Un día más de disfrute, agradeciendo por haber vivido junto a quienes nos aman un nuevo día y que mañana todo vuelva a comenzar. Ese debería ser el pensamiento despreocupado de una persona con discapacidad en un contexto social que le brinde las condiciones necesarias para desarrollar la mejor calidad de vida posible, en un marco inclusivo e igualitario. Sin embargo, nada se parce a la realidad cotidiana de estas personas inmiscuidas en una vorágine de desinterés y desinformación que atraviesa al 15% de la población argentina en distinto grado.

Pareciera no ser suficiente la desinformación, la falta de educación especifica, el incumplimiento de la legislación, el inexistente cupo laboral, el aislamiento social, las barreras arquitectónicas y estructurales, que a esto incorporamos la falta de controles por parte del estado y la utilización política de las prestaciones de las personas con discapacidad.

La Argentina es uno de los países de la región latinoamericana con más leyes vigentes en discapacidad y derechos para personas con discapacidad, siendo un país progresista en la temática, generando desde lo conceptual transformaciones sociales trascendentales, que lamentablemente poco se cumplen. La implementación desde los entes de control es clave para que los cambios sean reales y continuos, generando transformaciones que puedan perdurar en el tiempo y se incorporaren de forma natural al pensamiento social.

Para que estos cambios estructurales se hagan realidad, debe hacerse hincapié en la educación y comunicación sobre discapacidad desde los niveles más básicos (jardín, primario y secundario), hasta los niveles superiores educativos, integrando de esta manera, a todos los ciudadanos con discapacidad desde el concepto y no desde la condición. Una vez que el concepto esté normalizado socialmente, se derribarán barreras en lo laboral, en el acceso a la información y el estudio, así como también se integrará mejor a las personas con discapacidad a los vínculos sociales que afianzarán su confianza y la de los demás, brindando acceso a nuevas posibilidades de desarrollo.

Muchas personas con discapacidad que viven en el interior del país, deben realizar sus rehabilitaciones en Buenos Aires por cuestiones de infraestructura, generando múltiples problemas económicos, sociales y laborales, encontrándose a su llegada con un panorama nada positivo que genera más desconcierto al paciente y su familia.

La realidad económica que el país atraviesa desde hace muchos años, genera que los servicios hacia las personas con discapacidad sufran consecuencias que condicionan su calidad asistencial, siendo determinante para la calidad de vida de los pacientes. Los prestadores de servicios para personas con discapacidad (terapias de rehabilitación, educativas, cognitivas, etc.) se encuentran en una encrucijada todos los meses, teniendo que absorber costos que se transforman en pérdidas.

Estas instituciones y empresas que asisten a los beneficiarios, están dentro del mecanismo de integración regulado por la Superintendencia de Servicios de Salud, incluyendo a las obras sociales quienes deben presentar un informe sobre la cobertura para que los pacientes puedan obtener la prestación, la cual deben renovar todos los años para disponer del servicio, haciendo que las familias de las personas con discapacidad realicen trámites inmersos en una burocracia que muchas veces detiene los tratamientos hasta que sean aprobados.

En consecuencia, por falta de control estatal, los prestadores cobran sus servicios a los tres meses, devaluándose el honorario ya establecido mediante un nomenclador nacional desactualizado. Las obras sociales en lugar de abonar con fondos propios las prestaciones y esperar el pago correspondiente de la Superintendencia, implementaron de forma autárquica el mecanismo de esperar y cuando reciben el pago a los 90 días posteriormente transferir el dinero a los prestadores. Esto hace que no haya especialistas a disposición y que las instituciones que prestan los servicios dejen de atender a las personas con discapacidad o bajen la calidad de los insumos y tratamientos.

Al bastión principal de la educación como generador de conciencia y vínculo se le debe sumar como segundo paso el cumplimiento y actualización de las leyes vigentes por parte del Estado y de las entidades e instituciones privadas, así como también de la ciudadanía. El no cumplimiento de las normativas excluye y aísla a las personas con discapacidad del entorno y libre albedrío, generando exclusión y estigmatizando en su condición a todo ciudadano que deba incluir en sus vidas y actividades cotidianas condicionadas por el entorno que no esté adaptado.

El Manifiesto de la UNESCO (1994) destaca que: “la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores humanos fundamentales que solo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pue¬den ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la socie¬dad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen de una buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cul¬tura y la información”, 6.9 millones de personas en la argentina quieren y necesitan respuestas que hagan respetar sus derechos y los integren de forma natural y autónoma a la sociedad.

*MG. Gustavo Fulco Ramos.
Especialista en comunicación institucional y discapacidad. @GUSFULCO

Crédito portada. Facebook de Juan Emmanuel Gutiérrez, quien en 2019 obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.