opinion.Acerca de la evaluación y el reciente operativo nacional
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Por Eduardo James.- Continúan los últimos estertores del Aprender 2016. La semana pasada tal cual tenía planificado el Ministerio de Educación de la Nación se desarrolló en todo el país el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes destinado a estudiantes de 3° grado y 6° año de la educación primaria y 2° año y 5° año de los Colegios Secundarios.
El mismo fue acordado por todas las provincias a través del Consejo Federal de Educación y tenía como finalidad obtener información relevante que permita establecer orientaciones para contribuir a mejorar los aprendizajes tendiendo a fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos. Recordemos que la misma Ley de Educación Nacional N° 26.206 (aprobada en el gobierno Kichnerista) determina en su Artículo 94° la obligación de implementar políticas de información y evaluación contínua del sistema educativo para la toma de decisiones orientadas a mejorar la calidad de la educación y la justicia social en la asignación de recursos, como principales objetivos.
Intelectuales, políticos, escritores, sindicalistas y partidos políticos entre otros, expresaron durante la semana previa sus posiciones respecto al operativo y sus objetivos. Pudimos escuchar opiniones a favor y en contra. Hubo críticas al sistema empleado de múltiple choice, (entiendo necesario para poder evaluar a más de 1.400.000 alumnos que participaron), otras que esgrimían la no participación de toda la comunidad educativa para su planificación, y algunos argumentos maniqueos sobre que el operativo tenía como objetivo la privatización de la educación y la elaboración de rankings de rendimiento para asignación de recursos, en resumen la desaparición de la educación pública.
Esta última explicación de naturaleza política que fue utilizada por la Ctera (conducción afín al exgobierno K) y algunos partidos de izquierda los cuales en cierta manera demostraron su oposición por la oposición misma. En ese sentido resulta significativo como en años del kirchnerismo no se convocaron a paros docentes que repudiaran los ONE (Operativos Nacionales de Evaluación) que desarrolló el anterior gobierno y cuyos resultados a diferencia del operativo aprender no fueron publicados.
Lo cierto es que toda evaluación resulta significativa y lo es mucho más cuando esos resultados están a disposición de la misma Comunidad Educativa que es el ámbito donde se pueden planificar planes de mejora para revertir la situación de la micro-política escolar. Más allá de la metodología que utilizó este operativo, los resultados serán un gran insumo para que Cuerpo Docente, Directivos, Supervisores y porque no padres y alumnos diseñen acciones que mejoren las situaciones de aprendizaje.
Crisis educativa en Santa Cruz
Ahora bien, lo que deberíamos preguntarnos, ya en nuestra jurisdicción, es cómo intentamos salir de la tragedia educativa (parafraseando a Etcheverry) que vive hoy Santa Cruz a partir de las infaustas políticas en Educación de un gobierno que lleva ya veintiséis años en el poder y que no demuestra signos de recuperación con personajes como funcionarios políticos que se repiten y que fueron funcionales a las políticas neoliberales del gobierno menemista.
Es repetitivo mencionar el déficit en materia edilicia, la falta de insumos básicos (fondos fijos, computadoras, libros, conexión a internet, etc.), pagos de becas escolares, que insistentemente hacen mención y denuncian los sindicatos docentes; llamativo por cierto, cuando en principio contamos con el presupuesto per cápita más alto del país, previéndose para el año que viene un total de 12.279 millones de pesos de presupuesto educativo, conforme surge de la Resolución 2674/16 del C.P.E.. Pero es preciso nombrar cuales son las “otras” demandas y cambios que necesita el sistema educativo.
Un gran problema y del que nadie habla por ser un tema antipático es la formación docente y, en este sentido, la pregunta es cuál es el rol de los Institutos de Nivel Superior. Tengamos en cuenta que a nivel nacional existen más de 1200 Institutos de Formación Docente y que los intentos del INFOD no alcanzan para resolver el problema que la descentralización genera.
La pregunta sería ¿Estos Institutos garantizan la calidad educativa requerida para trabajar de un modo significativo en los distintos niveles del sistema educativo? Luego de más de 30 años de intervención y solo por la lucha de los docentes de la institución se logró aplicar el Régimen Orgánico Marco que llevo a normalizar la conducción del IPES R.G. (Instituto Provincial de Educación Superior que funciona en el ex Colegio Nacional), tarea inconclusa ya que no ocurrió lo mismo en el Instituto Superior de Artes Visuales que funciona en el Conservatorio de Música ni tampoco en el IPES de Caleta Olivia.
Ni hablar de los concursos de titularización de los docentes de nivel superior que aún permanecen vacantes y de los cuales ni el Consejo ni los gremios han avanzado en las paritarias; o la revisión del acuerdo que actualmente legisla la valoración de nivel superior pensando en la posibilidad que sean valorados por la Junta de Clasificación y no al arbitrio de los colegas como actualmente sucede.
