsillos de amigos, militantes o prestanombres, muchos de ellos hoy enriquecidos económicamente y titulados pomposamente, "empresarios de medios".
Y hay que decirlo una vez más y hasta el cansancio, la oprobiosa distribución de la pauta oficial en Santa Cruz ni siquiera procuraba acallar voces y estimular los elogios de la prensa hacia el gobierno, fue sencilla y brutalmente una fuente de negocios particulares entre personas de uno y otro lado de la mesa de entradas de los despachos oficiales.
Dicho esto, ahora vale repasar los puntos destacados del Decreto N° 0915/23 del 04 de agosto, que aprueba los Principios Generales para la contratación de Publicidad Oficial, que regularán en el futuro la distribución de la pauta oficial.
El instrumento legal deja sin efecto el Decreto 0396 de 2017 de reparto de pauta oficial, y se encuadra ahora en la Ley N° 3723 de Sistema Integral de Medios y Contenidos Audiovisuales que vio la luz el año pasado, en el Decreto reglamentario N° 0481/22 que dicta las atribuciones de la agencia AMA, autoridad de aplicación de la Ley de Contenidos Audiovisuales.
El Decreto autoriza a la agencia AMA a generar los modelos de “Contrato de Publicidad Oficial” y “Declaración Jurada de Emisiones Publicitarias en Servicios de Comunicación Audiovisual”, y la faculta a "efectuar las autorizaciones referidas a todas las erogaciones a publicidad oficial, producciones fílmicas periodísticas, revistas", entre otros formatos.
Cuáles son los requisitos y condiciones para la contratación de publicidad oficial
En primer término define como publicidad oficial a "toda la difusión de marcas, programas, actos de gobierno o información de interés público, propagado por cualquier medio sea gráfico, sonoro, virtual, visual o audiovisual".
Luego en el inciso a) reza el mandamiento de la no discriminación: "La publicidad oficial no será distribuida de forma arbitraria o discriminatoria, ni según la línea editorial de los medios de comunicación, ni será utilizada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o los medios de comunicación en función de sus líneas informativas", enfatiza, y cita la Constitución Nacional, y leyes y tratados nacionales e internacionales contra la discriminación.
Determina que los medios que reciban pauta oficial, deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores de la provincia, aunque excepcionalmente podrán suscribir contratos de publicidad, "personas físicas o jurídicas de otra jurisdicción no inscriptas en dicho registro que por excepcionalidad se conviertan en oportunidades meritorias para difundir acciones o imágenes de la provincia".
En otro párrafo habla de "Transparencia en los procedimientos de contratación", y establece que "la publicidad oficial deberá ser contratada conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones, generando procedimientos abiertos y transparentes y garantizando el derecho de acceso a la información reconocido mediante Ley Provincial N° 3540 y su Decreto Reglamentario N° 0894/17.
De este modo el gobierno provincial estableció las normas que regirán la distribución de la publicidad oficial, una norma que ni siquiera alcanzará a cumplir pero que heredará al próximo gobierno.
La única vez que el gobierno transparentó los montos que pagó por pauta oficial
Los últimos números, y la única vez que el gobierno blanqueó cuánto pagaba en Publicidad Oficial fue en julio del año pasado, cuando ministros brindaron un informe general a la legislatura.
El informe de la Secretaría de Estado de medios e Información Pública enviado a la legislatura consignó que en el semestre junio-noviembre de 2021, se pagaron $ 62,5 millones en publicidad y propaganda, que incluyen más de $ 6,5 millones por la publicación de licitaciones en el diario Crónica de Buenos Aires.
Mientras que "para ampliar la cobertura y difusión de la actividad oficial por todo el territorio", se abonó un total de más $56.000.000 en 11 medios de nivel provincial que incluyen medios gráficos, radiales y portales WEB. No se mencionan nombres de medios ni montos asignados.
En tanto en el primer semestre del corriente año 2022, los gastos en publicidad y propaganda oficial del primer semestre ascendieron a $38.282.528,31, en espacios publicitarios en 26 medios de comunicación provinciales, regionales y nacionales. Aquí tampoco la Agencia AMA discrimina los medios y los montos asignados. En estos seis meses se ejecutó el 42,3% del gasto previsto para todo el año.
El fundamento para justificar la millonaria erogación en pauta oficial fue la necesidad de "abrir a toda la comunidad las posibilidades de participación en procesos licitatorios y dar difusión al plan de gobierno para garantizar el acceso de la comunidad a las políticas públicas que se desarrollaron por todas las áreas del Gobierno".
En caso de aplicarse la nueva normativa de regulación de la pauta oficial que firmó Alicia Kirchner, quizás ya no va a ser necesario que los ministros concurran a la legislatura a no decir nada.
Las reglas de juego estarán más claras a futuro, los treinta años de discriminación, presiones, premios y castigos con que se manejó la pauta causando un grave daño a la libertad de expresión, ya no se recuperan.