SANTA CRUZ.- Finalmente el Tribunal de Cuentas de la Provincia emitió el  fallo sobre las irregularidades detectadas en la Caja de Servicios entre 2010 y 2011, sociales, que en principio compromete a dos ex responsables del organismo, Luis Muñoz , y Fabio Vázquez, pero que de avanzar la investigación en manos de la jueza Marcela Quintana, podría alcanzar al ex interventor, Diego Robles.

La resolución del organismo de contralor halló pruebas suficientes que configuran el delito de "administración fraudulenta",  y dio traslado de las mismas a la jueza Quintana quien lleva adelante la causa a partir de la denuncia realizada en 2012 por el gremio de Judiciales ante el Juzgado de Instrucción Penal Nro 1 de Río Gallegos.

"Estimamos que la defraudación a la CSS supera los $ 1,500 millones de pesos”.

Uno de los denunciantes, Juan José Ortega,  recordó que "las pruebas que presentamos fueron contundentes", las que luego fueron ratificadas por la auditoria que hizo el Tribunal de Cuentas , "donde se advierten un sinnúmero de irregularidades, y  la masa presupuestaria de estas irregularidades asciende a 1.500 millones de pesos”, valoró el dirigente.

Los hechos denunciados

De las 9 cuentas habilitadas en 2011, una de ellas registraba un ingreso por 12 millones de pesos del Fondo General  proveniente del Ministerio de Economía por Aportes de los meses de mayo y junio de 2011. De ese dinero, 3 millones se destinaron a una cuenta corriente determinada como Fondos de Terceros (Nº 722.847/1), lo que hizo presumir a los auditores, que la operación podría tratarse de una “devolución”, de fondos que previamente se habrían utilizado de dicha cuenta.

La diputada provincial de la UCR Stela Maris Bubola, amplió la denuncia ante el Juzgado Nº 2 de Río Gallegos, contra los administradores de la obra social de los estatales, por violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real. Lo hizo a partir del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas que demuestra la comisión de varios delitos en el manejo de la Caja de Servicios Sociales.

Según esta denuncia, la CSS adeudaba a proveedores y prestadores al 09 de Abril de 2012 cerca de 200 millones de pesos, mientras que la deuda de los Municipios con la Obra Social por aportes personales y patronales, Coseguros y Voluntarios, al 10 de Diciembre de 2011 asciendía a la suma de $336 millones de pesos, y la deuda acumulada desde julio a noviembre de 2011, de los Organismos de la Administración Central, Organismos Descentralizados y Sociedades del Estado, alcanzaba los $416 millones de pesos.

Bubola denunció pagos para realización de Videos Institucionales, y cartelería,  sin que nunca se constatara la existencia de los mismos: “Lo llamativo es que en muchos casos los concursos de precios fueron realizados el mismo día que se hizo la adjudicación y el pago de los contratos respectivos, violando todas las normas. Hay muchos “tramites express” que nadie puede explicar”, manifestó la legisladora.

Pagos directos de publicidad en un solo més por un total de 299 mil pesos, sin que se haya podido conectar estos gastos con la necesidad de publicidad o propaganda del organismo.

El temor a que la causa prescriba motivó que en febrero de este año los judiciales denunciaran a la jueza Marcela Quintana, tras cuatro años sin avances en la causa. El pedido de juicio político presentado ante la Superintendencia del Tribunal Superior, nunca avanzó.

"El compromiso de prueba que tenemos y que hemos presentado es muy grande, esta Dra. no sé que espera que le demos la foto de Robles metiéndose la plata en el bolsillo, no  tenemos esa foto", ironizaba Ortega,

La dra Quintana, tiene en sus manos la resolución de una causa que para los denunciantes, "es emblemática", respecto del manejo discrecional de fondos públicos, en un organismo intervenido y manejado por el gobierno desde 1991.