Por otra parte, no se ha aprobado ninguna normativa que organice la Educación Domiciliaria y Hospitalaria creada por Acuerdo en nuestra provincia en el año 2010 y de la que solo se conocen circulares. La “Nueva Educación Secundaria” recién culminará su etapa de implementación el año que viene donde se pondrá en vigencia el Diseño Curricular completo a partir de la incorporación de los nuevos espacios curriculares de 5° año. Es preciso mencionar que los equipos técnicos curriculares han sido desmantelados en el mes de marzo de este año y no existe actualmente un acompañamiento a la implementación del Diseño Curricular aprobado por Resolución N° 3553 en diciembre de 2015.
En este nivel se hace perentorio un estudio y análisis de la situación de la Supervisión Escolar, su distribución, su cambio de rol y sobre todo la normativa anquilosada que la regula. En esa misma línea es decisivo aprobar las misiones y funciones de los actores de la Educación Secundaria (docentes, directivos, auxiliares docentes, etc.) que aun hoy están regulados por un Decreto del año 1961. Basta un ejemplo para ilustrar esta situación: en Educación de Gestión Privada existen solo tres Supervisores (uno de inicial, uno de primaria y otro de Secundaria) para todas las instituciones de la provincia que tienen el asiento de sus funciones en esta capital provincial. ¿Es posible llevar adelante la tarea supervisiva con esta caótica situación? ¿No debería existir una supervisión única que supervise pública y privada por igual? ¿Qué lo impediría cuando el rol supervisivo es netamente pedagógico? En este marco, entiendo que concursos de oposición para cargos jerárquicos debiera ser la política a corto plazo. Es fundamental contar con equipos directivos formados y no como hasta ahora que fortuitamente por puntaje se llega a los cargos. En esta misma línea necesitamos contar con Supervisores sólidos académicamente que sepan acompañar los procesos que se desarrollan en el interior de las Instituciones.
Estas cuestiones planteadas aquí, las he manifestado anteriormente en mi rol de Supervisor en el mes de marzo en el encuentro provincial de supervisores que contó con la asistencia de todo el arco político de funcionarios de educación, y que tuvo la presencia del ex Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni. Asimismo, las he manifestado lo mismo en diferentes oportunidades; si bien todos coincidían con el diagnóstico, incluido el actual Presidente del Consejo, no se ha trabajo en esa línea lo que demuestra el grado de inacción de la actual conducción educativa.
La política educativa provincial vivió subordinada (¿por falta de ideas?) a la política educativa nacional. Santa Cruz consumió todos los planes y programas nacionales sin planificar políticas jurisdiccionales que marquen un rumbo y que estén subyugadas por una impronta propia.
La normativa continua sin actualizarse, los problemas año a año se repiten como un deja vu, el proyecto de acuerdo único de valoración coordinado en el 2010 junto al Vocal electo Javier Martinicorena y la Vocal por el ejecutivo Elsa Alonso, acompañado por el trabajo invalorable de toda la docencia aún espera ser aprobado, las actuaciones sumariales tienen una duración excesiva lo que produce inconvenientes en la dinámica escolar y perjudica tanto a la administración como a los propios colegas, no existe una política de formación profesional para incorporar la figura de Portero y Mayordomo como poseen otras jurisdicciones como Santa Fé, no se trabajó más en la recategorización de los colegios para adultos (EPJAS), el área de políticas socioeducativas continua sin planta orgánica funcional que le dé estabilidad a los equipos que de ella dependen como los de Educación Sexual Integral y Cabi, etc.; y ni hablar de los procesos de alfabetización en los primeros años de la educación primaria cuestión que necesitaría un análisis mucho más profundo.
Podríamos continuar nombrando las falencias que posee hoy lo que queda del derruido sistema educativo santacruceño pero entiendo que la mayor crisis se revela en el plano ético. Afirmo esto con el solo ejemplo de mencionar que en pleno conflicto docente y con más de cincuenta días de clases perdidos por paros y retenciones funcionarios políticos y el mismo presidente del Consejo Provincial de Educación estuvieron usufructuando licencias y paseando por el exterior. Me pregunto ¿Qué tan comprometido están estos funcionarios de mediana y alta línea del Consejo por la educación de nuestros hijos? A la corrupción naturalizada en estas tierras australes, debemos agregarle un cinismo sin límites donde todo se quiere justificar. Para pensarlo.
