Sin títuloOpinión. Una vez más es noticia la suspensión de las titularizaciones de los docentes en la provincia de Santa Cruz. Ayer, por tercera vez, el Consejo de Educación dio una prueba más de lo que se ha convertido en la estrategia privilegiada para llevar a cabo las decisiones. Se trata de la estrategia del desgaste, que no es exclusiva del prolongado proceso al que han sido sometidas las titularizaciones, sino que constituye un estilo de gobierno cuya mejor apuesta es la postergación indefinida de respuestas a los temas, como por ejemplo, los sueldos, la infraestructura y mantenimiento escolar, la obra social y, en este caso también, el de las titularizaciones. El concurso de ingreso a la docencia, también denominado titularización, es el proceso mediante el cual los docentes que ocupan cargos interinos o vacantes pasan a ser titulares, accediendo así a la carrera docente; para las escuelas significa contar con un plantel más estable de docentes. En línea general se trata de un proceso ordinario que debería hacerse cada año o cada dos años; requiere del trabajo del Consejo de Educación junto con un organismo técnico como la Junta de Clasificación, más la participación del gremio, como veedor. Para llevar a cabo la titularización se debe contar, entre otras cuestiones, con las plantas funcionales de las instituciones. Hago un paréntesis aquí porque es precisamente en ellas en donde las autoridades del Consejo parecen haber encontrado el enredo y por ende el argumento para volver a poner freno a la titularización. La planta funcional orgánica (P.O.F.) es la cantidad de docentes con sus respectivos cargos o funciones según la matrícula de alumnos de un determinado establecimiento escolar. Cada año esta nómina se envía a la Supervisión para su control y corrección para luego ser enviada a las Juntas de Clasificación, que según la información supervisada, determinarán la cantidad de cargos vacantes/interinos para titularizar. Como fue expresado anteriormente, es un mecanismo sencillo que requiere del trabajo de determinados actores del sistema educativo bajo responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento. Este proceso se realiza dos veces al año todos los años. La explicación que da el Consejo de Educación es que existen irregularidades en las plantas funcionales. Éste fue el mismo argumento en febrero del año pasado cuando también se determinó de un momento para el otro postergar la titularización. Entonces si el año pasado había irregularidades ¿por qué siguen estando? ¿O acaso es éste el argumento elegido, como el de la provincia quebrada, para no avanzar y mantenernos siempre girando sobre lo mismo, no solo a los docentes sino a todos, desperdiciando tiempo y trabajo, negando así la discusión de temas también importantes y postergados? El desgaste es la modalidad elegida por las autoridades del Consejo para encarar los asuntos, provocando el hartazgo; el cuento de nunca acabar, no porque no exista resolución, sino porque repiten el mismo capítulo año tras año, el de la improvisación. Aunque sería injusto no mencionar el anticipo llevado a cabo durante el conflictivo 2016 y que, a mi entender, debería llevar el nombre de incertidumbre. La fecha de la titularización es hoy una incógnita; aseguran desde los cargos políticos que la realizarán y tal vez lo hagan finalmente, no sin haber antes violentado casi sistemáticamente el espacio de paritarias, no solo con la titularización, sino con la mayoría de los temas con los que se han comprometido las autoridades del Consejo Provincial de Educación y que invariablemente han incumplido. ¿Habrá algún tipo de sanción por incumplimiento? * Claudia Mazzini, madre, docente y representante de A.Do.Sa.C.