LA NACION / MARIELA ARIAS / EL CALAFATE.- Otra vez, la justicia federal puso en la mira a la represa Cóndor Cliff, renombrada ahora Néstor Kirchner, y le requiere a la UTE que la construye, que informe el estado en que se encuentra la reformulación de la obra tras los desplazamientos de terreno registrados en 2019. El pedido al consorcio que integra Electroingeniería, de Gustavo Ferreyra, llega tras el fuerte sismo de 5.5 de magnitud que sacudió esta ciudad y alrededores el pasado 13 de octubre y las repetidas réplicas que se suceden desde entonces.

Ayer la Cámara Contencioso Administrativo Federal, sala 1, le dio a la UTE Represas Patagonia un plazo de veinte días para que informe sobre el estado actual del requerimiento formulado al “panel de expertos internacionales” en lo referente a la “solución de ingeniería” encomendada para la reubicación de las estructuras de hormigón para el desvío del río Santa Cruz y el vertedero de la Represa Cóndor Cliff y le solicitaron que acompañen una copia digital de los dictámenes o peritajes producidos en ese sentido.

En el fallo firmado por los jueces Clara María Do Pico, Rodolfo Facio y Liliana María Heiland también emplazan al Estado nacional a través de Secretaría de Energía a informar el avance de las represas que se realizan sobre el río Santa Cruz, en especial la renombrada como Néstor Kirchner cuyas obras se encuentran paralizadas desde 2019. Los jueces piden que el estado informe y documente si las obras serán reubicadas.

En el año 2018 se detectaron los primeros deslizamientos de suelos en las márgenes del río Santa Cruz en el sitio donde se está construyendo la represa  ahora renombrada  Néstor Kirchner, pero el hecho recién trascendió un año después por la prensa, lo cual obligó a la empresa estatal Integración Energética Argentina, Ieasa, a informar la situación y a posterior frenar la obra principal mientras se anunció el asesoramiento de un panel de expertos internacionales sobre la reformulación de la obra. Desde entonces la obra central está parada y solo se siguió con tareas menores.

A partir de entonces la coalición de ONG Río Santa Cruz Sin Represas, conformada por Aves Argentinas, Banco de Bosques, FARN y Vida Silvestre, presentaron una medida cautelar solicitando que se frene la obra, sin embargo el pedido no prosperó en primera instancia, y la decisión fue apelada, pero quedó demorada por la pandemia.

Sin embargo, los últimos incidentes sísmicos ocurridos en El Calafate tuvo ahora sus coletazos a 2600 km de aquí, en los tribunales que llevan adelante la causa y dieron lugar al pedido de los ambientalistas quienes, en la misma causa, reclamaron la falta de información sísmica en el área donde se construyen las obras.

“Seguir adelante con las obras cerrando los ojos frente a estas advertencias que surgen desde las entrañas de la tierra no es una opción. Ya no hay lugar para la indiferencia de las autoridades frente a los peligros, costos y sacrificios ligados a esta innecesaria mega obra hidroeléctrica”, dice en el escrito presentado por la Fundación Banco de Bosques en la causa donde, a través de sus abogados Daniel Sabsay y Cristian Fernández solicitaron el inmediato cese en la construcción de las represas.

Los tres jueces coinciden en el pedido de informes a los organismos especializados o entidades que eventualmente hayan participado y/o dictaminado en el asunto, “si se han autorizado nuevos movimientos de suelo u otras obras adicionales en la Represa Cóndor Cliff y si se ha dictado decisión en lo relativo a la reubicación mencionada, acompañando copia digital de los dictámenes, informes y actos que se hayan elaborado y/o dictado”.

Por su parte, en un fallo aparte, el juez Rodolfo Facio requiere al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Inpres, que en el plazo de 20 días, informe si los eventos sísmicos que ocurrieron el 13 y el 15 de octubre de 2021 afectaron las obras de aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz, en particular, en la Represa Cóndor Cliff. “En caso afirmativo, indique, en forma concreta y detallada, cuál fue el impacto de esos eventos sobre dichas obras”.

En mayo pasado el Inpres, ante el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, emitió un inquietante dictamen sobre los estudios técnicos realizados antes de la construcción de las represas, y aseguró que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica el análisis de las fallas geológicas sobre el río Santa Cruz. Además, consideró que los estudios realizados no son idóneos y reconoce que no hay información suficiente para considerar los posibles efectos sísmicos que podría generar la obra.

La presentación fue en la causa, en la que hace un año, el máximo tribunal, dio lugar a los planteos realizados en la causa por la Fundación Banco de Bosques, que intenta que se declaren la nulidad de los estudios de impacto ambiental y una medida cautelar para que se frenen las obras, causa que va en paralelo a la que ahora se expresó la Cámara Federal de Apelaciones.

El proyecto hidroeléctrico que avanza sobre el río Santa Cruz se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas. Fueron licitadas durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y ganó el consorcio conformado por China Gezhouba Group Limited-Electroingeniería SA e Hidrocuyo SA, pero luego fueron frenadas por una cautelar de la Corte y revisadas durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando además de rediseñar la potencia de las represas recuperaron sus nombres originales, Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado por cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente.

La causa que no presentaba novedades, ahora se reactivó tras el sismo de 5,5de magnitud que sacudió esta ciudad el 13 de octubre y dejó a la vista la falta de información sísmica que hay de la región patagónica por la carencia de estaciones en la zona. Tras el episodio, cuyo epicentro se registró a pocos kilómetros de esta ciudad, que desmoronó una montaña y resquebrajó la carpeta asfáltica de un puente, se instalaron ahora dos estaciones sismológicas temporarias en los alrededores de la ciudad que están conectadas en forma remota al Inpres, con sede en Santa Juan.

Desde entonces, una decena de sismos se empezaron a registrar en lo que se considera es, una región sísmica. En el observatorio de IEASA, donde se vuelca información de las obras bajo su órbita en todo el país, en el apartado sobre las represas, no hay información de la actividad sísmica registrada los últimos días de la región.

En agosto, el gobierno nacional amplió en $17.290 millones el presupuesto para obras hidroeléctricas en ejecución en el país, entre las cuales están las represas sobre el Río Santa Cruz. La inyección de fondos se dio en medio de inconvenientes económicos en la obra a raíz de que China había suspendido el envío de fondos para financiar la megaobra cuyo costo es de 4.700 millones de dólares.