* Eduardo James: Profesor y Licenciado en Educación Física. Post-Grados en Flacso. Fue Vice-rector, Rector y Supervisor en la Escuela Secundaria. Vocal electo de Escuelas públicas en el C.P.E 2008/2012. Docente Jubilado del sistema educativo provincial. Mail: jamesconj@hotmail.com
Por Eduardo James.- Continúan los últimos estertores del Aprender 2016. La semana pasada tal cual tenía planificado el Ministerio de Educación de la Nación se desarrolló en todo el país el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes destinado a estudiantes de 3° grado y 6° año de la educación primaria y 2° año y 5° año de los Colegios Secundarios.
El mismo fue acordado por todas las provincias a través del Consejo Federal de Educación y tenía como finalidad obtener información relevante que permita establecer orientaciones para contribuir a mejorar los aprendizajes tendiendo a fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos. Recordemos que la misma Ley de Educación Nacional N° 26.206 (aprobada en el gobierno Kichnerista) determina en su Artículo 94° la obligación de implementar políticas de información y evaluación contínua del sistema educativo para la toma de decisiones orientadas a mejorar la calidad de la educación y la justicia social en la asignación de recursos, como principales objetivos.
Intelectuales, políticos, escritores, sindicalistas y partidos políticos entre otros, expresaron durante la semana previa sus posiciones respecto al operativo y sus objetivos. Pudimos escuchar opiniones a favor y en contra. Hubo críticas al sistema empleado de múltiple choice, (entiendo necesario para poder evaluar a más de 1.400.000 alumnos que participaron), otras que esgrimían la no participación de toda la comunidad educativa para su planificación, y algunos argumentos maniqueos sobre que el operativo tenía como objetivo la privatización de la educación y la elaboración de rankings de rendimiento para asignación de recursos, en resumen la desaparición de la educación pública.
Esta última explicación de naturaleza política que fue utilizada por la Ctera (conducción afín al exgobierno K) y algunos partidos de izquierda los cuales en cierta manera demostraron su oposición por la oposición misma. En ese sentido resulta significativo como en años del kirchnerismo no se convocaron a paros docentes que repudiaran los ONE (Operativos Nacionales de Evaluación) que desarrolló el anterior gobierno y cuyos resultados a diferencia del operativo aprender no fueron publicados.
Lo cierto es que toda evaluación resulta significativa y lo es mucho más cuando esos resultados están a disposición de la misma Comunidad Educativa que es el ámbito donde se pueden planificar planes de mejora para revertir la situación de la micro-política escolar. Más allá de la metodología que utilizó este operativo, los resultados serán un gran insumo para que Cuerpo Docente, Directivos, Supervisores y porque no padres y alumnos diseñen acciones que mejoren las situaciones de aprendizaje.
Crisis educativa en Santa Cruz
Ahora bien, lo que deberíamos preguntarnos, ya en nuestra jurisdicción, es cómo intentamos salir de la tragedia educativa (parafraseando a Etcheverry) que vive hoy Santa Cruz a partir de las infaustas políticas en Educación de un gobierno que lleva ya veintiséis años en el poder y que no demuestra signos de recuperación con personajes como funcionarios políticos que se repiten y que fueron funcionales a las políticas neoliberales del gobierno menemista.
Es repetitivo mencionar el déficit en materia edilicia, la falta de insumos básicos (fondos fijos, computadoras, libros, conexión a internet, etc.), pagos de becas escolares, que insistentemente hacen mención y denuncian los sindicatos docentes; llamativo por cierto, cuando en principio contamos con el presupuesto per cápita más alto del país, previéndose para el año que viene un total de 12.279 millones de pesos de presupuesto educativo, conforme surge de la Resolución 2674/16 del C.P.E.. Pero es preciso nombrar cuales son las “otras” demandas y cambios que necesita el sistema educativo.
Un gran problema y del que nadie habla por ser un tema antipático es la formación docente y, en este sentido, la pregunta es cuál es el rol de los Institutos de Nivel Superior. Tengamos en cuenta que a nivel nacional existen más de 1200 Institutos de Formación Docente y que los intentos del INFOD no alcanzan para resolver el problema que la descentralización genera.
La pregunta sería ¿Estos Institutos garantizan la calidad educativa requerida para trabajar de un modo significativo en los distintos niveles del sistema educativo? Luego de más de 30 años de intervención y solo por la lucha de los docentes de la institución se logró aplicar el Régimen Orgánico Marco que llevo a normalizar la conducción del IPES R.G. (Instituto Provincial de Educación Superior que funciona en el ex Colegio Nacional), tarea inconclusa ya que no ocurrió lo mismo en el Instituto Superior de Artes Visuales que funciona en el Conservatorio de Música ni tampoco en el IPES de Caleta Olivia.
Ni hablar de los concursos de titularización de los docentes de nivel superior que aún permanecen vacantes y de los cuales ni el Consejo ni los gremios han avanzado en las paritarias; o la revisión del acuerdo que actualmente legisla la valoración de nivel superior pensando en la posibilidad que sean valorados por la Junta de Clasificación y no al arbitrio de los colegas como actualmente sucede.
