SANTA CRUZ.- A través de una declaración que difundió hoy, le entidad señala que la jueza Cecilia López desconoce las recientes reformas al funcionamiento del órgano que elige y controla a los jueces. Exhortan a los Jueces y poderes públicos provinciales a obrar con apego a la ley y a la Constitución.

La Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos pone en conocimiento de los asociados y ciudadanos en general, del nuevo desvío y flagrante violación de la ley y la constitución, consecuencia de la medida cautelar ordenada por la Jueza de Familia Nro. 3 de Río Gallegos, Cecilia López; quien de modo arbitrario y carente de fundamentación, suspendió los artículos 6 y 12 de la Ley 3.910, recientemente aprobada y que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, a la vez que reestablece la vigencia parcial de la ley 2552 -derogada expresamente por la legislatura provincial.

Sostienen que con este proceder la jueza López, "pretende desconocer la designación por elección de sus pares como presidente del Consejo de la Dra. María Cristina Riera, representante de los abogados del Foro, y pretende restituir en el cargo al Dr. Mauricio Mariani, pese a que el nombrado había renunciado al cargo pocos días atrás -renuncia indeclinable que motivó la elección de nueva presidencia".

En su denuncia difundida públicamente, los abogados consideran que, "la medida fue adoptada en autos Barreto María Julia c/Estado Provincial S/medida cautelar Expte. 6648/2025 alegando modificación de condiciones del concurso, lo que palmariamente no es cierto, en tanto los jurados y reglamentaciones continuaban vigentes; advirtiéndose que el único efecto que puede alcanzar es mantener al Dr. Mariani en la presidencia en contra de la ley y del voto de sus pares".

Desde la Asociación de Abogados remarcan que no es la primera vez que el juzgado de Familia interviene en el funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial, "Este tipo de intervención ya ha sido ejecutada por este mismo Juzgado de Familia ante la puesta en marcha de la nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde también se suspendió su vigencia", recuerdan.

Resaltan "la gravedad institucional que representa el hecho de que sea el propio poder judicial quien mediante fallos arbitrarios suspenda reformas que hacen al mejoramiento del sistema de administración de justicia, actuaciones que sólo tienden a mantener el manejo de los mecanismos de acceso y control de la magistratura en manos de la cabeza del poder judicial; quedando excluidos del debate democrático y control republicano".

Desde la Asociación de Abogados destacan que, "la ley 3910 que derogó la ley 2552, fue propuesta por nuestra representante de los abogados, Dra. Riera, y producto de un amplio consenso de distintos sectores; respondiendo a las históricas críticas y quejas llevadas a cabo por nuestra asociación al proceso de selección de jueces en nuestra provincia, y busca otorgar al proceso transparencia, garantías de imparcialidad y posibilitar el control ciudadano".

Por último exhortan a los Jueces y poderes públicos provinciales a obrar con apego a la ley y a la Constitución.