SANTA CRUZ.- A raíz de la presentación de un recurso por parte de la Secretaría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (SENAF), el juez subrogante del Juzgado de Familia, Gabriel Contreras, revocó la decisión de la titular de ese juzgado, Rosa González, quien la semana pasada había dispuesto el archivo del expediente por considerar que en la casa Valdocco de Cañadón Seco no se vulneran los derechos de los chicos allí alojados.

La falta de documentación respecto de la autorización de los padres de chicos provenientes de Chaco, que viven en la casa de Cañadón Seco perteneciente a la fundación que lidera el cura Juan Carlos Molina, y la falta de escolarización de los mismos, son entre otras, las irregularidades denunciadas por el gobierno provincial que ahora deberán investigar los organismos pertinentes.

En la resolución fechada ayer, el juez Gabriel Contreras, hizo lugar al recurso de reposición interpuesto por la Secretaría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (SENAF), solicitando la no suspensión de las actuaciones vinculadas al caso.

Luego de considerar la razón que asiste al recurrente, el magistrado dispuso revocar el párrafo de la resolución de la jueza González que ordenaba, "Por todo lo expuesto, corresponde disponer el archivo de estas actuaciones, remitiendo a la OPIDNNA el total de lo actuado", con lo cual ahora el expediente retoma su cauce y deberá esclarecerse la situación de los niños, niñas y adolescentes que residen en la casa Valdocco.

El caso, que mantiene en vilo a la comunidad de Santa Cruz, se enmarca en los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 3062 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Cabe consignar que a la par del pedido del gobierno a la fundación para que remita la documentación pertinente sobre la situación de los chicos alojados en la casa de Cañadón Seco, la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, denunció a la Fundación por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública.

La acusación señala irregularidades en la rendición de fondos provenientes de las arcas provinciales, al tiempo que plantea dudas sobre el destino de los recursos y su impacto en los beneficiarios, en su mayoría niños y adolescentes de la comunidad wichí, trasladados desde Chaco para residir en Santa Cruz.

El gobierno provincial informó que "este fallo se encuentra en consonancia con el compromiso del Gobierno de Santa Cruz de garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en el marco del Sistema de Protección Integral de Derechos".

El Ejecutivo Provincial subraya que "la investigación en curso no busca atacar a ninguna institución ni desacreditar el trabajo legítimo de quienes verdaderamente velan por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes".

Destaca que "por el contrario, se trata de garantizar que los recursos públicos sean utilizados con transparencia y que las normativas vigentes sean cumplidas de manera plena y conforme a lo establecido".

“Estamos haciendo lo que tenemos que hacer", expresó el gobernador Claudio Vidal con relación al curso de la investigación, y agregó: "Esto no se trata de intereses políticos ni de ataques personales, sino de defender los derechos de quienes más lo necesitan: los niños”.