Por otra parte, no se ha aprobado ninguna normativa que organice la Educación Domiciliaria y Hospitalaria creada por Acuerdo en nuestra provincia en el año 2010 y de la que solo se conocen circulares. La “Nueva Educación Secundaria” recién culminará su etapa de implementación el año que viene donde se pondrá en vigencia el Diseño Curricular completo a partir de la incorporación de los nuevos espacios curriculares de 5° año. Es preciso mencionar que los equipos técnicos curriculares han sido desmantelados en el mes de marzo de este año y no existe actualmente un acompañamiento a la implementación del Diseño Curricular aprobado por Resolución N° 3553 en diciembre de 2015.
En este nivel se hace perentorio un estudio y análisis de la situación de la Supervisión Escolar, su distribución, su cambio de rol y sobre todo la normativa anquilosada que la regula. En esa misma línea es decisivo aprobar las misiones y funciones de los actores de la Educación Secundaria (docentes, directivos, auxiliares docentes, etc.) que aun hoy están regulados por un Decreto del año 1961. Basta un ejemplo para ilustrar esta situación: en Educación de Gestión Privada existen solo tres Supervisores (uno de inicial, uno de primaria y otro de Secundaria) para todas las instituciones de la provincia que tienen el asiento de sus funciones en esta capital provincial. ¿Es posible llevar adelante la tarea supervisiva con esta caótica situación? ¿No debería existir una supervisión única que supervise pública y privada por igual? ¿Qué lo impediría cuando el rol supervisivo es netamente pedagógico? En este marco, entiendo que concursos de oposición para cargos jerárquicos debiera ser la política a corto plazo. Es fundamental contar con equipos directivos formados y no como hasta ahora que fortuitamente por puntaje se llega a los cargos. En esta misma línea necesitamos contar con Supervisores sólidos académicamente que sepan acompañar los procesos que se desarrollan en el interior de las Instituciones.
Estas cuestiones planteadas aquí, las he manifestado anteriormente en mi rol de Supervisor en el mes de marzo en el encuentro provincial de supervisores que contó con la asistencia de todo el arco político de funcionarios de educación, y que tuvo la presencia del ex Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni. Asimismo, las he manifestado lo mismo en diferentes oportunidades; si bien todos coincidían con el diagnóstico, incluido el actual Presidente del Consejo, no se ha trabajo en esa línea lo que demuestra el grado de inacción de la actual conducción educativa.
La política educativa provincial vivió subordinada (¿por falta de ideas?) a la política educativa nacional. Santa Cruz consumió todos los planes y programas nacionales sin planificar políticas jurisdiccionales que marquen un rumbo y que estén subyugadas por una impronta propia.
La normativa continua sin actualizarse, los problemas año a año se repiten como un deja vu, el proyecto de acuerdo único de valoración coordinado en el 2010 junto al Vocal electo Javier Martinicorena y la Vocal por el ejecutivo Elsa Alonso, acompañado por el trabajo invalorable de toda la docencia aún espera ser aprobado, las actuaciones sumariales tienen una duración excesiva lo que produce inconvenientes en la dinámica escolar y perjudica tanto a la administración como a los propios colegas, no existe una política de formación profesional para incorporar la figura de Portero y Mayordomo como poseen otras jurisdicciones como Santa Fé, no se trabajó más en la recategorización de los colegios para adultos (EPJAS), el área de políticas socioeducativas continua sin planta orgánica funcional que le dé estabilidad a los equipos que de ella dependen como los de Educación Sexual Integral y Cabi, etc.; y ni hablar de los procesos de alfabetización en los primeros años de la educación primaria cuestión que necesitaría un análisis mucho más profundo.
Podríamos continuar nombrando las falencias que posee hoy lo que queda del derruido sistema educativo santacruceño pero entiendo que la mayor crisis se revela en el plano ético. Afirmo esto con el solo ejemplo de mencionar que en pleno conflicto docente y con más de cincuenta días de clases perdidos por paros y retenciones funcionarios políticos y el mismo presidente del Consejo Provincial de Educación estuvieron usufructuando licencias y paseando por el exterior. Me pregunto ¿Qué tan comprometido están estos funcionarios de mediana y alta línea del Consejo por la educación de nuestros hijos? A la corrupción naturalizada en estas tierras australes, debemos agregarle un cinismo sin límites donde todo se quiere justificar. Para pensarlo.
* Eduardo James: Profesor y Licenciado en Educación Física. Post-Grados en Flacso. Fue Vice-rector, Rector y Supervisor en la Escuela Secundaria. Vocal electo de Escuelas públicas en el C.P.E 2008/2012. Docente Jubilado del sistema educativo provincial. Mail: jamesconj@hotmail.com