Por Javier Stoessel.-
El Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz es un órgano exento de mecanismos de control externo y con cargos vitalicios. Los Diputados y los miembros del Ejecutivo pueden ser destituidos y denunciados ante el Poder Judicial y, en última instancia, los ciudadanos votan cada cuatro años.
Si, por ejemplo, supongamos que en Santa Cruz llegase a ocurrir que los Jueces no investigaran las denuncias de corrupción, o dejaran prescribir las causas por malversación de fondos; o solo avanzaran sus investigaciones contra los responsables secundarios omitiendo investigar a los responsables políticos; o dejaran en libertad a detenidos infraganti en delitos de abuso, o ejercieran violencia laboral contra sus empleados; o dictaran a sabiendas fallos contrarios a las leyes y la constitución que deben proteger; supongamos que esto ocurriese o al menos algún ciudadano sospechara legítimamente que algo así ocurrió, debiera poder denunciarlos y debiera abrirse un proceso de investigación contra los Jueces, y exigírseles que respondan a sus acusaciones.
El órgano que debe resolver esto es el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, integrado por un diputado, un miembro del Tribunal Superior, y un letrado del foro designado por sorteo (cfr. art. 129 Constitución Provincial).
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia impide la legal constitución del órgano que debe investigar a los jueces. El Tribunal Superior de Justicia, SE NIEGA A INTEGRAR CONFORME A DERECHO AL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, Y OMITE DESIGNAR AL LETRADO DEL FORO MEDIANTE EL SORTEO QUE PRESCRIBE LA LEY 28.
¿Ante qué órgano denunciamos esta situación? ¿ante el sector político que no es investigado? ¿ante la justicia que no investiga?.
Denunciamos hace unos días públicamente esta situación, sin respuesta alguna del Tribunal y sin que ningún sector político o social se preocupara mucho por el asunto y comprenda la relevancia del tema.
Iniciamos un proceso de amparo –el que hoy fue declarado formalmente admisible otorgando dos días el Tribunal para informar sobre lo acaecido-.
Sin embargo, al final del camino, será el mismo Tribunal Superior de Justicia quien Juzgue la legalidad de sus propios actos. Esto es una pequeña parte de la Justicia sin control, que ha sido parte necesaria del proceso de deterioro institucional que atraviesa Santa Cruz.
Sin mecanismos de control, es muy poco probable avanzar contra la corrupción.
*Presidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos.
Por Javier Stoessel.-
El Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz es un órgano exento de mecanismos de control externo y con cargos vitalicios. Los Diputados y los miembros del Ejecutivo pueden ser destituidos y denunciados ante el Poder Judicial y, en última instancia, los ciudadanos votan cada cuatro años.
Si, por ejemplo, supongamos que en Santa Cruz llegase a ocurrir que los Jueces no investigaran las denuncias de corrupción, o dejaran prescribir las causas por malversación de fondos; o solo avanzaran sus investigaciones contra los responsables secundarios omitiendo investigar a los responsables políticos; o dejaran en libertad a detenidos infraganti en delitos de abuso, o ejercieran violencia laboral contra sus empleados; o dictaran a sabiendas fallos contrarios a las leyes y la constitución que deben proteger; supongamos que esto ocurriese o al menos algún ciudadano sospechara legítimamente que algo así ocurrió, debiera poder denunciarlos y debiera abrirse un proceso de investigación contra los Jueces, y exigírseles que respondan a sus acusaciones.
El órgano que debe resolver esto es el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, integrado por un diputado, un miembro del Tribunal Superior, y un letrado del foro designado por sorteo (cfr. art. 129 Constitución Provincial).
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia impide la legal constitución del órgano que debe investigar a los jueces. El Tribunal Superior de Justicia, SE NIEGA A INTEGRAR CONFORME A DERECHO AL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, Y OMITE DESIGNAR AL LETRADO DEL FORO MEDIANTE EL SORTEO QUE PRESCRIBE LA LEY 28.
¿Ante qué órgano denunciamos esta situación? ¿ante el sector político que no es investigado? ¿ante la justicia que no investiga?.
Denunciamos hace unos días públicamente esta situación, sin respuesta alguna del Tribunal y sin que ningún sector político o social se preocupara mucho por el asunto y comprenda la relevancia del tema.
Iniciamos un proceso de amparo –el que hoy fue declarado formalmente admisible otorgando dos días el Tribunal para informar sobre lo acaecido-.
Sin embargo, al final del camino, será el mismo Tribunal Superior de Justicia quien Juzgue la legalidad de sus propios actos. Esto es una pequeña parte de la Justicia sin control, que ha sido parte necesaria del proceso de deterioro institucional que atraviesa Santa Cruz.
Sin mecanismos de control, es muy poco probable avanzar contra la corrupción.
*Presidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos.